El 13 de mayo, el Movimiento Teresa Rodríguez hizo un escrache a Repsol YPF por el aumento de la garrafa de gas. En la puerta de la empresa, los piqueteros quemaron cubiertas y, en el momento más fuerte de la protesta, arrancaron del frente una cortina metálica. Repsol presentó una denuncia penal por daños. La investigación quedó a cargo del juez federal Juan José Galeano y el fiscal Carlos Stornelli, quien a poco de iniciada la causa pidió que se realizaran tareas de inteligencia sobre los desocupados. Puntualmente, solicitó que la División Delitos Federales de Policía Federal reuniera información sobre “las personas que conforman el denominado Movimiento Teresa Rodríguez”, su participación en la organización, sus “lugares de reunión” y “cualquier otro dato” que los espías pudieran acercar. Galeano hizo al lugar al pedido de Stornelli y ordenó que se realizaran las tareas de seguimiento.
Como suele suceder en este país, los policías no tuvieron la discreción que requieren las labores de inteligencia y los desocupados los descubrieron tomando fotos en los barrios donde funcionan sus comedores y emprendimientos laborales. Frente a un local que la organización tiene en Florencio Varela vieron una Trafic desde cuyo interior filmaban a quienes entraban y salían del lugar. En Quilmes detectaron una escena similar, con personal que esta vez se movilizaba en un Ford Falcon blanco. Estas tareas, dijo a Página/12 el abogado Claudio Pandolfi, se realizaron sobre locales de “Lanús, La Boca, Quilmes, Florencio Varela, la Capital Federal y Tigre” e implicaron la vigilancia de centenares de personas que concurren a ellos a comer y a desarrollar emprendimientos. Por un error que no debería sorprender, las tareas de inteligencia se realizaron no sólo sobre locales del MTR, sino también sobre otros que se escindieron del Movimiento hace más de un año y hoy pertenecen a otras organizaciones.
Nuevos subversivos
El caso es reflejo de la tendencia instalada en los tribunales de hacer inteligencia sobre las organizaciones sociales, en una actitud que asimila a los movimientos piqueteros a una suerte de nuevas organizaciones “subversivas”. Vale la pena contar otros episodios. La abogada María del Carmen Verdú (Correpi) se topó con uno de los más absurdos a fines del año pasado. Ocurrió así: una agrupación piquetera había tomado una casa en la ciudad de Buenos Aires y la División Operaciones del Departamento de Seguridad de Estado, a pedido del fiscal Stornelli, inició tareas de inteligencia sobre los que allí se reunían. El argumento para realizarlas fue que habían recibido una denuncia anónima sobre que en la casa operaban agentes de Sendero Luminoso, cuya conexión local sería una tal “Carmen la Tucumana”. Los sospechosos entraban y salían del lugar al mediodía, llevando bajo el brazo “bultos envueltos en tela”. Efectivamente, en la casa funcionaba un comedor al que los desocupados del barrio iban a buscar, todos los mediodías, viandas de comida que se llevaban envueltas en repasadores.
En estos informes, un elemento infaltable son las fotos que identifican a los supuestos “delincuentes”. Como lo muestra un segundo caso, tampoco aquí hay que esperar a que se guarde algún sentido del ridículo: el 18 de junio de 2001, en repudio a los asesinatos de José Barrios y Carlos Santillán, hubo una marcha a la Casa de Salta que terminó con represión y choques de los manifestantes con la policía. Se hizo cargo del caso el juzgado correccional de Angela Braidot. La comisaría 3ª le mandó, por puro afán colaborativo, un informe de inteligencia de la Federal con fotos tomadas durante la movilización. En una, recordó Verdú, “se veía una mujer pasándole un mate a otra. El epígrafe la identificaba: ‘Fulanita, del Movimiento tal’. En otra aparecía un hombre de espaldas, pegando un cascotazo: ‘Menganito, de cual agrupación’”. El trabajo identificaba así a tres personas, de los que agregaba sus domicilios y números de documento.
La jueza los imputó de haber lesionado a 16 policías y destruido tres patrulleros. Sin embargo, contra las mujeres no había ninguna prueba, ya que ninguno de los policías había descripto a sus agresores ni se las veía en las fotos haciendo otra cosa que no fuera tomar mate. El hombre había sido mal identificado y ni siquiera había ido a la movilización. Los acusados fueron absueltos, no sin dejar en evidencia el trabajo de “fichaje” que hacen los servicios en las marchas.
