El Gobierno está convencido de que la desazón que produjo la sentencia en el juicio sobre el atentado a la AMIA no lo salpica ni lo debilita. Al mismo tiempo, sus principales integrantes no se hacen muchas ilusiones acerca de las acciones judiciales que se han de iniciar investigando la responsabilidad de importantes funcionarios de la gestión del presidente Carlos Menem. Es muy difícil que haya justicia, piensan. Pero afirman estar dispuestos a que se investiguen “las responsabilidades políticas”. Para eso se está analizando, a nivel de Jefatura de Gabinete de Ministros, la formación de una comisión independiente, formada por distintos integrantes (todos prestigiosos) de la sociedad civil. Se la piensa autónoma del poder político y con amplias facultades. No tiene nombre aún, pero en el primer piso de la Rosada, a cuenta de una decisión más precisa, se la viene designando como la “Conadep de la AMIA”.
El proyecto, adelantado en exclusiva hace más de un mes por Página/12, comenzó a zarandearse cuando se produjo el blooper oficial de los casetes referidos al atentado. El presidente Néstor Kirchner se entusiasmó con la idea, como un modo de ratificar la voluntad de su gestión de instar la búsqueda de la verdad referida al feroz atentado.
La decisión dictada anteayer por el Tribunal Oral Nº 3 reavivó el interés en el proyecto del que sólo se conocen los lineamientos generales. En la Casa Rosada se recibió de buen grado la noticia del comienzo de acciones legales contra el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy. Pero en general no se cree que, a tanto tiempo vista del supuesto encubrimiento, existan buenas posibilidades de probarlo judicialmente. La posibilidad de que las responsabilidades se diluyan, con la consiguiente frustración colectiva, preocupa al Presidente quien imagina (si no como solución, como paliativo) que una comisión independiente e insospechada devele, al menos, la trama política de las responsabilidades previas y (sobre todo) ulteriores al atentado ocurrido en Pasteur 633. Como su precursora, la Conadep de la AMIA se imagina formada por figuras independientes y de reconocida reputación, acaso sacerdotes de variados credos, periodistas afamados. Y ciertamente un cupo alto de integrantes de la colectividad judía.
La respuesta oficial, aseguran voces muy cercanas al Presidente y al jefe de Gabinete Alberto Fernández, no es consecuencia de sentirse en falta o debilitado tras el fallo en el juicio sobre el atentado a la AMIA. Ninguna de sus dos caras, la absolución de todos los acusados y la imputación de graves responsabilidades institucionales, roza al Gobierno según su propio ver. Es claro que ambas pueden dejar en muchas personas del común el acre sabor de la impunidad, con los consiguientes costos para el sistema político. En la Casa Rosada están convencidos de que es así, pero también calculan que la gestión K queda del todo exenta de ese desprestigio, que afecta al menemismo, al duhaldismo, a la Alianza, al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. El reparto de los costos, leído desde Balcarce 50, es (como casi todo en la Argentina) muy, muy desigual.
Al fin y al cabo, postula un secretario de Estado con despacho en la Rosada y diálogo intenso con Kirchner, lo que hizo la sentencia del Tribunal Oral fue desnudar al enemigo dilecto del Gobierno, el menemismo. “El menemismo fue más que una coalición transitoria, fue una cultura de impunidad y desaprensión y esta investigación lo puso de manifiesto”, historiza el hombre y, ya que está, prorratea costos. “Tanto que sus conductas se continuaron en otros gobiernos.” Y reseña. “La SIDE fue encubridora con Hugo Anzorreguy pero también con (el aliancista Fernando de) Santibañes, con (el duhaldista Carlos ‘Gringo’) Soria y con el (menemista y también duhaldista Miguel Angel) Toma”, prorratea.
Mirándose al espejo, el kirchnerismo se lee diferente. “Nosotros fuimos quienes levantamos el secreto de la documentación de la SIDE y ordenamos testimoniar a los integrantes de los servicios.” “La olla de la impunidad se destapó gracias a estas decisiones”, pondera un ministro que también atiende en Balcarce 50.
Puesto a elogiarse por acción, el oficialismo también lo hace por omisión. “Cristina Fernández de Kirchner –subraya el ministro a Página/12–. fue la única integrante de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento del atentado que no mereció reproche del Tribunal Oral. Es que lo decidido coincide con todo lo que vino planteando Cristina por años en la comisión.”
El Gobierno culmina una semana que le resulta satisfactoria, con el aumento del salario mínimo en la cúspide de su valoración, la renuncia del cortesano Adolfo Vázquez con medalla de plata y la recepción al titular del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato completando el podio. En Balcarce 50 no se admite que esa acumulación haya sufrido algún deterioro producto de la sensación de impunidad que sucedió a la dimisión de Vázquez y a la sentencia del Tribunal Oral. De cualquier modo, intuyendo o percibiendo la frustración que dejó una sentencia sin condenados a diez años del crimen, el oficialismo sopesa la perspectiva de armar su propia Conadep, de cara a lo que fue el mayor crimen cometido desde la restauración de la democracia en el ’83.