Para los jueces federales y el ex jefe de la SIDE Carlos Soria, que habían respirado aliviados, la historia del “apriete” no terminó. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, intervino en la reabierta causa en la que se investigó si en 2002 Soria intentó presionar a los magistrados de ese fuero para encarcelar, entre otros, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y a un grupo de banqueros. Ante la sala II de la Cámara Federal, que consideró “prematuro” el sobreseimiento del ex jefe de los espías, Garrido pidió que vuelvan a ser interrogados los jueces Jorge Urso y Juan José Galeano para que den precisiones sobre aquel episodio, que habría ocurrido durante el gobierno de Eduardo Duhalde y que fue revelado por Página/12 el 7 de abril de 2002.
Según había publicado Horacio Verbitsky, el domingo 17 de enero hubo dos reuniones. A la mañana se encontraron en un departamento particular los jueces de la Corte Suprema Julio Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor, los camaristas Luisa Riva Aramayo –ya fallecida– y Gabriel Cavallo, y todos los jueces federales a excepción de Norberto Oyarbide y Sergio Torres. A la tarde apareció Torres pero no asistió Servini, y se hizo presente el jefe de los espías, Carlos Soria. El segundo encuentro habría tenido lugar en la casa que ofreció Riva Aramayo, mientras que el primero habría ocurrido en el departamento del administrador de la Corte Suprema Nicolás Reyes. Nazareno y Moliné llevaron la inquietud del Gobierno por informes de Inteligencia sobre las movilizaciones populares y los cacerolazos contra el corralito. Soria dijo que el Gobierno pretendía el encarcelamiento de Cavallo; de José y Carlos Rohm, del Banco General de Negocios (BGN), y de Eduardo Escassany, del Galicia. Carlos Rohm fue preso a los pocos días por orden de Servini, y su hermano sigue prófugo en esa causa por lavado de dinero. Escassany no llegó a ver los barrotes, mientras que el ex ministro de Economía entró y salió de la prisión en la causa sobre la venta de armas. Sus abogados fueron los que impulsaron la causa judicial para que se probara la información periodística. Este hecho es conocido en el ambiente judicial como ‘apriete a los federales’.
En la causa testimoniaron el ex titular de la Corte Suprema, Julio Nazareno, casi todos los jueces federales y varios fiscales. El ex presidente Eduardo Duhalde también se presentó ante el juez de instrucción Eliseo Otero y negó de plano que durante su gobierno se hubiese impulsado el arresto de Cavallo y los banqueros. La causa quedó en manos de la justicia ordinaria porque casi todos los magistrados del fuero federal habrían participado del episodio y, por lo tanto, están inhabilitados para juzgar el caso. Verbitsky ratificó ante la Justicia lo que había escrito y declaró que, aunque están acostumbrados a las presiones, a los jueces “les llamó la atención el tono imperativo de la exigencia”.
Ajenos al incendio que padecía por esos días el país, y habiendo abandonado casi todos sus destinos veraniegos, los jueces acudieron porque la convocatoria fue formulada “de urgencia”. Estuvieron presentes los ocho magistrados que en ese momento tenían despacho en Comodoro Py, a excepción de Norberto Oyarbide, quien explicó que no suele asistir a “este tipo de reuniones”. Galeano declaró haberse enterado de que iba a estar Soria en la reunión cuando lo llamó la secretaria del entonces jefe de la SIDE para pedirle la dirección de Riva Aramayo. Por su parte, Rodolfo Canicoba Corral dijo que la presencia de Soria fue “casi casual”. Ninguno de los involucrados pudo dar precisiones respecto de quién convocó a las reuniones. Torres dijo que “la segunda fue convocada telefónicamente por los ministros de la Corte”, a pesar de que estuvieron ausentes. El juez Urso habría admitido que “Soria se interesó por algunas causas, habida cuenta de la volubilidad de la ciudadanía respecto de algunos actores de la escena política”.
En marzo de este año, Otero sobreseyó a Soria del delito de “coacción agravada” que le habían imputado. “Las pruebas directas brillan por su ausencia”, escribió el juez Otero en una resolución de 19 carillas. Yconsideró que si una persona pretende “una concesión de parte de otra persona o funcionario público, habrá que tentarlo o intimarlo en un ámbito de mayor reserva” que una reunión “con la casi totalidad de los magistrados” federales porteños. El punto es que todos los participantes de aquellos encuentros admitieron que se reunieron, pero negaron ante la Justicia haber sido presionados por Soria.
Garrido pidió a la Cámara que ordene una nueva declaración de Urso. El titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) quiere que el magistrado aporte detalles sobre el interés de Soria por algunas causas. El propio Urso había mencionado que a Soria le interesaba “la causa que lleva adelante Jorge Ballestero sobre el canje de bonos de la deuda”, según consta en el texto al que tuvo acceso Página/12. Garrido quiere saber, además, en qué momento de la reunión se expresaron estas inquietudes, “concretamente por la marcha de cuáles causas se preocupó Soria”, quiénes estaban en condiciones de escuchar el diálogo mencionado, a qué otras personas se dirigió Soria interesándose por la “marcha de algunas causas en trámite”. El fiscal puso especial énfasis en aclarar qué significa la expresión “volubilidad de la ciudadanía”. Y también pidió que se le soliciten precisiones a Urso sobre “las opiniones de conducción política, las apreciaciones de las circunstancias sociales y las opiniones personales que virtiera Soria en la oportunidad de marras”, tal como declaró Urso en la causa.
Respecto de Galeano, el fiscal quiere que el jaqueado juez del caso AMIA aclare cuáles fueron “los particulares puntos de vista sobre la realidad económica, sus eventuales responsables políticos y la proyección que efectuó del futuro escenario político-social”, invocados por el aún imputado Soria. Según Verbitsky, el ex Señor Cinco habría amenazado a los jueces con ponerlos en comisión (suspenderlos) si no encarcelaban a Cavallo y los banqueros. El golpe de efecto requerido apuntaba a calmar los exaltados ánimos tras el estallido del 20 de diciembre de 2001.