Por Mario Wainfeld e Irina Hauser

En el estudio de Ricardo Lorenzetti hay una excitación casi unánime. Las secretarias, sus colegas lucen convulsionados e hiperquinéticos. No es para menos, Lorenzetti viene de ser propuesto por el presidente Néstor Kirchner para ser juez de la Corte Suprema. La excepción al activismo general es el propio Lorenzetti. Dice estar conmocionado pero no lo parece. Habla con tranquilidad, hasta con parsimonia. Didáctico, amable y detallista, muy lejano al empaque, Lorenzetti escatima los énfasis. Apenas apela a algún ademán con las manos para redondear los ejemplos o se vale de una sonrisa casi permanente para subrayarlos. El Gobierno tenía decidido que el próximo supremo fuera un jurista y un hombre del interior. La innegable tonada santafesina de Lorenzetti (en la que “vamos a ver” se pronuncia “vamojaver”), su calma, su estilo inducen a aceptar que lo ha conseguido con creces. Con 49 años de edad recién cumplidos, Lorenzetti es un jurista del interior.
–¿Cuándo, cuánto y cómo lo conoció a Kirchner?
–Lo conocí hoy (por ayer). Nunca había tenido trato con él. Para cualquier ciudadano es un honor conocer al Presidente. Me pareció muy atinada toda la presentación que hizo, respetuosa.
–¿Y a la senadora Fernández de Kirchner?
–La conocí hace un mes o dos, con motivo de que el Senado tenía que designar a un representante para el Jury de enjuiciamiento. A mí me conocían varios senadores por haber ido a opinar sobre temas jurídicos. Ahí tuve una reunión, en la que me pidieron el currículum. Cuando sale en el diario que ella es mi gran patrocinadora yo me alegro. Pero no es que tenga un trato frecuente.
–¿Usted es peronista?
–Sí (ehhmmm...). Explicar qué es el peronismo es difícil.
–Usted sugiere que tras decir que uno es peronista, hay que escribir un tratado. A cuenta, explíquenos por qué es peronista.
–En realidad fui peronista. Cuando estaba en tercer año de la secundaria en Rafaela, en un colegio marista, tenía un sacerdote progre, un cura tercermundista que me llevó a acercarme al peronismo. Yo entré a la universidad en el ’74 y en el ’76 se terminó, así que no tuve mucho tiempo en el justicialismo. Nunca ocupé un cargo, ni siquiera en la Juventud. Siempre fui simpatizante de aquel momento histórico, pero después del golpe no milité. Ahora creo en lo que creía en ese momento.
–¿Le gusta el gobierno de Kirchner?
–Sí, me parece que está haciendo una actividad muy importante en algunos temas.
–¿Cuáles?
–Sobre todo en derechos humanos. Como sociedad nos hace bien aclarar los temas, abrirlos, discutirlos. Cuando se plantea si el tema de derechos humanos es de izquierda o de derecha se está reduciendo el debate. En cualquier sociedad civilizada es algo previo a cualquier definición ideológica. ¿Aceptamos que es lícito matar porque otro piense diferente? La respuesta es no en cualquier sociedad. De todos modos, jurídicamente tenemos una definición sobre el tema: los tratados internacionales en Argentina tienen rango constitucional.
–Sin embargo, todavía falta un eslabón y es que la Corte Suprema se defina sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Es un paso necesario para dar continuidad a los juicios. ¿Qué consecuencias tiene esta indefinición?
–No quisiera opinar puntualmente sobre eso, sería poco prudente, me inhabilitaría para resolver después. Creo que si está en la Corte debe ser resuelto.
–Si los juicios contra represores en Argentina se traban, ¿deberían continuar en el exterior?
–El ciudadano argentino tiene derecho a la justicia en su país. Hay un principio muy antiguo, romanista, “non licet”, esto es que el juez tiene obligación de fallar. Tenemos que aspirar a que nuestra Justicia sea prestigiosa, dando respuestas a la gente, destrabando conflictos.
–En las últimas semanas hubo varios fallos de la Corte importantes en materia laboral que generaron reacciones por el impacto que podrían tener en la economía más que por la constitucionalidad en discusión. ¿La Corte debe tener en cuenta el impacto económico de sus resoluciones?
–Una cosa es si una decisión de un juez inferior o una norma jurídica es coherente con el sistema. Esto podría ser un juicio de constitucionalidad. Pero la Corte, además, tiene que preocuparse por las consecuencias económico-sociales de sus decisiones.
