Por Diego Martínez

“Mi relación era con el juez federal de esta ciudad, doctor Guillermo Federico Madueño. Nos reuníamos en compañía de nuestras esposas en el domicilio del general Azpitarte, ubicado en el barrio Palihue. Las señoras se iban al comedor mientras el juez, el general y yo permanecíamos en el living conversando secretamente de todo lo que acontecía en la subzona 51 contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al doctor Madueño a hacer la investigación en la Universidad Nacional del Sur.” La declaración es del general Acdel Edgardo Vilas, segundo comandante del V Cuerpo y cara visible del terrorismo de Estado en el sur bonaerense, y consta en la foja 4 de su testimonio ante la Cámara Federal de Bahía Blanca en 1987. El anfitrión, general Osvaldo René Azpitarte, era el comandante del V Cuerpo. El juez Madueño era el encargado de rechazar los hábeas corpus presentados por los familiares de los secuestrados, entregarles los cadáveres ametrallados o calcinados, ordenar seccionar las manos de los supuestos NN para luego simular su identificación y por fin sobreseer y archivar en tiempo record las causas por los fusilamientos que las Fuerzas Armadas difundían como enfrentamientos. Esta colaboración lo convertía junto con el diario naval de Diana Julio de Massot en un eslabón fundamental de las operaciones psicológicas que Vilas admitió.
Madueño –a quien Página/12 intentó entrevistar y que agradeció el llamado pero explicó que “tiene como norma hablar sólo por medio de mis fallos”– asumió como juez federal de Bahía Blanca en 1975, año marcado a fuego por la intervención en la Universidad del Sur del integrista católico Remus Tetu, editorialista de La Nueva Provincia que se jactaba de haber integrado un grupo similar a los ustashas croatas en su Rumania natal. Tetu dio luz verde para que su “servicio de seguridad y vigilancia” impusiera el terror desde el primer día, cuando su jefe de custodios Jorge Argibay fusiló por la espalda y delante de sus compañeros en un pasillo al secretario del centro de estudiantes David Cilleruelo. El gran aporte de Madueño sería a partir de 1976, cuando la Alianza Anticomunista Argentina entregó la posta a las Fuerzas Armadas y cobraron cierta importancia los tintes de legalidad. En los once meses de mayo de 1976 hasta abril de 1977 el V Cuerpo informó sobre al menos diez enfrentamientos, cuyas víctimas, 14 hombres y 8 mujeres, habían sido en realidad secuestradas, torturadas y vejadas en La Escuelita, el campo de concentración donde fueron vistos por última vez cientos de vecinos del sur bonaerense y la Patagonia.
Atacados por los muertos
El 4 de septiembre el V Cuerpo informó que “como resultado de investigaciones” habían tomado conocimiento sobre una “reunión de la delincuencia subversiva, a la que se puso término”. Según el comunicado, el operativo concluyó con cuatro abatidos, dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer no identificados. En la casa secuestraron un fusil, una escopeta y dos pistolas automáticas, un revólver y diez granadas, pero curiosamente ningún militar resultó herido. Como muestra del óptimo trabajo de inteligencia previo detallaron el prontuario de los delincuentes y La Nueva Provincia publicó sus fotos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que retiraran los cadáveres y dieran intervención al juez Madueño. El subcomisario Félix Alejandro Alais (miembro de la Triple A, hermano del general que nunca llegó a Campo de Mayo en la Semana Santa de 1987 y cuñado de Suárez Mason) suscribió el acta con absoluta honestidad. “Fueron atacadas las fuerzas del orden por los muertos”, escribió.
Madueño inició la causa por “atentado y resistencia a la autoridad y muerte” y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la Policía Bonaerense aconsejó seccionar las manos “por no contar con los medios idóneos”. Madueño dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que “el femenino no se pudo identificar”. Cuando se publicó la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue. “Manolo y Zulma eran hermanos del corazón”, recuerda su hermana Susana Matzkin. Ambos enseñaban a leer en los barrios Maldonado y Villa Nocito.
Castillo y Fornasari habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en una camioneta Fiat 125 Multicarga que luego usaría quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha. Un día después desvalijaron el negocio de repuestos de Castillo y secuestraron a su socio Héctor Rubén Sampini, quien continúa desaparecido. A Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio al mediodía. Tarchitzky era físico nuclear egresado del Instituto Balseiro y había sido secuestrado dos días después, mientras dormía en la casa de su tío. Por el origen de su apellido su familia fue obligada a abandonar Bahía Blanca en 48 horas. En octubre la fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin oír a los verdugos ni cuestionar la versión oficial. Valdunciel de Moroni también logró reciclarse y actúa nada menos que como defensora oficial ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Benditos niños
María Graciela Izurieta estaba embarazada de dos meses cuando fue secuestrada de su departamento junto con su esposo Ricardo Garralda, el 23 de julio de 1976. Los vecinos vieron cuando los cargaban en un camión del V Cuerpo y saqueaban sus bienes. El 18 de septiembre un comunicado informó sobre dos abatidos durante un enfrentamiento “al proceder a su detención”. Uno era José Luis Peralta, secuestrado un mes antes en Mar del Plata y visto en La Escuelita, el otro no estaba identificado. Esa misma noche el subjefe Alais redactó el acta con la versión del COT y dio intervención a Madueño, quien una vez más ordenó seccionar las manos del “NN masculino”. Dos semanas después informaron que se trataba de Garralda, quien “convivió con Graciela Izurieta, alias Corta, otra importante figura de la delincuencia subversiva local, actualmente prófuga (sic) y cuya captura procuran las fuerzas legales”. Cortita era el apodo que le habían puesto los guardias de La Escuelita mientras la hacían caminar vendada alrededor de una mesa por prescripción de médicos militares.
