El color no había llegado a los diarios y por ello los principales retratos de la jura de la Constitución reformada en 1994 están en blanco y negro. No es eso lo que los convierte en un dato del pasado, en registro de archivo: el martes se cumplirán diez años y muchos de los que aparecen en la primera fila prestos a levantar sus manos y entregar el “sí juro”, son ya historia antigua. El vértigo de la monumental crisis económica y política los corrió de escena. Augusto Alasino, Raúl Alfonsín, Aldo Rico, Carlos Corach, Oraldo Britos y Carlos “Chacho” Alvarez son algunos de los dirigentes que ocupaban la primera fila de asientos aquel 24 de agosto del ’94 en el Palacio San José, en Entre Ríos. Esa Constituyente consagró la reelección de Carlos Menem en 1995, pero también dio cuerpo a una serie de reformas institucionales, precisamente las que bloquearon su re-reelección en 1999 y en el 2003, por la desaparición del Colegio Electoral, le impidieron llegar nuevamente a la Rosada. Varias son las iniciativas incorporadas a la nueva letra constitucional que todavía esperan su sanción legislativa.
La semana pasada se votó en la Cámara alta una nueva prórroga a la revisión de la legislación delegada, encomendada al Ejecutivo en la Constituyente del ’94. El primer plazo previsto estipulaba que esa tarea debía concluirse en cinco años. No es la única atrasada. El Congreso también está en mora con la constitución de la comisión bicameral que debe revisar los decretos de necesidad y urgencia firmados por el Presidente y consecuentemente, recomendar su aprobación o rechazo.
Los constituyentes del ’94 habían previsto que para el año ’96 debía sancionarse una nueva ley de Coparticipación Federal. Hasta la fecha la tarea no se concretó. En respuesta a algunas críticas formuladas por el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno logró que se aprobara una ley de Responsabilidad Fiscal. También está pendiente un marco regulatorio de los servicios públicos, tal como lo estableció el artículo 42 de la Constitución del ’94. El gobierno de Néstor Kirchner se comprometió a que el marco regulatorio llegaría al Congreso en el segundo semestre de este año.
El Juicio por Jurados es una iniciativa que figura en la Constitución de 1853. Fue ratificado en la reforma del ’94. El tema está siendo discutido en el Senado. La medida había sido incluida en la primera versión del Plan Estratégico de Seguridad.
La estructura institucional y el escenario político no volvieron a ser iguales luego de la reforma constitucional. El acuerdo previo a la convocatoria constituyente marcó a fuego al radicalismo y especialmente a Alfonsín. El Pacto de Olivos había comenzado a tomar cuerpo en casa de Dante Caputo. Allí, negociadores del peronismo y del radicalismo garabatearon el acta que refrendaron Alfonsín y Carlos Menem. El Pacto fue votado en Diputados primero y luego en el Senado, que lo modificó.
Fueron 90 días de sesiones en el Paraninfo de Santa Fe. Algunos políticos descollaron en esas discusiones y otros abandonaron el anonimato, como la entonces radical Elisa Carrió. También se hicieron notar la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner, el cordobés Juan Carlos Maqueda, el riojano Jorge Yoma, entre otros. La nueva Constitución entregó la elección directa del jefe de Gobierno porteño, la autonomía porteña, la figura del jefe de Gabinete, la elección directa de tres senadores por provincia, la creación del Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, nuevos derechos con rango constitucional. Para Alfonsín “se trata de una reforma progresista”.