“Adolfo Vázquez era el último de la lista” añora, meneando la cabeza, un importante operador político del Gobierno. No se refiere al democrático orden alfabético, sino a la secuencia de juicios políticos que viene eslabonando el oficialismo que, en estos días, añadió a Antonio Boggiano. “Boggiano es otra cosa que los anteriores. En todo caso, es el menos peor de los peores. Es un tratadista y no un impresentable como Vázquez o Nazareno. Además, fue super sensato y constructivo en este tiempo.” Nadie se lo dijo al diputado Ricardo Falú, quien dinamizó el juicio político contra el quinto integrante de la ‘mayoría automática’, pero en la Rosada no cayó bien que Vázquez no sea, ya, el último de la lista.”
“Nos convenía estabilizar a la Corte, el propio Zaffaroni lo dijo”, sigue discurriendo el operador. “También lo comentó Miguel Pichetto”, agrega Página/12, “quien no suele mandarse sin alguna señal de la Rosada”. Y ya que estamos, pregunta.
–¿Van a parar el juicio a Bo-ggiano?
“¿Usted se pondría delante de un tren bala? –replica el operador–. El juicio es imparable. Nadie puede pagar el costo de proteger a Bo- ggiano.”
En el fondo, de eso se trata. La anécdota, la espuma, es que hubo algún teléfono descompuesto entre Falú (“un soldado del Gobierno”, reconocen en el Congreso y en la Rosada) y el Ejecutivo, que esperaba amainaran los vientos contra los automáticos. Algo de eso dialogaron el martes Oscar Parrilli y el diputado, quien se quejó de ser operado desde la Rosada, pero reconoció que nadie lo había llamado ni presionado.
De haber existido línea directa, quizás el diputado tucumano podría haber demorado algo el quinto juicio político, entendiendo que no había llegado aún la oportunidad. Pero es cabal que la dinámica desatada en los albores de su mandato por Néstor Kirchner, que tuvo a Falú como ejecutor, no podía detenerse en una imaginaria línea que protegiera a Boggiano del tren bala. La higiene institucional, máxime cuando logra consensos homéricos, genera un clima que no es posible desafiar sin pagar severos costos políticos.
–¿Qué harán el Senado y Pichetto mismo? se interesa este diario.
“Nada más. Nadie va a hablar porque es un quemo. Si la acusación se aprueba, al Senado no le va quedar otra que condenarlo, por los mismos cargos que llevaron a la destitución o a la renuncia a los otros. ¿Pichetto? –otea en el futuro en el operador–. Ya habló, ahora callará. Y... lo más posible es que su próxima actividad sobre el tema sea llevarle la renuncia de Boggiano al Presidente.”
En la Rosada hay rezongos contra Falú, pero lo cierto es que, aunque el tucumano pilotee de buen grado el tren bala, tampoco él podría detenerlo si quisiera intentarlo.
Los que están
Entretanto, la nueva Corte ya funciona. Y cómo. Jueves a jueves el tribunal da a conocer fallos unánimes, muy consistentes en su fundamentación jurídica y referidos a temas sensibles. Tanto que amplían la agenda pública, en especial la del Gobierno, como no consiguen hacerlo (ni ahí) ninguna fuerza opositora ni el Parlamento. En nuestro sistema constitucional los tribunales resuelven casos particulares. No legislan ni imponen soluciones obligatorias para otros tribunales, ni siquiera para ellos mismos. Ningún juez está obligado a plegarse a los criterios de la Corte y ésta misma puede revisarlos en un juicio ulterior. Pero las decisiones del máximo tribunal tienen un peso difícil de soslayar.
El designio, sanamente, político de la nueva Corte es patente. Muchas de sus sentencias recorren (o descorren) tropelías del Estado terrorista de los ’70, que devastó los derechos humanos, y de las políticas de los ’90, que avasallaron derechos laborales y sociales, consagrados por la Carta Magna. Los casos elegidos son de chocante injusticia, lo que los torna más didácticos de cara a la opinión pública. El que declaró inconstitucional la prohibición de iniciar acciones civiles por accidentes de trabajo versó sobre un trabajador de 29 años, afectado por 100 por ciento de incapacidad, que recibía una indemnización irrisoria. El referido a Susana Yofre de Vaca Narvaja, que impone al Estado resarcir a la víctima que debió exiliarse, es también un caso límite. No son excepciones a la regla, para nada, pero sí supuestos en los que la violación a la ley es especialmente brutal e innegable.
La unanimidad de las sentencias añade autoridad a las decisiones.
Puesta en función, la nueva Corte le arma agenda al Gobierno, en un rumbo que no es ajeno a las banderas que Kirchner preconiza. Pero lo cierto es que le altera el escenario, imponiéndole en alguna medida los tiempos y privándolo de ser el gran abanderado de las conquistas. A Kirchner no lo gratifica que le impongan agenda y menos “ser corrido por izquierda”. La Corte, con toda delicadeza, en estricto cumplimiento de su rol constitucional, hace las dos cosas. Algo que le complica, en el corto plazo, la gestión al Gobierno. La ley modificando el diseño de las ART y acaso la que compensa a los exiliados estaban en el magín del Ejecutivo, para un futuro no inminente. Pero su escenario era ser el paladín de las reformas y decidir su “cuándo”. Ahora debe gestionarlas en tiempos más acuciantes y con las correlaciones de fuerzas alteradas. Nada letal, pero sí fastidioso, cuando menos exigente, para quienes están en la gestión. Y anhelan quedarse con todos los laureles que premian el cambio de rumbo.
El jefe de Gabinete Alberto Fernández, suele comentar en la intimidad que los fallos de la Corte “son impecables” y que “le encanta enterarse de ellos por los diarios”. A fe que son impecables y que la Rosada no interviene en las resoluciones. Pero seguramente no fue el entusiasmo la emoción primera del Gobierno cuando conoció el rechazo a la reforma constitucional en Santiago del Estero o la inconstitucionalidad de las ART. La falta de entusiasmo o como quiera llamársela explica en parte el desinterés en eyectar a Bo-ggiano. La iniciativa y hasta la sorpresa son recursos que encantan a muchos gobernantes, a los peronistas en especial y Kirchner no es la excepción. Pero tendrá que acostumbrarse a las consecuencias inexorables de sus mejores acciones.
Tanto las jugadas inesperadas de la propia tropa (Falú) como de la nueva Corte son virtuosos derivados de un estado de cosas que este gobierno propició. La restauración de las instituciones induce al contrapeso de poderes, a los límites al Ejecutivo, al establecimiento de límites y obligaciones que nadie puede transgredir. La movida de Falú, el estilo de la nueva Corte son frutos de la mejor siembra del Gobierno, más allá de que éste perciba (por momentos) que le saben agridulces.