EL PAíS
• SUBNOTA › FUERON CITADOS QUANTIN, CAMPAGNOLI Y GRECO
A mitad de octubre, con Urso
Por A. M.
Los ex secretario y subsecretario de Seguridad Norberto Quantín y José Campagnoli y el ex jefe de la seccional 24ª de la Policía Federal Cayetano Greco deberán declarar ante la Justicia por haber interferido durante la toma de dicha comisaría. Tal como anticipó este diario, el juez federal Jorge Urso los interrogará el 13, 14 y 15 de octubre, respectivamente, bajo los cargos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia”, porque no habrían acatado la orden de una jueza de instrucción que mandó detener a los piqueteros de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) que el 26 de junio ocuparon la seccional exigiendo la intervención policial por el asesinato del militante Martín Cisneros.
El dirigente de la FTV Luis D’Elía también está imputado en el caso, y los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron que él también sea indagado, bajo cargos que podrían ser “coacción” e incluso “privación ilegítima de la libertad”. Sin embargo, el juez Urso espera reunir más elementos de prueba antes de tomar esa medida. Los fiscales consideran que fue D’Elía quien encabezó el grupo de personas que luego del crimen de Cisneros tomó la comisaría 24 para “presionar a las autoridades para que se ordene la detención de quien era sindicado como el autor del homicidio”. Además, mencionaron el testimonio de una mujer presuntamente embarazada que declaró que le impidieron salir de la seccional. Los abogados de D’Elía la desmintieron y aseguraron que se contradijo.
En cuanto a los ex funcionarios, fueron acusados de haber permitido que la toma continuara, en contradicción con la orden emitida por la jueza de instrucción Angélica Crotto para que el comisario Greco detuviera a los piqueteros y los enviara a Tribunales para que ella les tomara declaración. Urso habría comprobado, a través de cruces telefónicos, los contactos mencionados por los fiscales en su requerimiento. Ayer, Quantín, asistido en la causa por la defensora oficial Perla de Buck, opinó que “la Justicia federal es la operadora política del gobierno de turno”, expresando así su evidente molestia por la decisión de un juez que pertenece a un fuero con el que siempre estuvo enfrentado.
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A mitad de octubre, con Urso