La Corte Suprema paralizó la reforma impulsada en Santiago del Estero por la intervención federal, al ordenar la suspensión de las elecciones de convencionales constituyentes que estaban previstas para el 31 de octubre. Por unanimidad, los supremos admitieron una medida cautelar planteada por el senador radical José Luis Zavalía, quien cuestionaba las facultades del interventor, Pablo Lanusse, para convocar los comicios. El fallo sacudió al gabinete santiagueño y varios de sus integrantes estuvieron cerca de renunciar, pero se contuvieron ante el pedido que hizo llegar desde Nueva York el presidente Néstor Kirchner. En la Casa Rosada el malestar por la resolución era evidente. “La vamos a acatar”, comentaban con resignación.
Lanusse, el hombre que nombró Kirchner al frente del gobierno de Santiago del Estero, había planteado la reforma de la Constitución local entre las iniciativas pilares de su gestión tendientes a desmantelar el aparato juarista. Como la ley nacional que dispuso la intervención le otorgó poderes ejecutivos y legislativos, el 1º de abril firmó un decreto con el llamado a elecciones de convencionales constituyentes. El jurista Daniel Sabsay, asesor en asuntos constitucionales en la provincia, fue uno de los principales encargados de armar la ingeniería para la convocatoria. Por ahora sería el único funcionario decidido a dejar el cargo.
La resolución que la Corte en pleno firmó ayer, tal como anticipó Página/12, ordenó “suspender el llamado a elecciones” hasta que “se dicte una sentencia definitiva que determine el alcance de las atribuciones del interventor federal”. Esta medida, dice el texto, busca “evitar ulteriores planteos de nulidad y la inútil realización de importantes erogaciones”. De esta manera, el tribunal no definió la cuestión de fondo, pero su decisión fue lo suficientemente potente como “para dañar a la intervención”, según analizaban en el gabinete santiagueño, que se la pasó de reunión en reunión.
A pesar de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, había dictaminado que la Corte debía rechazar la competencia en el caso y mandar el expediente a la Justicia santiagueña, los siete jueces supremos sostuvieron, al contrario, que se trata de un “asunto federal”, donde está en juego si el interventor violó o no la Constitución nacional y transgredió las facultades que recibió como delegado del gobierno central. Además, sostuvieron la necesidad de garantizar “un juez imparcial” al Estado provincial.
Según Zavalía, que recurrió al alto tribunal con el patrocinio de Gregorio Badeni, el decreto que puso en marcha el proceso electoral es inconstitucional. Argumentó que afecta la autonomía provincial y que la propia Carta Magna santiagueña prevé que las modificaciones a su contenido sólo se pueden realizar con una ley de la Legislatura que disponga su necesidad. Con este esquema reclamó la medida cautelar, y tuvo un éxito que causó sorpresa. Hasta su partido, la UCR, había comprometido su participación en los comicios. La única fuerza que se había autoexcluido es la que lidera Héctor “Chabay” Ruiz. En el gobierno de Lanusse preveían, según las encuestas que manejaban, un alto nivel de adhesión de la población. Un 70 por ciento se perfilaba dispuesta a ir a votar.
En Santiago, el elenco principal de la intervención analizó ayer diferentes salidas: renunciar en masa, o llamar rápidamente a elecciones aunque la intervención está prevista hasta el 25 de marzo, o hacer el menor espamento posible y seguir adelante con las medidas renovadoras que vienen encarando. La tercera opción fue la que quedó en pie después de que Lanusse habló con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien le transmitió el pedido de Kirchner para que nadie se mueva de su puesto.
A su regreso de Estados Unidos, el Presidente evaluará cuán deteriorada quedó la gestión en la provincia y definirá qué pasos dar. El clima ayer en la cúpula no era precisamente de alegría, pero los voceros insistían: “Vamos a acatar el fallo”. El alejamiento de Lanusse es una posibilidad afuturo no descartada pero al Gobierno le preocupa a qué otra área podría quedar destinado. La Sindicatura General de la Nación, anuncia un hombre de la Rosada, es una alternativa.
“Lanusse propuso profundizar por otros caminos los cambios que nos niega la Corte. Su gabinete es solidario, así que no hay fisuras”, dijo a este diario el jefe de ministros de Santiago del Estero, Pablo Fondevila, al negar renuncias inminentes. “No somos optimistas sobre cómo resolverá la Corte la cuestión de fondo, creemos que ya dejó sentado un criterio, pero nosotros no queremos desamparar a los santiagueños”, agregó.
El ministro de Justicia de la provincia, Luis Alén, sostuvo: “Nosotros no vinimos exclusivamente a reformar la Constitución, así que vamos a continuar porque tenemos apoyo de la sociedad. Seguiremos con modificaciones en materia de derechos humanos, de justicia, la policía y las tierras, entre otras”. Para el funcionario, reformar la Ley Fundamental local era una medida importante “para reestablecer las garantías republicanas”.
En la intimidad del equipo de Lanusse se sucedían especulaciones sobre qué fue lo que determinó un fallo tan adverso para el Gobierno. En un sector, apuntaban a las redes que habría tendido el grupo económico de Néstor Carlos Ick, la pata empresaria del juarismo. Señalaban a Juan Bautista “Tata” Yofre, el ex jefe de la SIDE del gobierno menemista, como uno de los posibles operadores. “Como sea, es un fallo político”, decían. Otro grupo prefería pensar que el alto tribunal mostró que tiene independencia de criterio y que es “menos K” de lo que algunas versiones le atribuyen. En Santiago, hoy habrá manifestaciones contra la resolución.