Una serie de idas y vueltas, afirmaciones y rectificaciones, errores y malinterpretaciones produjeron chispazos entre el gobernador bonaerense Felipe Solá y el equipo del ministro de Seguridad, León Arslanian. En el medio, hubo una denuncia de un complot, el desplazamiento de 37 efectivos policiales –incluyendo al jefe de la Departamental de Investigaciones de San Isidro, Rubén Cabrera–, cuatro secuestros, la virtual toma de una comisaría en Victoria y la incursión de Solá levantando el tono en la cuestión de la venta minorista de drogas. Anoche, en La Plata, de uno y otro lado sostuvieron que “no pasa nada”: mientras el propio Solá salía a respaldar a su ministro sosteniendo que “es fuerte”, del lado de Arslanian daban por zanjadas las desinteligencias.
En realidad, el punto desencadenante de los ruidos producidos en la seguridad bonaerense fueron los cuatro secuestros –dos intentos frustrados, una mujer ya liberada y otra todavía cautiva– que se dieron en menos de 48 horas. Esa oleada, que hace rato no se producía, desató fuertes movimientos en la Casa Rosada y en el equipo de Arslanian. En los dos ámbitos se mostró la intención de actuar con máxima firmeza:
- El presidente Néstor Kirchner convocó a los jefes de las fuerzas de seguridad y la SIDE a su despacho, y ordenó que no se espere más el fin de las negociaciones entre familiares y secuestradores. Por lo tanto, la estrategia es realizar operativos-cerrojo y rastrillajes para ponerles toda la presión a las bandas.
- Por el lado de Arslanian, hubo un intento de mostrar que los secuestros tienen relación con la actividad delictiva policial, algo que se manifestaba especialmente en el caso de Tigre –jurisdicción de la DDI de San Isidro, comandada por Cabrera–, donde fue secuestrada Laura Izarregui, una simple empleada. Arslanian dio a conocer el mismo día la denuncia realizada en una fiscalía de San Isidro sobre un llamado anónimo en el que se relató una reunión en la que oficiales policiales planificaron una oleada de secuestros que iban a perpetrar dos ex presidiarios y también la realización de tres atentados, contra el mismo Arslanian, su viceministro, Martín Arias Duval, y el camarista Fernando Maroto. Al día siguiente, Arslanian anunció la purga de 37 hombres de la Bonaerense que quedaron acusados, de hecho, por ineficacia y también por la participación en distintos delitos.
La difusión de la denuncia del complot fue recibida con descreimiento, en especial porque ese tipo de investigaciones convenía hacerlas en silencio y atrapar a los responsables con las manos en la masa. Al hacer todo público, la movida quedó como una acusación a los complotados de estar detrás de los secuestros, algo difícil de probar, más todavía si se tiene en cuenta que la denuncia se hizo mediante un anónimo.
Trascartón, Arslanian anunció la depuración de los 37 hombres de la Bonaerense, sin dar ese mismo día las precisiones necesarias, lo que también implicaba relacionar a esos efectivos con los cuatro secuestros. Recién ayer el equipo de Arslanian explicó que el jefe de la DDI de San Isidro fue pasado a retiro por la edad y por haber pasado los 30 años en la fuerza. La realidad es que el Ministerio de Seguridad hizo un informe sobre Cabrera en el que no se le encontró ninguna irregularidad –o sea que no está acusado de ningún hecho de corrupción–, pero sí se consideró que no tuvo la eficacia necesaria, y bajo su órbita hubo oficiales y suboficiales que cometieron delitos. Por ejemplo, en el informe que existe sobre San Isidro –que incluye una amplia zona que abarca Tigre, Pilar y San Fernando, entre otros municipios–, se sostiene que siguen existiendo los desarmaderos, hay secuestros sospechosos y una amplísima red en la cual los jefes se quedan con parte de las horas extra, llamadas “Cores”, de sus subalternos. Los propios hombres de la comisaría de Victoria, por los que ayer se produjo una protesta, tienen denuncias más que graves en la Justicia de San Isidro (ver aparte), incluyendo la participación en el secuestro de Cristian Ramaro, el tráfico de drogas, la explotación de prostitutas y un intento de atentar contra el juez Fernando Maroto. El magistrado salió a cuestionar al comisario Cabrera, sostuvo que “es el responsable número uno del desastre que se registra en la zona de San Isidro”. El camarista anunció que presentará en los próximos días pruebas contra Cabrera y consideró verosímil el anónimo de denuncia del complot –“tiene información coherente y hecha con firmeza”– para atentar contra su vida, la de Arslanian y la de Arias Duval.
Casi en la otra vereda, Solá hizo trascender su molestia por la denuncia de complot y por la falta de claridad informativa en la purga. Es más, terminó hablando a favor de Cabrera: “Guardo un buen recuerdo de él y no se lo acusa de nada”. En ese marco, los chispazos amagaron con convertirse en un choque de envergadura, por lo que el gobernador le bajó los decibeles. Al mediodía respaldó a Arslanian, señalando que “tengo un hombre fuerte a cargo de la Seguridad. Siempre lo banco al ministro. Confío en él y lo apoyo. Yo sí sabía de los cambios en la zona de San Isidro. Es algo que Arslanian me comentó. El único problema es que los cambios coincidieron con la denuncia anónima y la razón de los cambios no fue esa denuncia. Cuando uno está encima de las cosas, como lo está Arslanian, se pueden ver cuestiones no sólo éticas sino también vinculadas a la eficiencia. La denuncia de complot no se tomó demasiado en serio, porque hay elementos que no son creíbles, como esa reunión de comisarios para complotar. Y cuando Arslanian anunció los cambios en San Isidro, no los vinculó con el complot”. En este terreno, el viceministro Arias Duval también aportó a ese análisis: “La prueba es que el comisario Reinaldo Kemerer y otros oficiales, que figuraban en el anónimo, no fueron desplazados. Las decisiones de pasar a retiro a algunos policías y declarar en disponibilidad a otros no están relacionadas con el anónimo”.
Después de 48 horas de turbulencias, anoche se reiteraba la consigna “aquí no ha pasado nada”. Y juran que no volverá a pasar.