¿Qué legalidad tienen estas tareas? La ley de Seguridad Interior, dice Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), prohíbe hacer inteligencia sobre las organizaciones sociales y políticas. “Un juez puede investigar un delito, pero no aprovechar el proceso penal para hacer inteligencia sobre el funcionamiento de las agrupaciones. Eso es absolutamente ilegal, porque la competencia del juez está limitada a hacer inteligencia criminal, vinculada con el delito que investiga.” No está habilitado para ordenar, como está sucediendo, medidas de control sobre los movimientos para identificar sus militantes, sus formas de organización, sus lugares de reunión o sus modos de financiamiento.
Sin embargo, conseguir que estas órdenes cesen no es algo tan simple.
En el CELS recuerdan que varios años atrás fueron seguidos a raíz de un trabajo en una villa, ante lo cual presentaron un hábeas data. “Pero se trata de un recurso formal, frente a actividades que son informales y secretas”, marca Palmieri. Una preocupación agregada, dicen en la Correpi, es que nadie sabe cuántos de estos informes que mezclan datos verificables con imprecisiones y falsedades están circulando por los despachos de jueces o funcionarios. La preocupación no es una cuestión abstracta. Si se hace memoria, la masacre de Avellaneda –en la que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki– estuvo precedida de un clima político enrarecido por la circulación de informes de la SIDE que sostenían que los piqueteros estaban preparando el derrocamiento de Eduardo Duhalde.
Penas más duras
Un aspecto más visible de la criminalización del conflicto social es el endurecimiento de las acusaciones que jueces y fiscales están haciendo contra los manifestantes. Los defensores de organizaciones sociales recuerdan que quince años atrás, cuando se detenía a una persona en una movilización, se le hacía una averiguación de antecedentes. Luego, a medida que la situación se endureció, se comenzó a aplicar un paquete de figuras penales que sumaba “atentado, resistencia a la autoridad, daño y lesiones”. Este primer salto se dio en los años ’95 y ’96, luego de las marchas estudiantiles contra la Ley de Federal de Educación que le hicieron decir al entonces presidente Carlos Menem que si los estudiantes se seguían movilizando iba a haber muchas más Madres de Plaza de Mayo.
Hoy, coincidieron los consultados, se está dando un segundo salto, iniciado tras los incidentes frente a la Legislatura por el Código de Convivencia y el escrache a Rodrigo Rato frente al Ministerio de Economía. La nueva tendencia es a imputar a los manifestantes por delitos muy graves, como coacción agravada, prepotencia ideológica, intimidación pública o extorsión. Su consecuencia es que, como se trata de figuras no excarcelables, los detenidos deben esperar en prisión el inicio del juicio oral.
El caso más notorio es el de los presos de la Legislatura. La jueza de instrucción Silvia Ramond imputó a 15 personas –vendedores ambulantes y prostitutas apresados por policías de civil cuando se retiraban de la protesta, e incluso un anticuario que pasaba de casualidad por el lugar– por coacción agravada y privación ilegítima de la libertad. A su criterio, la manifestación había afectado al personal y a los diputados que quedaronen la Legislatura sin poder salir, convirtiéndolos en secuestrados. Palmieri (CELS) consideró que, de extenderse este punto de vista, “un abrazo al Congreso también podría ser considerado como una privación ilegítima de la libertad”.
En la actualidad hay 41 presos por participar de reclamos sociales. Los de la Legislatura son 15, a los que se suman, entre otros, los 7 detenidos en la Plaza de Mayo tras el escrache al FMI, Raúl Castells y 18 presos de Caleta Olivia.
En la causa por el escrache a Rodrigo Rato, la imputación contra los detenidos, a cargo de Galeano y Stornelli, incluyó la figura del artículo 213 bis del Código Penal, que castiga a los integrantes de una organización que quiera imponer sus ideas por la fuerza, por el solo hecho de pertenecer a ella. La defensora Liliana Mazea sostuvo que también en este expediente apareció un informe de inteligencia sobre cuestiones de la vida interna de las agrupaciones Quebracho y Martín Fierro.
En cuanto a los detenidos desde el 3 de septiembre en Caleta Olivia por la toma de la playa de tanques de Termap, el juez Marcelo Bailaque les denegó la excarcelación con el argumento de que la sumatoria de penas que afrontan llega a los 8 años de prisión, por lo que deberán esperar las audiencias orales en la cárcel. Bailaque sostuvo que los arrestos no buscaron “ningún escarmiento”, sino que son las leyes las que lo obligan a actuar con “temperamento”. Los detenidos fueron imputados así de “privación ilegítima de la libertad, daños, usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la explotación económica”.