El municipio de Avellaneda está por convertirse en una nueva y tardía reedición de los ’90: su intendente, Baldomero “Cacho” Alvarez, planea crear siete sociedades anónimas que controlarán servicios públicos de la comuna, el tránsito, la emisión de las licencias para conducir, el manejo del mercado de abasto de la zona, del crematorio del cementerio público y hasta de la Costa del Sarandí, donde existe una reserva ecológica. El plan desató una gran polémica en numerosas organizaciones sociales y en la oposición, que denuncian que la iniciativa “significa la privatización encubierta de las dependencias municipales”. Alvarez, sin embargo, justificó su propuesta: “Otorgará la agilidad de una empresa privada con el control mayoritario del Estado”. El proyecto de ordenanza fue enviado por el intendente –el mismo que este año se aumentó su propio sueldo en un ciento por ciento– al Concejo Deliberante y podría ser aprobado el próximo viernes.
El proyecto también prevé la creación de sociedades anónimas, de carácter comercial, para el manejo de todos los sistemas de información del distrito y el control del transporte público comunal. Las sociedades estarán manejadas en un 51 por ciento por el municipio, pero pasan de ser “servicios públicos estatales para convertirse en empresas privadas lucrativas. Los contribuyentes se transforman en clientes”, definió la concejala de Avellaneda Isabel Rodríguez (ARI).
El capital que pone el municipio para conformar cada empresa es de 12 mil pesos, pero puede ser aumentado hasta los 60 mil pesos por cada sociedad anónima. Los bloques del ARI, el socialismo y los partidos comunales Justicia y Esperanza y Avellaneda para Todos, junto a organizaciones sociales de la comuna, se oponen a esta medida y comenzaron a juntar firmas para frenar su tratamiento. Es que temen que “estas privatizaciones generen desempleo, despilfarros en las arcas del Estado, además del enriquecimiento de manos privadas con dinero de la comuna”.
Cerca de 20 organizaciones que están en contra de la iniciativa se reúnen cada semana como parte de la movilización. “Este proyecto intenta privatizar todas las áreas del Estado. Por eso comenzamos a pegar afiches y a repartir volantes en los comercios. La gente del municipio está asombradísima con esta propuesta; nunca vi tantos comerciantes que se muestren a favor de que pegue los afiches en las vidrieras de sus negocios. Todos coinciden en que es la continuación de la década menemista”, señaló Damián Lazota, de la asamblea de la localidad de Wilde. Esta es la tercera gestión de Alvarez –proveniente del Partido Justicialista– al frente del municipio: las dos primeras fueron, coincidentemente, durante la década menemista.
El proyecto crea siete empresas, pero no descarta la inclusión de otras sociedades anexas a la compañía, ya que el texto establece que cada empresa podrá “realizar toda clase de actos, contratos y operaciones” y “tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones” que no estén prohibidas por la ley. De aprobarse este proyecto, las sociedades serán creadas por 50 años y, aunque futuras gestiones deseen reducir esa cantidad de tiempo, “nunca se podrá disminuir el plazo de 10 años”. “Esto hipoteca la administración de los futuros gobiernos del distrito”, sentenció la concejala socialista Silvia Garófalo.
El texto de la propuesta indica que el directorio “tiene todas las facultades de administración y disposición, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales”. La junta directiva podrá “nombrar o remover empleados, incluir agentes de la sociedad en la Argentina o en el extranjero, así como apoderados con las facultades que fueran necesarias, además de dictar su propio reglamento interno”, con normas posiblemente diferentes de las que rigen en la comuna.
“Con la aprobación de este proyecto, el intendente podrá elegir el socio que quiera. Y ni el Concejo Deliberante ni los ciudadanos podrán tener injerencia. Incluso, el cuerpo legislativo se verá totalmente limitado ensu accionar porque las decisiones de cada empresa privatizada serán tomadas por el directorio”, explicó el edil Juan Carlos Cicconi, de Justicia y Esperanza. “En el Concejo recibimos permanentemente las quejas y preocupaciones de los vecinos. Muchas veces, el cuerpo legislativo condona deudas de contribuyentes que se ven imposibilitados de pagar, después de que una trabajadora social verifica su situación socioeconómica. Si esto se aprueba, no tendremos poder de decisión sobre las deudas que tienen las personas con empresas privadas. Incluso tememos que las mismas privatizadas salgan a perseguir a los deudores”, disparó la concejala Rodríguez.
El texto estuvo a punto de aprobarse el 27 de agosto último, pero finalmente no se trató. “Nos enteramos de un día para otro de que los concejales oficialistas planeaban tratar el proyecto. Lo incluyeron en la orden del día sorpresivamente. Pero presentamos un petitorio con firmas de los ciudadanos y se pudo parar”, manifestó Ciccoli. El cuerpo legislativo está compuesto por 24 ediles: 13 oficialistas, cuatro radicales y siete distribuidos entre otros partidos de oposición. De llegarse a tratar la propuesta, la aprobación sería inminente, ya que los 13 concejales justicialistas irían por el sí. Y al parecer, atrás podrían quedar los tiempos de cruces entre la Alianza y el jefe comunal, cuando acusaban en la primera gestión de Alvarez de ser responsable de un perjuicio para el Estado de 50 millones de pesos. El bloque del radicalismo apoyaría la medida, en caso de “poder realizar algunos cambios al proyecto”, según admite el propio jefe del bloque, Damián Paz. Los cambios pretendidos buscan asegurar “que no se produzcan nuevos despidos y que las empresas privadas no terminen obteniendo la mayoría de los beneficios”.

Informe: Maricel Seeger.