“No asumí ningún compromiso político para dejar de investigar”, enfatizó ayer el juez federal Juan José Galeano al desmentir que haya dejado de investigar pistas del atentado a la AMIA, como la que involucraba al descendiente de sirios Alberto Kanoore Edul. Con estas consideraciones, y otras destinadas a desprestigiar a un ex prosecretario suyo, Claudio Lifchitz, quien lo denunció por supuestas irregularidades, Galeano retomó su defensa ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Al finalizar la audiencia manifestó sentirse “cansado” y los consejeros le concedieron un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10. Según evaluó el consejero Beinusz Szmukler ante Página/12, el magistrado “no supo dar respuestas convincentes a determinadas cuestiones”, tales como algunas intervenciones telefónicas que ordenó en el expediente y la suspensión del allanamiento a la casa del ex diputado carapintada Emilio Morello.
Durante la audiencia, Szmukler le cuestionó esta última decisión, dada la importancia que el propio Galeano le dio en su relato a la pista carapintada. “Cuando se enteró de que era un diputado mandó frenar el allanamiento. Galeano trastabilló y se fue por la tangente al explicar esto”, relató el consejero. Y recordó que, por sus fueros, los legisladores sólo no pueden ser arrestados, pero el resto de las medidas judiciales les caben como a cualquier ciudadano.
Acerca de las intervenciones telefónicas, el juez aseguró que actuaba “conforme a derecho”. Afirmó que la SIDE le daba un listado de teléfonos sin indicarle quiénes eran los titulares. Ante la insistencia de las preguntas dijo que en realidad sabía quiénes eran pero admitió que no hay constancia de ello en la causa. Por otra parte, negó haber presionado a testigos y que el detenido César Fernández haya sufrido apremios ilegales. Con el apoyo de apuntes y documentación certificada de distintas causas, acusó a Lifchitz de haber sido “de utilidad para todos los sinvergüenzas que luego salieron en libertad”, en alusión a los absueltos en el juicio oral que terminó el 2 de septiembre. Galeano recordó que su ex prosecretario fue incorporado al juzgado a sugerencia del entonces comisario de la Policía Federal, Jorge “Fino” Palacios.
Según describió, Lifchitz “demostraba carencias en cuanto a su formación jurídica y académica” y escribía en una computadora “para su propio beneficio”. Agregó que “estaba preparando un libro y pretendía guardarse ideas, información y documentación que hurtó con la voluntad de realizar un negocio”. Y reseñó que algunas de las ideas “brillantes” de Lifchitz fueron, por ejemplo, “darle máquina a Telleldín, secuestrarle a la mujer y así avanzar en la causa”. El juez se lamentó de que los jueces del Tribunal Oral Federal 3 hayan creído las “mentiras, falsedades, inventos y fantasías espectaculares” de Lifchitz.
La semana pasada el cuestionado juez justificó como “imprescindible” para un delito de la magnitud del atentado a la AMIA haber pagado 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín, algo que encuadró en una “compensación o recompensa”. Ayer, el juez no retomó este tema y siguió con una exposición que va por su cuarto día, destinada a defender cada paso dado en la causa. Al final, dijo estar muy cansado y prometió volver sobre el pago y al polémico video que registró el trato durante la próxima y, seguramente, última audiencia.