La primera duda se resolverá a las siete en punto en el Congreso: cuántos. La segunda –después de hoy, qué– depende en parte de la primera, pero nada más que en parte, y no quedará develada solo por la manifestación de esta tarde. Es que, como sucedía al principio con los cacerolazos, cada uno de los participantes en la tercera marcha convocada por Juan Carlos Blumberg tendrá su propia consigna individual. Pero, a diferencia de los cacerolazos, la movilización no se producirá en medio de una crisis política y la recesión como en el 2001, sino con la economía en crecimiento y un presidente fuerte.
Al revés de la primera marcha, donde había un petitorio con medidas concretas, que Blumberg definía como soluciones muy sencillas, esta vez la concentración parece estar destinada a canalizar estados de ánimo.
Hay una reivindicación con nombre y apellido, el cuestionamiento a la designación de María del Carmen Falbo como jefa de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Falbo es una abogada que descree del aumento de penas como solución mágica y por eso chocó con Blumberg cuando era diputada. Pero la carta enviada por Blumberg al gobernador Felipe Solá tuvo la astucia política de esquivar la discusión sobre el pensamiento jurídico de Falbo. Habla de “favoritismo”, con lo cual pega en el punto débil de la nueva procuradora en términos de la situación desastrosa de la Justicia bonaerense: su enrolamiento con Eduardo Duhalde.
Y hay un reclamo sin nombre y apellido, que puede aparecer con fuerza en el discurso que pronuncie Blumberg, la baja de imputabilidad penal a los menores. El Congreso avanzó en el endurecimiento de penas tal como pidió la primera marcha y también en el juicio por jurados, que impulsan en simultáneo los funcionarios de centroizquierda del propio Gobierno, pero no produjo un nuevo régimen para los menores. La discusión es entre dos posturas. Por un lado, la de quienes confían en un sistema que les permita no solo ser acusados cuando son menores sino también defenderse. Por otro lado, la de quienes sostienen que en un país con la crisis social de la Argentina, que además tiene institutos de menores en situación de emergencia, bajar la imputabilidad solo significará la necesidad de construir más cárceles.
¿Será fuerte en la marcha el pedido de eliminar las listas-sábana? En verdad los más cuestionados son los conocidos, no los ignorados, y si no véase el caso del diputado Carlos Ruckauf, pero el reclamo de eliminación sintoniza con una vertiente de rechazo a los dirigentes políticos. No importa lo que pase en la práctica. No interesa que el mayor caso de corrupción haya sucedido en el Senado, donde se votan dos por la mayoría y uno por la minoría. La oposición a la lista sábana es un símbolo. Un sobreentendido más elegante que decir “todos los políticos son chorros” o “se la llevan con pala”.
Blumberg también quiere formar el FBI argentino, una propuesta que fue elaborada por Gustavo Beliz cuando era ministro y que estaba acompañada por la idea de una “fuerza de paz” que se convertiría en una cuarta fuerza federal de seguridad, junto a la Policía, la Prefectura y la Gendarmería. El Gobierno la abandonó de hecho porque eligió una vía más práctica. Consistió en verticalizar a la primera para evitar que terminase en una nueva Bonaerense, apoyar la coordinación entre las tres y ponerlas a su vez en colaboración con los efectivos del ministro de Seguridad de la provincia, León Carlos Arslanian, quien nunca ocultó su desacuerdo con Blumberg. Los funcionarios del Ejecutivo sostienen que con ese nivel de coordinación, más la puesta en funcionamiento del Consejo de Seguridad Interior y la Dirección de Inteligencia Criminal, se habrá formado un aparato federal suficientemente fuerte como para investigar delitos que van desde el secuestro extorsivo hasta el crimen organizado o el contrabando en gran escala, franjas vinculadas por el dinero negro y a veces por las cajas ocultas de financiamiento de la política. “No somos de izquierda o de derecha, no tenemos color político o partidismo, porque somos la mayoría silenciosa de los argentinos que quiere una Argentina distinta”, dice con vaguedad el manifiesto de la Cruzada Axel. En algún momento el propio Blumberg le puso contenido, como cuando sospechó que el adolescente Sebastián Bordón pudo haber sido culpable de su propio asesinato. Pero en los últimos días el padre del asesinado Axel Blumberg parece haber elegido un papel de canalizador de reclamos e incluso limó aristas con el Presidente Néstor Kirchner. “El Presidente dijo basta de maquillaje e ineficacia y resolvamos el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”, elogió por ejemplo el blumberguista Fernando Marotto. “Con esta decisión virtualmente intervino su territorio”, se alegró.
“Estoy de acuerdo con el reclamo de una mayor seguridad ciudadana que expresa la convocatoria del señor Blumberg”, dijo el presidente del radicalismo, Angel Rozas, que aclaró no compartir algunas de sus iniciativas.
Ricardo López Murphy, dirigente máximo de Recrear, dijo que la marcha será “un mensaje a las autoridades” y expresó que es un reconocimiento de que la seguridad está al tope de la agenda de los argentinos. La familia López Murphy tiene una agencia privada de seguridad, Loar SA, y fue el candidato que en la campaña pidió bajar la imputabilidad a los 14 con el argumento de que en el Irak de Saddam Hussein era de 9 años.
Una especulación posible es que López Murphy haya percibido que a la marcha irán también muchos que se oponen a Kirchner desde la derecha del Gobierno, o desde el antiperonismo tradicional, y que puede ser rentable su presencia para cosechar popularidad.
Uno de los enigmas futuros, si es que la ola Blumberg vuelve a crecer, es si se constituirá en un desafío para el Gobierno como si fuera un correctivo conservador permanente del centroizquierdismo de Kirchner.
Si esto es así, el riesgo para el Gobierno es bajar su nivel de popularidad en una parte de la clase media porteña y del primer cordón del conurbano.
Pero la situación actual argentina es que, aunque Kirchner descienda, otros no ascienden a niveles decisivos. Ni siquiera Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ricardo López Murphy.
Si ya el paquete de seguridad no cambiará después de la marcha, al contrario de lo que pasó en la primera, porque Kirchner apostó a verticalizar y coordinar pero no a la represión de los piqueteros ni a quitar garantías procesales, las encrucijadas de hoy son solo políticas.