El viernes, el matutino La Nación vaticinó el lanzamiento político del ingeniero Juan Carlos Blumberg, quien el jueves intentará colmar la plaza de los Dos Congresos con una movilización cuyos propósitos por ahora no se conocen, más allá del rechazo a la designación de María del Carmen Falbo como Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Además de sus públicas relaciones con el ex ministro de justicia rucufista Jorge Casanova, el ex viceministro de la dictadura Roberto Durrieu (h) y el camarista de San Isidro Fernando Maroto, Blumberg ha formado un equipo íntimo de colaboradores. Lo integran el cardiólogo Carlos Conti, la contadora Susana Indrunas, la directora médica de los laboratorios Bayer, Liliana Lemme, el abogado Gerardo Ingaramo, José María Staffa Morris y Adolfo Eugenio Goetz. El liderazgo opositor de centro-derecha que por distintas razones no consiguen ocupar ni la UCR, ni el hombre de negocios dudosos Mauricio Macri, ni el ex ministro Ricardo López Murphy, ni la ex diputada Elisa Carrió, ganaría así un nuevo fuerte aspirante.
Sólo el tiempo dirá si el empresario textil transpondrá el umbral que separa a un emergente social de una candidatura política o si la nueva coalición anunciada quedará sólo en una expresión de deseos del diario conducido por Claudio Escribano. Por ahora padece las mismas dudas que otros postulantes del mismo sector acerca de cuál es el distrito que debería privilegiar. Blumberg vive en la provincia de Buenos Aires pero lleva adelante su política en la Capital, sede de los tres poderes del Estado, aunque también ha recorrido el exterior en busca de proyección nacional. Ni siquiera se ha privado de los viajes al exterior y de la búsqueda de alianzas en ese plano, como la que sus hombres de confianza proyectan con el candidato presidencial pinochetista Joaquín Lavín.
Falbo fue aprobada por unanimidad del Senado bonaerense y por medio de un procedimiento que permitió presentar objeciones fundadas. Blumberg dejó pasar el plazo legal sin hacerlo (sólo se recibieron un puñado de críticas, contra centenares de adhesiones) pero se quejó luego, con argumentos endebles, como la supuesta responsabilidad de la funcionaria en la reforma procesal. Es cierto que Falbo la diseñó, pero no tuvo nada que ver con su implementación, en la cual la falta de recursos impidió que las fiscalías se hicieran cargo en serio de la investigación penal como está escrito en la ley, sin delegarla en la policía como ocurre desde hace dos siglos cualquiera sea el régimen legal. El reconocimiento de este déficit llegará en estos días con el incremento en más de un 20 por ciento del número de fiscales en toda la provincia. Pero aun este porcentaje será engañoso, ya que los nuevos fiscales se concentrarán en el Gran Buenos Aires, eje de la crisis de seguridad.
El pliego
En vísperas de la asunción presidencial, en mayo de 2003, Escribano escribió que “la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año”. Aquel artículo fue la secuela de una reunión privada en el departamento de Alberto Fernández en la que Escribano dijo que consideraba necesario imponer a Kirchner de lo que con pompa y ostentación llamó “los postulados básicos” de La Nación porque “seremos inflexibles en su defensa”. A continuación enumeró su pliego de condiciones, reminiscente de aquel que el ex dictador Alejandro Lanusse trató de imponerle a Juan D. Perón en 1972:
1. “La Argentina debe alinearse con los Estados Unidos. No son necesarias relaciones carnales, pero sí alineamiento incondicional”.
2. “No queremos que haya más revisiones sobre la lucha contra la subversión. Está a punto de salir un fallo de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Nos parece importante que el fallo salga y que el tema no vuelva a tratarse políticamente. Creemos necesaria una reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas en el contexto histórico en el que les tocó actuar”.
3. “No puede ser que no haya recibido a los empresarios. Están muy preocupados porque no han podido entrevistarse con usted”.
4. “Nos preocupa la posición argentina con respecto a Cuba, donde están ocurriendo terribles violaciones a los derechos humanos”.
5. “Es muy grave el problema de la inseguridad. Debe generarse un mejor sistema de control del delito y llevarse tranquilidad a las fuerzas del orden con medidas excepcionales de seguridad”.
Dos constataciones son obvias: Kirchner desairó cuatro de esas cinco exigencias y el pronóstico de Escribano falló, lo cual no quiere decir que el diario vaya a escatimar esfuerzos para que, aun retrasada, esa profecía se cumpla, sino todo lo contrario. Desde el acto del 24 de marzo en la Escuela de Mecánica de la Armada el reducido pero influyente sector social que expresa ese diario escogió un rumbo parecido al de los grandes medios venezolanos frente al presidente Hugo Chávez. No es ni siquiera novedoso: la misma polarización excluyente fue impulsada por la oligarquía argentina durante el primer gobierno de Juan Perón, hasta conseguir su derrocamiento por un golpe militar, hace 49 años, que inauguró un ciclo de violencia y fracaso nacional. Los aportes de Kirchner a esa polarización no son equivalentes a los de Perón (quien suprimió algunas de las libertades que el actual gobierno respeta) ni a los de Chávez, pero lejos de constituir un disuasivo, esto parece actuar como un estímulo. Mientras la economía siga creciendo y las grandes empresas realicen grandes ganancias, el tema principal será la seguridad y el orden público y Blumberg el ariete con el que intentarán abrir el rumbo que hiera al gobierno.