El cuerpo ametrallado de Garralda, con un tiro de gracia en la frente, fue reconocido por sus familiares previa autorización de Madueño, que días después rechazó un hábeas corpus presentado por la madre de Izurieta. El 15 de noviembre, sin haber identificado a los asesinos ni examinado sus armas ni las de los muertos que habían atacado a las fuerzas legales, y previo dictamen favorable de la fiscal Valdunciel de Moroni, el juez declaró “extinguida la acción penal” en la causa de los fusilamientos. En diciembre los padres de Izurieta recibieron una carta de puño y letra de Graciela. Les decía que era “un milagro” poder escribirles, que tenía “una panza bastante respetable”, que estaba viva gracias a su bebé y pronto la trasladarían a la cárcel de Villa Floresta. Ese mismo mes fue vista por última vez en La Escuelita y su hijo aún no conoce su verdadera identidad.
En 2001 Madueño debió recordar los sabrosos diálogos con Vilas y Azpitarte cuando en su tribunal recayó el primer juicio oral y público contra un militar por el robo de una criatura. Claudia Poblete tenía ocho meses cuando fue secuestrada el 28 de noviembre de 1978, junto con sus padres José Poblete y Gertrudis Hlaczik, ambos discapacitados y militantes del Frente de Lisiados Peronistas. Los tres fueron trasladados al centro clandestino El Olimpo mientras con idéntica metodología que sus pares bahienses un camión militar arrasaba con sus bienes, desde una máquina de escribir hasta las sábanas y toallas. El matrimonio continúa desaparecido, pero su hija quedó en manos del teniente coronel Ceferino Landa y su esposa Mercedes Moreira y en 2000 recuperó su identidad. En junio del 2001, los jueces Guillermo Gordo, Rafael Di Renzi y el mismísimo Madueño condenaron a Landa a nueve años y medio de prisión por retención y ocultamiento de una menor de 10 años y por falsificar su partida de nacimiento para anotarla como hija biológica. Después del fallo el público que acompañó a las Abuelas de Plaza de Mayo coreó: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
Soldados de papel
El 14 de agosto de 1976 los militares secuestraron en Bahía Blanca a Luis Alberto Sotuyo, a su mujer Dora Mercero y a un amigo que vivía con ellos, Roberto Lorenzo. Los vecinos los vieron salir con vida. Al día siguiente, mientras dos camiones del V Cuerpo desvalijaba la casa, leyeron en La Nueva Provincia que en esa dirección se había producido un enfrentamiento que culminó con “tres abatidos”. Según el comunicado, allí guardaban escopetas, revólveres, granadas, detonadores y uniformes, todo “enterrado en dispositivos especialmente construidos al efecto”, cuya foto publicó La Nueva Provincia. Días después, Madueño rechazó un hábeas corpus de los padres de Lorenzo. Los familiares de los tres jóvenes en realidad siempre supieron que sus hijos estaban en La Escuelita. Se los había dicho el capellán del V Cuerpo, Dante Inocencio Vega. “Tengan fe, los chicos están. No me nombren porque me comprometen, pero insistan”, les sugirió el mismo hombre que en 1983 juró por la Biblia no conocerlos.
El 17 de septiembre, otro comunicado informó que, luego de intentar “eludir un control de ruta”, habían sido abatidos Cristina Coussement (secuestrada en Mar del Plata a principios de agosto) y un hombre no identificado. El conductor aceleró mientras la mujer “abría fuego contra el personal militar” informaron, con tan mala puntería que ninguno había resultado herido. Una semana después, cuando el padre de Lorenzo viajó desde Necochea para pagar las costas del hábeas corpus rechazado, en la Policía Federal le mostraron como al pasar la foto del “NN abatido”. Era su hijo. Un trámite burocrático le había evitado a Madueño la desagradable orden de seccionar sus manos. Se limitó a cerrar la causa sin ordenar autopsias ni periciar armas ni interrogar a las “fuerzas legales”.
En los últimos días de ese septiembre, Vilas le informó por escrito a su juez amigo que el matrimonio Sotuyo-Mercero no estaba detenido. Habían pasado ya cincuenta días de los secuestros cuando Vilas autorizó a sus padres a entrar a la casa. Recién entonces pudieron constatar las reformas para la foto: un prolijo trabajo de albañilería, pisos levantados, el boquete donde guardaban el arsenal, cielorrasos rotos, pero ningún rastro del tiroteo. A fines de octubre, Vilas le repitió a Madueño y a su secretario Hugo Mario Sierra, que aún ejerce como abogado en Bahía Blanca, que las víctimas del 15 de agosto estaban “identificadas” pero no eran Sotuyo ni Mercero. El juez no preguntó quiénes eran. En 1987 Vilas confesó ante la Justicia que aquella había sido otra operación psicológica. Cuando el fiscal general Hugo Cañón le preguntó si también le mentían a los jueces que pedían información para los hábeas corpus, Vilas explicó que podían mentir sólo después de pedirle autorización a “la superioridad”, es decir a Azpitarte. Por la noche volverían a reunirse, mandarían a sus señoras al comedor y conversarían sobre la guerra que habían inventado.