“Mirá el desastre que nos armaron”, exclamó un integrante del Gabinete cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la limitación que sufrían las víctimas de accidentes de trabajo para ir a la Justicia. El estupor volvió a la Casa Rosada el mismo día al saber que el tribunal había suspendido las elecciones constituyentes convocadas por la intervención de Santiago del Estero, lo que detonó una crisis política en la provincia. Estos dos fallos recientes, sumados a una serie de decisiones en materia de derechos humanos y de reformas judiciales, abren una enorme expectativa: ¿Puede la Corte ser finalmente un actor social con peso propio? ¿Habrá dejado de funcionar como un apéndice del poder político? ¿Podrá consolidarse como un poder autónomo? Organizaciones civiles y juristas que monitorean a los supremos creen estar frente al comienzo de un cambio sustancial, aunque advierten pesadas asignaturas pendientes.
En el verano de 2002 las escalinatas del Palacio de Justicia estuvieron más caldeadas que nunca. Aunque ya parece historia antigua, ocurrió: miles de personas –que no eran mayoría de ahorristas, contra la creencia común– cacerolearon una y otra vez contra la Corte menemista, con una conciencia inédita de su importancia como poder público. Al comienzo los convocaba la Asociación de Abogados Laboralistas. Su secretario, Luis Ramírez, se paraba con un megáfono en la mano, barba entrecana y camisa de manga corta, y gritaba con desesperación pidiendo la expulsión de los supremos. Ramírez se conmociona hoy cuando mira hacia atrás y se encuentra a sí mismo en los cimientos de un proceso que tardó pero ya dejó a cuatro cortesanos fuera de carrera y llevó a que el gobierno de Néstor Kirchner cambiara las reglas de nombramiento, para que sólo se pueda llegar a la toga después de pasar un examen público. “Antes la Corte parecía un Olimpo, con dioses que se movían en secreto. Ahora, empieza a dar señales de no subordinación al poder económico y al poder político”, dice el abogado. Guarda, además, una cuota de desconcierto porque es en su especialidad jurídica, el derecho laboral, donde la Corte produjo el mes pasado uno de sus primeros “grandes giros”.
Modificó la doctrina de los años noventa al suprimir el tope a las indemnizaciones por despido sin causa e invalidó un artículo clave de la ley de riesgos del trabajo, por el cual se impedía a los trabajadores llevar sus reclamos por accidentes laborales a la Justicia civil y se limitaba la reparación económica por el daño sufrido a lo que cobraran de las ART. En la misma línea, el tribunal suprimió el tope a la liquidación de jubilaciones. “Hay que admitirlo: esto produce una nueva visión del mundo del trabajo que coloca al hombre en el centro”, celebra Ramírez.
En los viejos tiempos, cada vez que terminaba un plenario de la Corte, Julio Nazareno salía caminando por la alfombra roja con su paso cansino y repetía: “No pasa nada”, lo que ponía en evidencia que pasaba de todo. Las reuniones cortesanas no perdieron su manto de misterio, pero por lo general los fallos se exhiben y algunos, sobre todo los que despuntan rasgos autónomos del tribunal, son mostrados con orgullo.
“¿Vio lo que firmamos hoy?”, anunció con regocijo a este diario un supremo el día del fallo contra las ART. El juez aludía al aspecto simbólico. Pero con los días quedó claro que el efecto de esa resolución era de alto impacto: todo el mundo, aun empresarios y ART, sabía de antemano que el sistema de cobertura de accidentes tenía enormes falencias, pero sólo una vez que intervino la Corte se comenzó a discutir con urgencia un proyectode reforma a la ley. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, elevará una propuesta a Kirchner en diez días.
“En el último año se ha comenzado a advertir una renovación en la Corte, no sólo porque cambiaron algunos de sus integrantes, sino también por las transformaciones en su funcionamiento y en su jurisprudencia, que contribuyeron a que recupere legitimidad”, evalúa Andrea Pochak, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales. “De todos modos –aclara–, es sólo un comienzo.” En el informe anual que presentará en diciembre, el CELS hará una enumeración de los fallos “que muestran a la Corte en un camino de mayor independencia”. A las decisiones sobre asuntos laborales agregará la medida cautelar que suspende las elecciones de convencionales constituyentes en Santiago del Estero y el fallo que declaró imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad al ratificar la condena al ex espía chileno Enrique Arancibia Clavel por el asesinato de Carlos Prats y su esposa. En cuestiones de funcionamiento, destacará las acordadas de los supremos para dar a publicidad, especialmente por internet, sus sentencias, gastos, contrataciones y disposiciones administrativas, así como el convenio en el que delegaron la fiscalización de su presupuesto a la Auditoría General de la Nación.
La nueva mayoría
“La nueva mayoría”, nombre del renovado juego interno uno de los miembros menos antiguos del tribunal, recibió con algarabía el nombramiento de Ricardo Lorenzetti como próximo compañero de andanzas. “A mí me encanta, porque es un hombre de buen talante, que no busca conflictos, es un conciliador”, valoró uno de los ministros consultado por Página/12. Su comentario trasciende a los dones del postulante porque refleja el ánimo que reina en la Corte. Existen abismos ideológicos y de estilo –en un despacho un juez toma mate con sus secretarios, en otro reina un silencio monacal–, pero tanto los supremos antiguos como los más novatos parecen conscientes de que tienen una oportunidad única de poner sus apellidos en los libros de historia. Lorenzetti, con su espíritu de equilibrio, encaja en esa estructura encaminada a la búsqueda de consensos que explica la unanimidad en fallos clave como el de las ART.
