El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, calificó como “muy valiente” el fallo dictado por el Tribunal Oral número 3 en el que resultaron absueltos los 22 imputados y, de hecho, se imputó de encubrimiento al juez Galeano, a los fiscales, a empleados del juzgado, a funcionarios menemistas como Carlos Corach y Hugo Anzorreguy y también por falso testimonio al ex titular de la DAIA Rubén Beraja. “Hay que tener mucha valentía para poner de manifiesto las irregularidades. Es una parte muy loable del fallo.” Por el contrario, el ex camarista y actual ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, cuestionó la sentencia señalando que “la declaración de nulidad del decreto que puso en marcha la investigación sobre los policías debió frenar todo el juicio, incluso antes de empezar”. Arslanian, que en 1997 actuó como perito de la DAIA, dejó entrever que había pruebas contra los policías y Carlos Telleldín.
El cuestionamiento respecto de la nulidad, planteado no sólo por Arslanian, fue respondido a principios de esta semana por el fiscal Alberto Nisman y el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, aunque todos coinciden en que hay que esperar al 29 de octubre, a las 20, cuando se conocerán los fundamentos del fallo, que ocuparían nada menos que unas 500 fojas. Nisman y Rúa sostienen los siguiente:
- Recién en octubre del año pasado, a raíz de la declaración en el juicio de Hugo Anzorreguy y los agentes de la SIDE, quedó confirmado que a Telleldín se le pagaron 400.000 dólares, la mitad el 1º de julio de 1996 y la otra mitad en el mes de octubre del mismo año.
- A partir de esas declaraciones, se hurgó en la forma en que se hizo el acuerdo y cuando empezaron las negociaciones para ese pago. De esa manera establecieron –habrá que ver por qué en los fundamentos– que la investigación a los policías debe ser considerada nula porque fue producto de un plan político-judicial destinado a plantar una pista falsa y que se concretó con el decreto que creó el llamado Legajo Brigadas. “Se construyó una hipótesis incriminatoria pretendiendo atender a las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”, señalan los jueces en el comunicado que entregaron el día del fallo.
- En ese mismo texto señalan que “con base en el llamado ‘derecho a la verdad’, desarrollado en el sistema interamericano de derechos humanos para otorgarles a las víctimas la potestad de conocer la realidad de lo ocurrido, el Tribunal, pese a la nulidad decretada, se adentró en el análisis de la eventual responsabilidad de Carlos Telleldín, Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro”, las cinco personas imputadas como cómplices del atentado.
El fiscal Nisman lo sintetizó de la siguiente manera hace 48 horas: “Nunca en mi vida he visto tanta discrepancia entre lo que estaba escrito en la instrucción que realizó el juez Juan José Galeano y lo que después se vio en el juicio oral. Indudablemente apareció casi un mundo nuevo, incluyendo el del pago a Telleldín, que obviamente no se menciona en ninguna parte del expediente”.
Por su parte, el ministro Rosa-tti insistió en que el Ejecutivo “ha seguido con mucho detenimiento todo el juicio oral y ya conocía varias de las irregularidades a través de la Oficina Anticorrupción (OA). Sin duda se va a avanzar en las investigaciones tanto respecto del atentado como de las irregularidades, signifique ello una intromisión a la investigación. Nosotros vamos a facilitar todos los elementos”. Efectivamente, la OA, ya en tiempos en que era conducida por Manuel Garrido y también ahora que está a cargo de Daniel Morin, hizo presentaciones respecto de las maniobras del caso AMIA e incluso reclamó la devolución del dinero al Estado.
Rosatti recordó que, “cuando se habla de complicidades e irregularidades, hay un juzgado que ya está tratando parte de estas cuestiones. Es el juzgado del juez Claudio Bonadío. El Gobierno ha instado a que esta causa se profundice y vamos a seguir haciéndolo”. En verdad, Bonadío rechazó el planteo de la OA de constituirse en parte querellante, pero la cuestión sería dirimida por la Cámara de Apelaciones en los próximos días. Por los antecedentes que existen, es muy probable que la Cámara falle a favor de la OA, con lo que la Unidad AMIA, a cargo de Rúa, y la OA, presentarán un escrito ante el juez Bonadío para que concrete el llamado a indagatoria del juez Galeano, lo que significa que se avance en la imputación contra el magistrado.
“Desde el Ministerio de Justicia se impulsarán todos los caminos para que no cese la investigación, incluso del poder político y que incluya a los que tenga que concluir. Vamos a facilitar todos los elementos para ello”, concluyó Rosatti.