Por Miguel Jorquera

Nadie da recibo por una coima, aunque esta vez en la Justicia bonaerense dicen haber encontrado “huellas imborrables” investigando la ruta del dinero en una denuncia por corrupción. Horacio Ramiro González, actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y tercero en la línea sucesoria de Osvaldo Mércuri, le puso su firma a los cheques que un comerciante aseguró haberle entregado al legislador, cuando aún era un ignoto concejal de Ituzaingó, que –según dice el denunciante– lo “extorsionó” para poder seguir trabajando sin la habilitación municipal. Pedro Oscar Argüello hizo la denuncia penal contra González después del misterioso asesinato de su hijo Adrián, en medio de otra batalla judicial por un valioso predio que le disputaba un próspero empresario al que acusa de tener fuertes vínculos con el poder político comunal.
Argüello aseguró que le pagó a González (en tiempos de la convertibilidad) cinco cheques de 2000 pesos; una cuota mensual de 1000 pesos que, según su denuncia, habría entregado puntualmente durante más de un año “por debajo de la mesa” del secretario de González en el Concejo Deliberante; otro “aporte” semanal de 500 pesos que supuestamente pasaban a cobrar por su negocio; y más de 4000 pesos cada vez que funcionaba en su predio la promocionada Feria de las Mascotas. “Pero nunca me habilitaron la feria y jamás pensé que matarían a mi hijo”, dijo Argüello a Página/12.

Encuentro fatal

El contador Horacio González comenzó su carrera política desde un modesto estudio del centro de Morón donde administraba los bienes del poderoso y acaudalado senador Horacio Román, que desde hace años preside la estratégica Comisión de Seguridad del Senado provincial y es secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encargada de la designación de los jueces bonaerenses.
Cuando el ex gobernador Eduardo Duhalde dividió el municipio de Morón, que gobernaba el menemista Juan Carlos Rousselot, Román armó su trama electoral en los tres distritos en los que se parceló la vieja comuna: Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Al frente del acuerdo que selló con Alberto Descalzo en Ituzaingó puso a su ex contador: Horacio González.
Por entonces, Argüello era un comerciante que invirtió sus ganancias en la compra de diez lotes sobre la colectora del Acceso Oeste e Hilario Lagos y otros cuatro a apenas una cuadra de distancia. En el más grande construyó un enorme galpón para un mercado de pulgas que él mismo administraba y el otro lo alquiló a un parque de diversiones, donde también instaló una marisquería. Pero aún lidiaba con la administración rousselotista que le había otorgado la habilitación pero no le cobraba los impuestos porque los rubros no figuraban en la grilla municipal. Un tema que preocupaba a Argüello porque sus dos nuevos emprendimientos habían quedado del lado del flamante municipio de Ituzaingó. Su preocupación llegó a oídos de un comerciante vecino, Alberto Hormaza, que “tenía una excelente relación con Román” porque compartían negocios en el mismo rubro: farmacias. Argüello aseguró en su denuncia que Hormaza le dijo que le iba a hablar a Horacio González y que éste le resolvería el problema.
González ya había sido electo concejal de Ituzaingó encabezando la lista que el 14 de mayo del ‘95 consagró la reelección de Carlos Menem. Y aunque aún le faltaban seis meses para asumir, Hormaza se lo presentó como “el futuro presidente del Concejo Deliberante”. Un vaticinio que se confirmó.
Argüello afirmó en su denuncia que González lo recibió en su modesto estudio contable pero que en la primera frase le hizo sentir su poderío: “para no tener problemas municipales va a tener que darme 10 mil pesos”. Argüello asegura que sucumbió ante “la exigencia” porque “González se mostró seguro e intimidante”. El misterioso asesinato de su hijo Adrián, llevó a Argüello a hacer la denuncia penal.

La causa

La investigación que lleva adelante la Fiscalía Número 4 de Morón, en la instrucción penal preparatoria 215.689 por “cohecho y posible extorsión”, compromete al vicepresidente de la Cámara baja del Parlamento bonaerense. Contrariamente, la causa por el asesinato de Adrián Argüello sigue aletargada y sin avances significativos en otra UFI de los tribunales moronenses. Lo mismo que la disputa civil por la propiedad de 2100 metros cuadrados cubiertos sobre la Autopista del Oeste con un valor de más de un millón de pesos.
El fiscal Alejandro Jons siguió la ruta del dinero que aún se podía rastrear. Comprobó que los cinco cheques de 2000 pesos fueron debitados de la cuenta que Argüello mantuvo por más de 30 años en el Banco Nación. Los cheques, extendidos al portador y con vencimientos diferidos entre junio y julio de 1995, fueron depositados a nombre del ahora diputado provincial Horacio González en su cuenta corriente del Banco Provincia sucursal Morón (número 29.401-0) y de Fernando Fuentes, hermano de crianza de González, en su cuenta de la sucursal Retiro del Banco Río. Sugestivamente, para denunciantes e investigadores, las cuentas fueron cerradas en julio de este año, cuando los Argüello comenzaron las marchas por el esclarecimiento del asesinato de Adrián.
Un testigo de identidad reservada reconoció en la fiscalía que acompañaba habitualmente a Argüello hasta el Concejo Deliberante de Ituzaingó cada vez que éste, según su acusación, debía pagar en efectivo “una coima para que lo dejaran trabajar”. Unos “1000 pesos mensuales que según Argüello debía pasar por debajo del escritorio de Hugo Hadad”, el secretario de González en la presidencia del Concejo Deliberante. El testigo también describió a Hadad como un “hombre morocho, alto y robusto que comía en la marisquería de los Argüello, junto a otros políticos de Ituzaingó”.
Hadad se convirtió en concejal en 1999 (el mismo año que González llegó a su banca de diputado) y presidió el mayoritario bloque del PJ hasta que a comienzos de 2004 estalló el escándalo del ñoquigate. La Justicia lo imputó junto al intendente Alberto Descalzo, la presidenta del Consejo Escolar y otros 15 concejales oficialistas por el nombramiento de familiares directos que cobraban suculentos sueldos sin que supuestamente realizaran tarea alguna. Entre ellos la suegra del jefe comunal, Ana María Cucarece, de 73 años y jubilada. Hadad renunció a su banca de concejal para trabajar nuevamente junto a González en la Cámara de Diputados. Una pericia caligráfica, aún pendiente, comprobará si las anotaciones de un cuaderno “universitario” corresponden al asesinado Adrián Argüello. Allí, Adrián llevaba la precaria contabilidad del negocio familiar en la que se puede leer claramente la fecha y la leyenda “Municipalidad, 4000” como una de las erogaciones del comercio que funcionaba sin habilitación municipal.