Cuando alguno de los magistrados habla de “nueva mayoría”, lo hace con ironía, sólo para diferenciarse de la mayoría automática. Hubo un momento crucial, no hace mucho, que exhibió el quiebre: después que Adolfo Vázquez hizo un escándalo público con denuncias de atentados y acusaciones a sus colegas de ser permeables al Gobierno, los demás jueces suspendieron el plenario habitual. La soledad del amigo de Carlos Menem fue tan evidente que se transformó en un elemento adicional para que renunciara.
“Está claro que hay un proceso de transformación interna en la Corte”, dice el ex ministro de Justicia de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra. “Se han dictado numerosas medidas tendientes a transparentar y tornar más eficaz su funcionamiento. Esto la hace más confiable y creíble frente a la sociedad”, agrega el jurista, que integra Argenjus, un grupo de ONG que lleva proyectos de reforma al tribunal. Gil Lavedra pone el acento en los fallos de las elecciones santiagueñas y de derechos humanos. En el primer caso “porque puso en jaque al Gobierno con argumentos constitucionales” y en el segundo “porque es la primera vez que se aplica de modo directo en Argentina una regla del derecho internacional, reconociendo como imperdonables los delitos del terrorismo de Estado”. En base a esto, agrega el letrado, “se puede suponer que la Corte invalidará las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.
Flores
El día que Elena Highton de Nolasco –la primera mujer en la Corte nombrada en democracia– estrenó su despacho la esperaba un gigantesco ramo de rosas amarillas sobre el escritorio. La tarjeta le deseaba éxito y llevaba la firma de Enrique Petracchi. El gesto resume todo un estilo y el rol de quien preside el tribunal desde comienzos de este año. “Fue Petracchi”, es la respuesta predominante cada vez que alguien consulta sobre quién llevó tal o cual tema al acuerdo o impulsó cambios de hábito en el tribunal. Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor administraban el juego cortesano en la era menemista. Ahora cada ministro despunta un perfil propio, pero es Petracchi quien reparte las flores.
El presidente de la Corte, Augusto Belluscio y Carlos Fayt fueron designados durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Antonio Boggiano, que enfrenta un proceso de juicio político, es el único que queda de los que llegaron con Menem. Juan Carlos Maqueda pasó de senador a supremo en la transición duhaldista. Los últimos arribos fueron los de Raúl Zaffaroni y Highton, que inauguraron el nuevo proceso de selección con impugnaciones y audiencias públicas. Pronto se sumarán Carmen Argibay y Lorenzetti.
Un juez federal señaló que se insinúa un cambio ponderable, que lleva el estilo de la Justicia estadounidense. En lugar de tramitar 14 mil casos al año, la Corte aspira a achicar sus competencias. El objetivo es fijar grandes líneas de doctrina jurídica sobre grandes asuntos, pero todavía faltan medidas tanto del tribunal como del Congreso para que esto quede plasmado. “Hasta ahora lo están haciendo con gestos, pero hay que institucionalizarlo”, explicó el magistrado.
Mucho por hacer
Las transformaciones brillan por su importancia, pero también porque contrastan fácilmente con la historia del Poder Judicial de los noventa. Sin embargo, las mismas organizaciones y personalidades que rescatan los cambios alertan sobre una gran cantidad de cuestiones pendientes. Son desafíos que mostrarán hasta dónde llega la renovación y si realmente se está recuperando el juego de poderes autónomos de la democracia.
“No es imprescindible la intervención del Congreso para que todos los jueces paguen Ganancias. Los magistrados están exentos de esa obligación por una acordada de la Corte de 1996 que podría ser tranquilamente anulada con una simple decisión del propio tribunal”, advierte Pochak. La especialista del CELS también reclama la publicidad sin restricciones de las declaraciones juradas de los ministros. “Todavía está vigente una resolución que hace imposible acceder a esa información”, añade.
Para Gil Lavedra la Corte tendrá un test político determinante: “En algún momento deberá tomar posición sobre el control a los decretos de necesidad y urgencia. Es una herramienta de la que se abusa sistemáticamente. De lo que el tribunal resuelva sobre su constitucionalidad surgirá hasta qué punto le marca los límites al poder”. El ex ministro sostiene que “la Argentina hoy tiene una estructura de poder desquiciada porque el Ejecutivo usurpó facultades al legislativo. El tribunal también deberá fallar sobre las barbaridades que ocurren en las provincias”.
Como temas coyunturales urgentes aparecen el de la pesificación y el de las leyes de impunidad. “Sería importante que la cabeza del Poder Judicial ratificara la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final ya dictada por tribunales inferiores”, señala David Baigún, presidente del Inecip. “La nueva Corte tiene un protagonismo diferente a la anterior, pero está en sus comienzos”, reflexiona. El especialista agrega que si bien el tribunal dio pasos para convalidar la pesificación –revirtiendo la línea que empezó a trazar Nazareno–, se necesita que falle sobre el fondo de la cuestión.
“La Corte está fijando una agenda distinta con sus interpretaciones de la Constitución, pero es prematuro decir que estamos frente a un tribunal independiente”, analiza Roberto Saba, director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). El jurista aprueba el proceso de selección de jueces creado por el actual gobierno. Pero agrega que para la anhelada independencia sería conveniente que Kirchner no hiciera más nombramientos e incluso que la redujera a siete miembros. Es una posición compartida por el CELS y las ONG que impulsan el proyecto “Una Corte para la democracia”. Pero Saba da otra vuelta de tuerca. A su entender, lo que define si una Corte es liberal –“como la de los ochenta”– o conservadora –“como la de los noventa”– son sus fallos sobre libertades individuales. Será decisivo, ejemplifica, lo que diga sobre dos temas de alta sensibilidad social y política: los cortes de ruta como herramienta de protesta y los derechos reproductivos. En esto, la nueva Corte todavía es un misterio.