–¿Eso no colisiona con el análisis de constitucionalidad?
–No, porque la Constitución está en la base de todos estos temas. Hablamos de que lo que se resuelve para un caso sea una ley universal y, para eso, tiene que ser una ley viable. Los jueces tienen que ser ingenieros, tienen que pensar en la ingeniería social.
–¿Qué criterio debe predominar cuando los que protestan o presionan son los empresarios como viene ocurriendo, por ejemplo, en los fallos contra las ART y los que eliminaron los topes de las indemnizaciones?
–El interés de la sociedad no es el interés de un grupo. Hay que aclarar las cosas: decir que a uno le preocupa el impacto económico-social de un fallo, eso no alude al interés de un sector. Tampoco está mal tener en cuenta a los distintos sectores, pero eso no quiere decir que la Corte deba ocuparse del lobby de sectores. El juez no puede estar encerrado en su caso, hay que ampliar la mirada.
–¿Esto incluye a la gobernabilidad como tema de la Justicia?
–Evidentemente. Esto aparece, por ejemplo, cuando un juez debe decidir cuestiones complejas en el campo ambiental o laboral.
–Uno imagina que en los casos ambientales hay un esquema clásico: los criterios del capitalismo contra los de protección del medio ambiente. Es algo cuasi filosófico. ¿Qué debe hacer un juez ante estos dilemas?
–Hay un caso que puede pintar bien la cuestión. En Brasil, una jueza tuvo que dictar una sentencia sobre un caso de una empresa que contaminaba y era la única empresa del pueblo. Una decisión favorece al ambiente, la otra alternativa genera desempleo. ¿Qué hizo la jueza? Convocó a una audiencia a varias ONG y una multiplicidad de actores para ver cuál era el consenso en la población. Impuso cargas a la empresa, para que se transformara y deje de contaminar a lo largo del tiempo. Son casos complejos que uno puede tener en claro desde el punto de vista ideológico pero llegar a una solución no es fácil.
–¿Pero la Corte no debe seguir un sentido político en sus fallos?
–Sin duda. Todas las cortes del mundo lo tienen y es lo que se refiere a la gobernabilidad. Eso no quiere decir la Corte no tenga que ser independiente. No existe la posibilidad de pararse en temas de real importancia sin pensar en sus consecuencias.

Un corte y volvemos

–Usted va a ser el integrante más joven de la Corte...
–Así es, pero creo que cuando (Enrique) Petracchi ingresó tenía más o menos la misma edad. Junto con la de género y la geográfica, la diversidad de edad es importante en un Tribunal. Hay una tendencia a incorporar gente de mediana edad en las Cortes, porque son sensibles a los grandes temas generacionales y al pensamiento común.
–¿Qué ventaja y qué desventaja tiene para un integrante de la Corte no haber sido nunca juez?
–El que no ha estado en la Justicia tiene una experiencia basada en el sentido común, por estar permanentemente solucionando conflictos y en contacto con la gente, con la que no cuentan quienes hacen carrera en un tribunal. Otro punto a favor es la capacidad de gestión. Nosotros (lo dice apegado a su rol de abogado) estamos acostumbrados a vivir con la celeridad del mundo cotidiano, a tomar decisiones rápidamente, mientras que en la Justicia los tiempos son muy diferentes. Hoy la gente común sabe que los tiempos de la Justicia están desacompasados respecto de las necesidades humanas, que hay litigios que duran años. A la vez, el que ha estado en la Justicia tiene práctica en resolver casos y conocer el funcionamiento interno. Es bueno un equilibrio.
–¿Qué va a proponer usted para agilizar los tiempos judiciales?
–Hay muchas reformas para hacer, primero del sistema judicial. Desde la cabeza del Poder Judicial habría que lograr una Justicia más cercana a las necesidades de la gente, con juzgados a nivel barrial. Desde la Corte se puede colaborar con los otros poderes para estas reformas. Pero, además, la Corte tiene que reinventarse a sí misma. Debería cambiar su procedimiento institucional. Existe consenso en que tiene demasiados casos. Hay una ficción en su funcionamiento: nadie puede leer tantos fallos. Es urgente solucionar eso, aunque ya se está avanzando.
–¿Mejoraría algo achicar el número de miembros de la Corte?
