Un grupo de organismos de derechos humanos pidió ayer al Consejo de la Magistratura la destitución del juez Alfredo Bisordi, integrante de la Cámara de Casación. La denuncia se basó en un escrito del magistrado, en el que llamó “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y aludió al abogado Rodolfo Yanzón como “ex defensor de criminales”. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras agrupaciones, señalaron que Bisordi “se dirigió de manera irrespetuosa e injuriosa a quienes son parte del proceso” y que puso “en evidencia una animosidad que, si no pudo contener para fallar con objetividad, debió llevarlo a excusarse”.
La solicitud de los organismos de derechos humanos se originó en un escrito con el que Bisordi rechazó una recusación para que no intervenga en la causa sobre la ESMA. El juez utilizó su respuesta para agredir no sólo a Daleo y a Yanzón –a quien le reprochó haber defendido a los atacantes del cuartel de La Tablada– sino también a las agrupaciones querellantes en el caso, a las que se refirió como “autodenominados organismos de derechos humanos”.
“El señor juez no sólo ha incurrido en mal desempeño de sus funciones, sino que su fallo constituye una clara amenaza para todos los que buscamos justicia”, señalaron en una solicitada publicada ayer más de veinte entidades defensoras de los derechos humanos.
En relación con Daleo, además de tratarla de terrorista, Bisordi la mencionó como beneficiada por el indulto de (Carlos) Menem. Daleo estuvo imputada en dos causas y en ambas rechazó el perdón presidencial porque consideraba que aplicar esa medida a una persona que no estaba condenada era “inconstitucional”. Bisordi fue fiscal en uno de esos casos, acompañando a Juan Martín Romero Victorica. Y haber sido acusador o denunciante de uno de los interesados en un proceso es un motivo para que un juez se aparte de una causa.
“Bisordi –empleando aquel lenguaje del que echaron mano los genocidas– le niega a la víctima la condición de persona, de sujeto de derechos y la injuria deliberadamente”, se señaló en la denuncia dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Petracchi.
Sobre la mención de Yanzón como abogado de los miembros del Movimiento Todos por la Patria, el escrito sostiene que “el magistrado persigue un propósito tan nítido como contrario a su deber legal: emparentar al letrado con aquellos defendidos y por su intermedio a quienes hoy representa”.
No es la primera denuncia ante el Consejo de la Magistratura que debe afrontar Bisordi. En 1999 la DAIA lo denunció, junto a sus compañeros de sala Juan Rodríguez Basavilbaso y Liliana Catucci, porque consideró que los tres tergiversaron hechos para proteger a neonazis que habían atacado a un hombre mientras le gritaban “heil Hitler” y “mueran los judíos”.
El currículum del juez incluye además la renuncia, a una semana de ser nombrado, al cargo de adjunto del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas. Strassera dijo que Bisordi reivindicaba métodos de la represión ilegal y el ahora camarista lo negó. Cuando fue propuesto para ser miembro de la Cámara de Casación, la Asociación de Abogados impugnó su nombramiento y Bisordi se defendió diciendo que sus acusadores eran marxistas. Ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Bisordi justificó la subordinación de la Justicia a los militares durante la dictadura y se quejó de que el juicio a los ex comandantes “le costó mucho dinero al país”, porque las Fuerzas Armadas pagaron los abogados defensores.