Sería plausible que Juan Carlos Blumberg presentara candidatura en la renovación legislativa del próximo año. De ese modo, daría la oportunidad a sus seguidores para practicar sus buenos consejos (“nuestro poder es el voto”) y mostraría ante la sociedad la envergadura real de su representatividad. Sin contar que podría defender en persona los proyectos que hoy enarbola en la calle y actuar como una conciencia despierta en el recinto legislativo. No haría falta que se sume a ningún partido existente, ya que los recursos y la adhesión que exhibe parecen suficientes para organizar una nueva fuerza vecinal metropolitana. En definitiva, elevaría su actual compromiso cívico a un nivel institucional más alto en la convivencia democrática. Mientras tanto, es irreprochable el ejercicio activo del derecho constitucional de petición o que, para hacerlo, gane las calles con mítines y marchas. En la democracia, las formas legítimas de participación ciudadana no están reservadas en exclusividad para nadie, aunque su actividad pueda perturbar el derecho al tránsito de otros sectores de la misma sociedad.
Lo que no pueden considerar Blumberg y sus adherentes, sin incurrir en grave incoherencia, es que los cortes de calles son buenos o malos según los modales o el origen social de quienes los realizan. Para decirlo más clarito: tienen el mismo derecho los piqueteros o cualquier otra parcialidad del movimiento social. En cuanto a su relación con las normas legales, si las Madres de Plaza de Mayo aceptaban las ordenanzas de la dictadura, jamás hubieran empezado sus rondas de los jueves. Dicho esto en relación con las protestas de los dogmáticos de la aplicación de los reglamentos vigentes, ya que la validez de las leyes depende también del consenso social que las justifica y por eso están siempre sujetas a revisión, incluso la Constitución nacional, máximo orden jurídico de la República.
Por cierto, el sector del que emerge Blumberg, por muy grande que sea su tragedia individual, es una parcialidad, una minoría social, según pudo observarse anteanoche con toda claridad, con el beneficio adicional de una repercusión mediática que otras minorías no tienen. Ni siquiera los más importantes actos de gobierno han merecido la transmisión en cadena voluntaria de los canales de aire, como sucedió con la concentración en Plaza del Congreso. Esa concordancia, sumada a otros actos y discursos de la Fundación Axel, ha alimentado las suspicacias acerca de la relación que pudiera tener con elementos o pensamientos de cuño conservador. En la pluralidad democrática, ubicarse a la derecha del arco político-ideológico es una opción abierta para cualquiera, aunque es habitual que los miembros de esa tendencia nieguen la pertenencia aduciendo que su filiación es de centro. De ser posible centroizquierda, tampoco izquierda neta, queda elegante y prestigioso. Hay ciertos requisitos, sin embargo, que permiten separar la paja del trigo.
Es el caso de la posición que se adopte sobre el movimiento social que defiende los derechos humanos. Más allá de las opiniones críticas acerca de personalidades o conductas específicas y coyunturales, que pueden ser válidas en todo momento, la descalificación global del movimiento es un argumento típico de la derecha, en particular de los que pretenden justificar o comprender el terrorismo de Estado. Pues bien, cada vez que puede, Blumberg injuria a los defensores de derechos humanos, como lo hizo en su discurso de anteanoche cuando afirmó que tales derechos valen para los delincuentes y no para la clase de ciudadanos que lo rodeaban. Aseguró, además, que nadie del movimiento se acercó a él después del asesinato de su hijo Axel, dato que ya desmintió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A esta altura es redundante dar explicaciones sobre los méritos acumulados por los defensores de los derechos humanos, porque las evidencias están al alcance de la comprensión de cualquier persona decente que observe la historia contemporánea sin prejuicios ideológicos. Todavía más: la Fundación Axel no tendría la chance de expresarse con la libertad que lo hace si no hubiera existido desde mucho antes, entre otros factores, la paciente y tenaz lucha bajo la bandera de los derechos humanos, por la verdad y la justicia. Sólo por error, con o sin malicia, puede alguien afirmar que hay dolores virtuosos por su antigüedad o que exista rivalidad alguna entre el pasado y el presente. Eso no significa que las diferencias ideológicas tengan que desvanecerse en nombre de ninguna particularidad trágica, aunque todas merezcan cuando menos la compasión de los demás.
El debate de ideas es un derecho y un deber de la libertad, así como es comprensible que cada uno pretenda convencer a los conciudadanos de las razones que lo asisten. En esa puja, el Gobierno puede asumir una parcialidad, la que se acomode con su pensamiento, y considerar adversarios a los otros. De lo contrario, si todos pensaran con la misma universalidad, sería en vano la competencia por el poder. El autoritarismo aparece cuando el gobierno, transitorio por definición de su mandato, auspicia el pensamiento único y en el disenso sólo distingue o imagina conspiraciones secretas cargadas de inaceptable hostilidad, porque su mismo carácter clandestino las vuelve contradictorias con la transparencia, aun en la rivalidad frontal, que demanda la condición democrática. Por lo demás, sólo una desmesurada arrogancia puede hacer pensar al Gobierno o a sus demandantes que son dueños excluyentes de la verdad positiva.
El Estado, en cambio, tiene la obligación de contemplar la realidad en todas sus dimensiones. Es alentador que las autoridades se preocupen por dar explicaciones a los sectores sociales que demandan legítimas peticiones, siempre y cuando esa misma atención sea dispensada a los ciudadanos sin ninguna discriminación. Anteanoche, por ejemplo, mientras algunos miles, no importa especular sobre el número exacto, de origen social medio y alto se reunían alrededor del Congreso, en un basural bonaerense 350 vecinos que escarbaban los residuos recién descargados eran disueltos a balazos por la policía. Fue malherido un muchacho de 16 años, con un tiro por la espalda, un Axel pobrísimo. Es probable que el gobernador Felipe Solá haya sido informado cuando terminó de atender a Blumberg, pero hasta la hora de cerrar este comentario no se conocía información oficial acerca de alguna entrevista que pudiera haber sido concedida a los padres del asesinado en el basural por la injusticia. En esas diferencias hacen su nido malandras de toda laya y sería más que auspicioso que los ciudadanos preocupados por la seguridad de sus hijos o la propia pudieran extender ese sentimiento hacia los que sufren sin que nadie los atienda.