El juez federal Claudio Bonadío convocó a prestar declaración indagatoria a los tres imputados de haber ofrecido sin éxito una coima al dirigente piquetero Luis D’Elía para que gestionara la continuidad del contrato de una prestadora privada, VAB UTE, con el PAMI. Se trata del empresario Horacio Pisano, propietario de Angiocor S.R.L., y de José María Ferreira y Hugo Spaltro, que se acercaron a D’Elía en nombre del consorcio de empresas médicas. Los tres imputados declararán el martes próximo en el juzgado de Comodoro Py. Bonadío tendrá diez días para decidir si los procesa o los deja en libertad por falta de mérito: también deberá definir si las imágenes de la cámara oculta del programa son incorporadas como prueba. Entretanto, por orden de Graciela Ocaña, el PAMI rescindió el convenio con VAB UTE –que sumaba casi 4 millones de pesos mensuales– y suspendió a las tres empresas que integran la sociedad.
La decisión de Bonadío se produjo al término de una semana en la que declararon Ocaña y D’Elía. También había pasado por el juzgado una de las productoras del programa. La causa es muy reciente porque el intento de soborno se difundió el 18 de agosto. Ese día se vieron por televisión las imágenes de la cámara oculta que mostraban a Pisano, al ex dirigente radical Spaltro y al dirigente sindical docente Ferreira ofreciéndole a D’Elía 300 mil pesos por mes. A cambio, el piquetero debía interceder ante Ocaña para que renovara el contrato con VAB UTE. El líder de la FTV no aceptó la coima y decidió grabar in fraganti a sus interlocutores. Tras la grabación, denunció el hecho a la Justicia.
El punto central de la causa es definir si las imágenes de la cámara oculta se pueden aceptar como prueba. El dirigente de la FTV también hizo desgrabar las charlas con Spaltro, Ferreira y Pisano y certificó su contenido con un escribano. Mientras se resuelve este tema –las partes aún no se han presentado para dar su opinión–, el PAMI ya tomó algunas decisiones con relación a Angiocor y VAB UTE. Por un lado, se presentó en el expediente a través del abogado Gustavo Bobbio, un penalista que llegó a la obra social de la mano de Ocaña. Y en materia administrativa decidió rescindir el contrato con VAB UTE y suspendió del listado de prestadores del instituto a las tres empresas que forman el consorcio: VVP S.A., Biotec S.A. y Angiocor S.R.L.
La suspensión se mantendrá efectiva hasta que se resuelva la situación judicial de los imputados. Esto supone que la unión transitoria de empresas dejará de trabajar para el PAMI, lo que implica, claro, un perjuicio económico: en diciembre de 2002, el consorcio firmó un contrato a 1,35 peso por afiliado sobre una población de 3.100.000 beneficiarios. Ocaña redujo el monto de la cápita –la cifra que se paga por jubilado– de 1,35 a 1,18 peso. A pesar del recorte, de una simple cuenta se desprende que el presupuesto mensual que manejaba la UTE rozaba los cuatro millones de pesos. Ese era el valor que recibía por proveer prótesis cardiológicas, ortopédicas, de traumatología, neurocirugía, oftalmología y cirugía general para los jubilados de la región metropolitana.
Al poco tiempo de la gestión de Ocaña, el sanitarista Carlos Nicolini fue nombrado en la gerencia de prestaciones médicas. Es un cargo clave porque desde ahí se supervisa el cumplimiento de los contratos por parte de los prestadores y la calidad de los servicios que se prestan. Nicolini llegó a su puesto con un equipo de gente de confianza, entre ellos el subgerente de insumos médicos, Jorge Selser. Una vez en funciones, descubrieron, entre otras cosas, que en distintos sectores del PAMI habían “carpetas y carpetas” de quejas y denuncias contra VAB UTE. “No cumplían con las prestaciones y en muchos casos no entregaban en tiempo y forma las prótesis”, contó a Página/12 uno de los directivos del área.
Desde ese momento, las autoridades del PAMI decidieron no renovar el convenio con el consorcio de prestadores, según relataron a este diario los funcionarios de la obra social. La renovación del contrato por un año más estaba pendiente desde hace meses. La difusión por TV del intento de coima reforzó la determinación de no contratar más al grupo de empresas. Hace pocos días, el PAMI envió los telegramas al asesor letrado de VAB UTE y a las tres empresas que lo componen. Casi simultáneamente se realizó una reunión de los gerentes de la obra social que tenían a su cargo el tema. Uno de los participantes comprobó que tenía su celular pinchado: escuchó un mensaje grabado con su voz hablando en esa charla. También hubo intimidaciones más explícitas: uno de los colaboradores del subgerente Selser –jefe de cirugía de columna vertebral del Hospital Argerich– escuchó lo siguiente: “Ese turro ya va a ver lo que le va a pasar”.