“La seguridad es un reclamo legítimo, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar por la coyuntura. No importa que hoy haya diez o cien en contra, nosotros vamos a profundizar la política de derechos humanos”, aseguró el presidente Néstor Kirchner. La frase fue pronunciada en su propio despacho, en una reunión con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e hijos de desaparecidos. El encuentro se produjo a raíz de la promulgación de la ley de indemnización para los menores que fueron víctimas de la última dictadura, pero fue también la respuesta a Juan Carlos Blumberg por las críticas a “los que defienden los derechos humanos de los delincuentes”.
En la antesala del despacho presidencial, donde Madres, Abuelas e hijos de desaparecidos esperaban para entrar a la reunión y se sucedían los funcionarios que salían de o aguardaban para ver al Presidente, el tema de la marcha convocada por Blumberg monopolizó la conversación. Ninguno de los que estaba allí había concurrido, pero muchos habían seguido los avatares del acto con atención. Para ellos, la alusión a “los derechos humanos de los delincuentes” resonaba al “por algo será” de los años ’70. En ambos casos se criminaliza al desaparecido o, en general, a las víctimas de delitos cometidos desde el Estado.
En el encuentro con los organismos de derechos humanos participaron, además del Presidente, varios integrantes del gabinete. Estaban el jefe de ministros, Alberto Fernández; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el director de Programas y Acciones de Gobierno, Rodolfo Ojea Quintana, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y su segundo Rodolfo Mattarollo.
Las Madres y Abuelas –unas diez en total– se sentaron en los sillones de cuero claro con el escudo nacional estampado en dorado que estaban alrededor de una mesa ovalada de madera maciza. Los más jóvenes, que sumaban otros diez, se pararon detrás de esa ronda. En el fondo quedaban el escritorio del Presidente, con sus papeles y su computadora y la bandera argentina.
Después de una entrada fugaz de fotógrafos, la primera en hablar fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, quien agradeció la ley que beneficia a los chicos que fueron apropiados, los que nacieron en cautiverio o los que estuvieron desaparecidos o presos (ver aparte). “Es una reparación del Estado por lo que hizo el Estado terrorista, pero no es sólo para los chicos, es una reparación social”, afirmó.
Habían pasado catorce horas de la afrenta de Blumberg a los organismos de derechos humanos. El apellido del padre de Axel flotaba en el ambiente. El Presidente no esperó para nombrarlo sin nombrarlo. Afirmó que el reclamo de seguridad era legítimo pero que el Gobierno no se iba a dejar llevar por la coyuntura. Y repitió varias veces que su intención era “profundizar la política de derechos humanos” porque esa era la única manera de construir una sociedad democrática y en paz. A lo mismo se refirió Duhalde cuando ante los periodistas afirmó que no puede haber seguridad sin derechos humanos. La reunión con las Madres, Abuelas e hijos de desaparecidos ya era de por sí un gesto de respuesta a Blumberg. Pero las palabras fueron más que una señal.
Durante el encuentro también se mencionó el reciente fallo de la Corte Suprema en el que se afirmó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Hubo coincidencia en que significaba una señal del camino que iba a tomar el tribunal en el esperado pronunciamiento sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aprovechó la audiencia para pedirle a Kirchner que se ocupe de la situación de las comunidades aborígenes, sobre todo las que viven en Salta, territorio de Juan Carlos Romero. “Venden la patria, ¿quién autorizó a los gobernadores a vender nuestro territorio?”, se preguntó. El Presidente dijo que estaba interesado en el tema pero que a veces era difícil resolver esosconflictos cuando entraban en órbita de la Justicia. La conversación se volcó entonces hacia el rol de los jueces y el Presidente se refirió a otro hecho ocurrido el jueves. “Pensar que un juez como (Adolfo) Vázquez está en la Corte Suprema”, dijo fustigando al ministro menemista que afronta un juicio político y –después de denunciar que había sufrido un atentado– intentó tramitar su asilo político en Uruguay. “Hasta (Jorge) Batlle lo rechazó”, afirmó Kirchner, y subrayó el hasta.
Hubo también un pedido para agilizar la desocupación del Olimpo, donde funcionó un centro clandestino de detención y todavía hay una planta de verificación de automotores de la Policía Federal y de aceitar los mecanismos de funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Después de la actualización de los temas realizados y por hacer en materia de derechos humanos, hablaron los hijos de desaparecidos presentes. Las palabras de los jóvenes fueron reconfortantes para Kirchner. “Hasta ahora nunca me sentí protegida por el Estado. Sentía que me podía cruzar en la calle con los asesinos de mis padres, porque si nadie es culpable todos son culpables. No tenía interés en vivir en este país, pero desde que se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eso cambió”, dijo María Sfiligoy (Jotar Britos). Ella y su hermana fueron las primeras nietas que recuperó Abuelas en 1980.
El siguiente en hablar fue Juan Cabandié, el joven que pronunció un discurso en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el 24 de marzo pasado, cuando acababa de recuperar su identidad. Agradeció por ese acto y contó que hace quince días estuvo en lo que fue el principal centro clandestino de la Armada para conocer el lugar donde nació. “Todavía quedan 400 chicos que encontrar y eso nos tiene que doler”, afirmó. El jefe de Gabinete aprovechó para decirle que consideraba que su discurso había sido algo “muy importante para la sociedad argentina”.
La mención del acto en la ESMA hizo que miembros del Gobierno y los representantes de los organismos de derechos humanos coincidieran también en marcar esa fecha como el principio de una reacción de sectores que no están precisamente interesados en recordar ni juzgar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
Después vino la rueda de prensa en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno, donde los cuadros de Carpani reemplazaron a los óleos históricos del despacho de Kir- chner, aunque allí, para contrastar, también había en un rincón dos pingüinos de madera (uno con una banda presidencial).
En la conferencia de prensa tampoco se pudo eludir a Blumberg. Carlotto volvió a criticarlo, al describirlo como “una persona que se erige en el sabio de la tribu diciendo lo que hay que hacer”. Recordó que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aclaró que es mentira que ningún organismo de derechos humanos se hubiera comunicado con él luego del asesinato de su hijo (ver aparte) pero dijo que el resto no hizo más que “responder agravios”. “Divide, excluye. Nosotros entendemos y respetamos lo que es la pérdida de un hijo pero cuando no se nos respeta hay que salir al cruce. Nosotras arrastramos 27 años de lucha y dolor y lo hicimos con respeto y sin agravios. Merecemos el mismo proceder. Lamentamos mucho que este señor se equivoque tanto, que establezca diferencias entre víctimas”, concluyó.