En la tarde de hoy el ministro del Interior, Aníbal Fernández, vivirá su primer test. Participará de un control policial en Vicente López y así estrenará sus nuevas funciones: el Presidente decidió que la Secretaría de Seguridad pase de Justicia a Interior y dio instrucciones de profundizar la colaboración de las tres fuerzas federales con los bonaerenses de León Carlos Arslanian. Fernández tendrá la misión de reducir los delitos más graves en el Gran Buenos Aires, epicentro de los problemas de seguridad de la Argentina. Viene del entramado duhaldista, a tal punto que fue intendente de Quilmes, pero quiere volver a la provincia en el 2007 como candidato a gobernador. Una tarea imposible si antes no desarticula el costado más impresentable de aquel entramado que convirtió a la policía en una caja negra de la política. Una tarea que deberá sortear el test que en broma suele decir el propio Kirchner: “La política puede ser estrellarse o el estrellato”.
El pase del área de Seguridad de Justicia y Derechos Humanos a Interior lo había barajado Kirchner en su viaje a Venezuela de fin de julio, aquel en que el Presidente dejó Buenos Aires tras haber cambiado el jefe de la Policía Federal y volvió con la determinación de reemplazar también a Gustavo Beliz en el ministerio.
Un funcionario del Gobierno dijo anoche a Página/12 que cuando Kirchner, ya de regreso, le ofreció el cargo de Beliz a Horacio Rosatti escuchó un pedido del entonces procurador del Tesoro de quitarle a Justicia el área de Seguridad.
Kirchner no lo hizo en ese momento, pero designó en Seguridad a Alberto Iribarne, un dirigente político de llegada directa a su jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Así elevó el perfil político de Seguridad.
–¿Y ayer decidió bajar a Iribarne haciéndolo depender de Aníbal Fernández? –preguntó este diario a un miembro del Gobierno.
–No, Kirchner está conforme con Iribarne y con el buen diálogo de Iribarne y Arslanian.
–¿Por qué el paso a Interior?
–Porque es un destino lógico teniendo en cuenta la relación con las provincias.
–Y con la provincia. Con la provincia de Buenos Aires.
–Sí, claro. Hay que meterse en el Gran Buenos Aires. Meterse en serio.
La decisión terminó de tomarse ayer a la mañana. Kirchner lo habló con Fernández (Alberto) sabiendo que Fernández (Aníbal) tenía vocación de asumir el control de las fuerzas federales. Sin el núcleo de la negociación política ni la seguridad en sus manos, Interior se había convertido en un organismo especializado en piqueteros con una dosis de crisis provinciales como la de Santiago del Estero.
También hubo un llamado a Rosatti, que estaba trabajando en París, para informarle el traspaso, que se realiza justo antes de la movilización convocada por Juan Carlos Blumberg para la semana que viene. Una concentración que viene precedida por la sensibilización habitual que producen los temas de seguridad y el secuestro de Nicolás Garnil en San Isidro.
“Los progresistas no sólo tienen que hablar, tienen que hacerse cargo de las cosas, y con el Código Penal en la mano y respetando los derechos humanos”, dijo Kirchner según contó a Página/12 un colaborador suyo.
Ayer a la tarde el traspaso fructificó en una reunión cumbre de la que participaron, además de Kirchner, Fernández y Fernández, el número uno de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga, y el número dos, Francisco Larcher. También Esteban Righi, procurador y jefe de los fiscales.
“Si los delitos tienen que ver con el crimen organizado y con los secuestros, son delitos federales, y entonces es lógico mover a los fiscales federales”, fue la explicación oficial. “Van a estar muy activosy van a participar en operativos conjuntos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y los bonaerenses”, anunció un funcionario.
“Terminemos con este tema”, dijo Kirchner en la reunión grande. “Hagámonos cargo de los problemas de la provincia y avancemos.”
Según el Ejecutivo, en los últimos días habían vuelto las situaciones ríspidas con Felipe Solá, a quien el gobierno nacional no ve con las espaldas suficientes como para sustentar la política de Arslanian.
La paradoja es que Arslanian había mejorado su predisposición hacia el gobierno nacional luego del relevo de Beliz y de Norberto Quantín en Seguridad. Varias veces había dicho a funcionarios nacionales que no confiaba en ellos y que no se sentía cómodo para trabajar en conjunto.
En la reunión grande de la tarde también estuvieron el jefe de la Federal, Néstor Valleca; el de Gendarmería, Eduardo González, y el de Prefectura, Carlos Fernández.
Gendarmería y Prefectura ya están en la provincia de Buenos Aires, pero en lo que un funcionario definió como “operativos estancos”. La Gendarmería incluso fue desnaturalizada y convertida en una policía urbana más por el ex director de Control Operativo, el carapintada Antonio Zarabozo.
“El desafío ahora es pasar de los operativos estancos a los móviles, para meterse en el Gran Buenos Aires”, dijo.
En cuanto a la Federal, la novedad de los últimos tiempos es que por primera vez ensayó maniobras de colaboración con los bonaerenses sin que la convivencia terminase a los tiros.
El Gobierno confía en que los federales, a los que desde la última purga que terminó con Héctor Prados ven como verticalizados con el Ejecutivo, puedan actuar en la investigación de los delitos más complejos.
Un alto funcionario dijo a este diario que en los próximos días el equipo de Seguridad se completará con la elección del nuevo director de Inteligencia Criminal, un cargo que Beliz no llenó. Según la Ley de Inteligencia promulgada en el 2001, el director de Inteligencia Criminal tiene que supervisar a los equipos de inteligencia de la Policía, la Gendarmería y la Prefectura.
Según la ley, mientras la inteligencia se ocupa de las amenazas a la seguridad exterior e interior de la Nación, la inteligencia criminal se refiere “a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución nacional”.
Ya en pleno funcionamiento el número dos de Iribarne, Ricardo Colombo, el otro cargo clave que aún queda por cubrir es la secretaría ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, que con Quantín ocupaba Ignacio Rodríguez Varela.
“A la Dirección de Inteligencia y al Consejo irá gente comprometida con el respeto a las garantías individuales, conocimiento de la complejidad del delito, de buen diálogo con el equipo de Arslanian, capacidad de trabajo en equipo y por supuesto relación nula –más aún, sospecha nula– de relaciones con el crimen organizado, las bandas de la provincia o la corrupción en las fuerzas de seguridad”, definió anoche un alto funcionario.