Seguro que no
Una semana es la movilización social, que entre la paleoizquierda pirómana y la derecha cavilosa intentan convertir en un problema de seguridad. Otra semana son los secuestros, que afectan a un sector social hacia el que los medios de comunicación manifiestan una especial sensibilidad, lo cual le confiere aptitud para modelar la opinión pública. Alguna semana serán ambos fenómenos al mismo tiempo. Lo que es seguro es que la crisis social y los efectos políticos de la inseguridad no abandonarán a Néstor Kirchner durante todo su mandato, por lo cual más que respuestas de ocasión ante cada nuevo caso sería inteligente que se planificara una acción de fondo, sostenible a lo largo de los años más allá de las contingencias, buenas o malas, de cada momento.
Desde Catamarca, Kirchner mostró una comprensión del fenómeno más amplia de la que tiende a predominar en la Capital Federal y el corredor satisfecho que arranca en sus barrios más prósperos, pasa por Vicente López, Olivos y San Isidro y llega a Pilar. “Trabajar por la vida también es buscar la igualdad; es buscar la justicia social; es buscar que los chicos puedan estudiar, que los padres puedan tener trabajo; es buscar la posibilidad de tener una Argentina que nos contenga a todos”, dijo. Además dispuso el traspaso al ministerio del Interior de la Secretaría de Seguridad Interior y la realización de operativos comunes de las fuerzas federales de seguridad, en coordinación con la Secretaría de Inteligencia. Este camino no difiere más que en detalles operativos (movilidad en vez de posiciones estáticas) del que ya siguieron el ex ministro Gustavo Beliz y el ex secretario Norberto Quantin. Su riesgo es desvirtuar el rol de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la SI. En una respuesta póstuma a las comisiones de seguridad del Congreso, Beliz dijo que no había creado la Dirección de Inteligencia Criminal que la ley de inteligencia nacional puso hace tres años en la órbita de la Secretaría de Seguridad Interior, porque la Secretaría de la Función Pública no había aprobado su estructura funcional. Los legisladores le preguntaron entonces al nuevo ministro Horacio Rosatti qué previsiones organizativas y presupuestarias ha hecho y qué necesidades evalúa. Rosatti fue relevado de esa responsabilidad antes de contestar la pregunta, que ahora compete a Aníbal Fernández.
Efectos colaterales
Más allá de la comprensible presión de los acontecimientos coyunturales (que implican vidas humanas en peligro y efectos políticos nocivos) antes de inventar nuevos diseños sería razonable poner en práctica los que contienen las leyes vigentes, como las de seguridad interior y de inteligencia, condensación de la experiencia de muchos años. La urgencia es, en este campo, enemiga de la eficacia y puede provocar efectos colaterales peligrosos. El gobierno ha dejado saber que por fin pondrá en funciones a la Dirección de Inteligencia Criminal, para la cual ha pensado en un funcionario judicial bonaerense que no ha vacilado en investigar a colegas de los tribunales y a altos jefes policiales por sus vínculos con el crimen organizado. También está pendiente la designación del Secretario del Consejo de Seguridad Interior, que es el órgano clave del sistema. Esa posición fue ofrecida a uno de los especialistas que elaboraron la ley de seguridad, pero su asunción está postergada porque el gobierno no ha resuelto todavía las cuestiones burocráticas necesarias para su pase desde el Poder Legislativo al Ejecutivo. Cuando estos cargos estén cubiertos, por primera vez desde la finalización de la dictadura se habrá intentado aplicar un completo marco normativo que los gobiernos anteriores despreciaron. Sería una apuesta a la coincidencia entre calidad institucional y eficacia.
Esto no quiere decir que no subsistan riesgos. El empleo de las fuerzas de seguridad en tareas de prevención urbana crea un vacío que hay interesados en llenar. Desde su refugio cisandino a salvo de la justicia, Carlos Menem reiteró su propuesta de emplear a las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, lo cual coincide con las expectativas del gobierno de los Estados Unidos. En noviembre, durante la reunión de ministros de Defensa que tendrá lugar en Quito, Washington reiterará su demanda de borrar la frontera que separa la Defensa Nacional de la Seguridad Interior, a la cual hasta ahora se han opuesto los países del ABC, Argentina, Brasil y Chile. Sólo si John F. Kerry ganara la presidencia en noviembre, sería posible (pero ni aun así probable) que Estados Unidos retrocediera en este amenazante proyecto.