–Sí. Pero tampoco hay que engañar a la gente, tenemos demasiada tendencia al pensamiento mágico. Si en lugar de nueve son siete jueces, lo que se eliminan son dos pasos, pero la gente común no lo va a notar. Es importante, pero lo que hace falta es un cambio en la organización de la Corte. Sin estridencias, con cosas prácticas. Ya se inició un proceso interesante de cambio, hay que profundizarlo. Hubo muchas medidas importantes, por ejemplo, en relación a la transparencia. Se mejoró la publicación de sentencias, controles, auditorías.
–Sobre la transparencia, la “nueva” Corte amagó hace varios meses con publicar las declaraciones juradas de sus integrantes de Internet, pero aún no lo hizo. ¿Debería hacerlo?
–Hay que publicarlas. Es malo que no se conozca el patrimonio de los ministros, hay un derecho a la información. Pero el otro extremo también es malo, es decir, que esté por todos lados la información privada de una persona porque puede ser usada para cualquier fin. Hay que buscar el punto de equilibrio. La ley de ética pública resuelve bien el tema. Quien tiene un interés legítimo para conocer una declaración jurada, la pide. Con que esté en Internet no sé si ganamos algo.
–El punto es que la sociedad argentina está particularmente erizada con los fenómenos de corrupción de funcionarios públicos. Hay una necesidad de transparentar tal vez más fuerte que en otras sociedades.
–Estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que esté en Internet o en otro medio accesible no cambia la cuestión.
–¿Cuáles prevé que serán los próximos grandes temas que tendrá que resolver la Corte?
–Más que casos puntuales, diría lo que me parece que debe hacer una Corte. Por empezar, preocuparse por la institucionalidad, que es un rol que no ha cumplido bien. Eso significa reforzar el funcionamiento de las instituciones democráticas, abrirlas, hacerlas más participativas, defender esos principios constitucionales. Segundo, favorecer una democracia constitucional, es decir, la Corte debe ocuparse de respetar el principio de las mayorías pero defender las minorías cuando hay situaciones de afectación de sus derechos fundamentales. Construir consensos básicos sin sustituir a la gente en las discusiones. Finalmente, debe ocuparse de defender las garantías individuales.
–En la Corte están contentos con su llegada, entre otras cosas porque usted maneja temas como derecho de daños (accidentes, mala praxis, daño ambiental) y contratos. Allí dicen que esos serían los grandes asuntos a futuro. ¿Por qué podrían serlo?
–Me parece que hay muchos más temas. Va a haber casos de contratos, pero también constitucionales.
–Es factible que el Estado vaya a la Corte frente a posibles fallos contrarios en el CIADI en los pleitos con privatizadas. ¿Qué implicancias tendrán esas resoluciones del alto tribunal?
–Puede ser variado. El Estado es el gran litigante en la Corte. A veces gana y a veces pierde. A veces abusa de su poder y a veces es débil frente a poderes económicos. Hay que aplicar criterios jurídicos, esto no es la lucha de clases. Hay que recuperar el Estado de Derecho y que todos seamos iguales ante las reglas. hubo un largo período en que estos criterios fueron dejados de lado. En cuanto a mí, yo trabajé en muchos temas, no sólo contratos: derechos del consumidor, ambientales, derechos humanos, comercio electrónico, derecho económico. Alguien que se dedica a la investigación jurídica como yo, no puede ser encasillado como civilista. Hoy el Código Civil es una parte pequeña de la vida jurídica.
–¿La discusión sobre la pesificación está agotada? ¿El fallo que declaró su inconstitucionalidad y redolarizó los depósitos de San Luis puede tomarse como un criterio definitivo o hay que revisarlo?
–Yo creo que la discusión no está agotada.
–¿Qué importancia tiene hoy el reclamo de los ahorristas? ¿Un fallo de la Corte sobre pesificación puede todavía incidir en el sistema financiero?
–El reclamo de los ahorristas existe y la Corte debe resolverlo, pero en mi actual situación no puedo decir cómo ni con qué consecuencias.
–¿Firmó el petitorio de Juan Carlos Blumberg?
–Sí lo firmé. Lo hice para solidarizarme con él.
–¿El endurecimiento de penas es una salida a la inseguridad?
–Es un tema complejo. Endurecer penas no significa que vamos a solucionar nada, aunque haya casos en que puede ser bueno. Pero no es la gran solución. A Blumberg lo respeto como padre y realmente si a mí me pasara lo que a él no sé si lo soportaría. Lo admiro por el compromiso que tomó frente al hijo y que lucha por eso. El como ciudadano tiene que pedir resultados, es su derecho. Pero en los medios no se puede discutir con esa simplicidad. Una cosa es el dolor y otra es el problema técnico y jurídico.