El Ministerio de Justicia, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), denunció penalmente al juez federal Claudio Bonadío, a quien atribuye manejos sospechosos en una causa para favorecer a un ex director del PAMI de los tiempos de la gestión de Víctor Alderete. El organismo investigador corroboró algunos datos de una denuncia anónima, recibida a su vez en la Cámara Federal, que acusaba al magistrado de haber actuado en este caso de forma “completamente deliberada” a pedido de Carlos Corach. Por su relación con el ex ministro, con quien trabajó en la Secretaría Legal y Técnica durante el menemismo, Bonadío también podría ser apartado del expediente sobre las irregularidades en el caso AMIA.
Los cuestionamientos crecientes a Bonadío revelan que es posible que el proceso de renovación de los jueces nombrados por Carlos Menem en el fuero federal no termine con el juicio político a Juan José Galeano. En el Gobierno no se atreven a asegurar que el magistrado ligado a Corach será el próximo en el banquillo, pero reconocen que desde hace tiempo está en la mira.
La OA, que conduce Daniel Morin, pidió que Bonadío fuera investigado por los posibles delitos de “incumplimiento de deberes, prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho) y tráfico de influencias”. La presentación explica que el magistrado tiene a cargo desde hace algo más de cinco años una investigación sobre maniobras fraudulentas en el PAMI para favorecer a la firma Fegera con el monopolio de las prestaciones geriátricas y la administración discrecional de fondos. En noviembre del año pasado, el juez procesó a los directivos de la prestadora y de la obra social de los jubilados involucrados en la contratación, incluso a Alderete, pero dejó a salvo a un solo hombre, a quien ni siquiera llamó a indagatoria como al resto: Carlos Alberto Santander.
Según pistas del anónimo que recibió la OA el 4 de mayo, la denuncia habría surgido de empleados no identificados del propio juzgado de Bonadío. El texto decía que el juez omitió intencionalmente citar a Santander, un supuesto amigo de Menem, “con el fin de cumplir con la palabra que le habría dado al ex ministro del Interior Carlos Corach, quien a pedido del ex presidente le habría solicitado desvincularlo”. El 5 de mayo una presentación igual llegó a la Cámara Federal –reconstruyó la OA– y ese mismo día Bonadío mandó a constatar la composición del ex directorio del PAMI “como si hubiese advertido recién en ese momento” la responsabilidad de Santander a quien llamó entonces a indagatoria. Pero después lo procesó por incumplimiento de deberes. Según Morin, ese delito estaría prescripto por el tiempo transcurrido y a Santander le correspondía una figura más grave por el tipo de cargo que tenía.
En un comienzo la Cámara remitió el caso al juez Jorge Urso, que lo archivó. La OA planteó la nueva denuncia ayer y pidió la reapertura porque evaluó que el anónimo contenía “datos fundamentales reales y objetivos” que le daban “verosimilitud”. “Bonadío favoreció la situación procesal del imputado”, dice la OA. Añade que existe “una duda incuestionable” sobre si el juez “usó su propio criterio” o se guió “por motivos espurios”. Bonadío tiene una situación tirante con el área anticorrupción que le reclama acción en la pesquisa sobre las irregularidades de Galeano y funcionarios menemistas en la causa AMIA. Por su relación con Corach, la Cámara Federal pronto podría apartarlo.