En junio, el centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, el mismo ante el que Roger Noriega hizo sus comentarios críticos sobre el gobierno argentino que por orden presidencial hartaron al canciller Rafael Bielsa) convocó a un panel en Washington para discutir acerca de las nuevas amenazas a la seguridad en América Latina. Entre los asistentes estaba el encargado de la región en el Pentágono, Roger Pardo Maurer, quien negó que Estados Unidos se desentienda de América Latina. Por el contrario, dijo, el Consejo de Seguridad Nacional anunciará una nueva directiva (el National Public Diplomacy Document, NSPD 32), del cual hay varios párrafos secretos. Su base es “democracia, seguridad, prosperidad e inversión en la gente” (sic) y afirma el concepto de “soberanía efectiva”, según el cual los gobiernos deberían usar todos los instrumentos del poder nacional (incluyendo a las Fuerzas Armadas) para ejercer su soberanía en el territorio, con ayuda del gobierno y las Fuerzas Armadas y de seguridad de los Estados Unidos. Pardo Maurer enumeró entre las nuevas amenazas el terrorismo, las drogas, la pesca ilegal, los secuestros y la piratería. En el mismo panel, el director del Centro de Estudios sobre la Defensa Hemisférica, Richard Downie, agregó que el terrorismo, el crimen organizado, las drogas, el lavado de dinero se interrelacionan y requieren una respuesta coordinada. “Usan las mismas rutas. Si los terroristas quieren transportar una bomba sucia, usarán esas rutas efectivas.” Por eso postula un marco operativo común en centros de integración cívico militar, que permitan interactuar a sectores distintos, para lo cual la OEA podría proveer una autoridad legitimante.
Cuando Joy Olson, directora de la ONG Wola (Oficina de Washington para Latinoamérica) preguntó por qué si la amenaza es el delito la respuesta la exponen los expertos en Defensa, Pardo Maurer respondió en tono airado: “Dije que las amenazas son cada vez más fuertes. No podemos quedar presos de los fantasmas del pasado. Ni las Fuerzas Armadas, ni las policías, ni los gobiernos ni las amenazas son los mismos de entonces. Las cosas no se ajustan a las bonitas categorías burocráticas. Hace unas semanas salió un artículo absurdo en el New York Times. Todos estamos de acuerdo, pero ¿cómo se definen los roles policiales y militares cuando las bandas tienen lanzacohetes y minas y los narcotraficantes poseen más aviones que algunas Fuerzas Armadas? Necesitamos fortalecer la capacidad de las fuerzas policiales y de seguridad”. Agregó que “el Pentágono no está buscando una misión policial. Sólo se trata de unidad de esfuerzos y coordinación de capacidades. Los militares aportan ciertas capacidades para ayudar a la policía en su función”. Pasado mañana, el CSIS insistirá con un nuevo panel sobre “Relaciones militar-policiales en América Latina. Desafíos de la Cooperación en una nueva era para la seguridad”. Al invitar al panel el director del proyecto sudamericano del CSIS, Miguel Díaz, sostuvo que “la ola de violencia que hoy azota la región ha desatado un caluroso debate acerca de la cooperación que debería haber entre policías y militares. La solución que Latinoamérica dé a este problema no sólo tendrá impacto sobre la seguridad, sino también sobre el futuro de la economía y el bienestar político. En algunos países, la propia democracia puede estar en juego”.
Gestos y gestión
La policía sin armas y con placa identificatoria a la vista que custodió el ministerio de Trabajo y la Legislatura durante las movilizaciones del miércoles y el jueves constituye un avance que parece de la Argentina Año Verde y demuestra que es posible superar la contradicción entre gestos y gestión que caracterizó el primer año de gobierno. En demasiados temas una cosa es el enunciado, a cargo del presidente, y otra su aplicación práctica. El episodio del 16 de julio frente a la Legislatura precipitó el recambio ministerial. Gravedad algo menor (porque se trató sólo de palabras), pero en la misma línea de confusión, tuvieron las declaraciones ofensivas del ministro del Interior, Aníbal Fernández, hacia las personas que no consiguen empleo. Cuando aclaró que al único piquetero que se proponía correr con palas era a Raúl Castells el daño ya estaba hecho. La reiteración de errores ha contribuido a dar relieve a uno de los grupos piqueteros menos significativos, cosa que provocó el fastidio presidencial con su ministro y la pronta refutación del jefe de gabinete.
Lo mismo ocurrió ante el rápido oportunismo del gobernador bonaerense Felipe Es Felipe, quien no esperó a que se secara la tinta de la agresiva carta de Susana Chaia de Garnil contra el presidente para afirmar que los hechos de inseguridad que ocurren en su provincia se deben a la escasez de los recursos que aporta la Nación. La mujer intimó al presidente a responderle sólo con un número, el de años que consideraba que correspondería como pena a los secuestradores e hizo una alusión despectiva a la política oficial de derechos humanos. También el Congreso de la Nación y la Legislatura de la Ciudad reaccionaron en forma errónea, con un incremento de penas para delitos y contravenciones, que sólo agravarán el problema al añadir la presión de la falta de horizontes a la situación en las cárceles, cuyos vasos comunicantes con la calle estos expertos express se empeñan en ignorar. Esta confianza ingenua en la magia de las penas es uno de los primeros efectos de la irrupción en la política nacional del ingeniero Blumberg.