Al fiscal Norberto Quantín no le agrada estar en la mira del juez federal Jorge Urso. Así lo expuso ayer en declaraciones radiales. Pero, además, dejó en claro que cree que los perseguidos deben ser los piqueteros. “Urso metió la pata. En lugar de seguir la causa contra los que tomaron la comisaría 24, parece entretenerse con quienes hemos sido los principales testigos”, dijo. De hecho, en esto sí coinciden Urso y Quantín. El juez imputó al líder de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Luis D’Elía, por una gran gama de delitos, incluido uno que no permitiría su excarcelación. El desafuero del ex secretario de Seguridad pedido el viernes, en cambio, es porque no se presentó a las citaciones que le hizo el magistrado. Por su parte, D’Elía informó que su defensa recusó a Urso por haber “politizado” la investigación sobre la toma de la seccional de La Boca.
Ante las negativas de Quantín de presentarse a declarar en la causa que investiga la toma de la comisaría 24, Urso solicitó el viernes al procurador general, Esteban Righi, que le retire los fueros al fiscal. De este modo quedaría allanado el camino para que el ex secretario de Seguridad pueda ser llevado por la fuerza hacia los tribunales de Retiro si vuelve a eludir la cita. El pedido emitido por el magistrado también apuntó hacia el fiscal José María Campagnoli, quien fue segundo de Quantín durante su paso por el Gobierno.
Quantín y Campagnoli están acusados en el expediente de desobedecer a la jueza María Angélica Crotto, quien habría ordenado el desalojo de la comisaría luego de la toma liderada por D’Elía en la noche del 25 de junio, luego del asesinato del dirigente barrial de la FTV, Martín “Oso” Cisneros.
“Metió mucho la pata”, dijo Quantín en declaraciones radiales, y señaló que la causa debería estar en manos de “alguien imparcial, que tenga un mínimo de conocimiento jurídico y que no esté ofuscado de rabia”.
El defensor de D’Elía, Belisario Otaño Moreno, también cargó contra Urso por el pedido que presentó ante la Legislatura bonaerense para que el diputado provincial sea desaforado. El abogado aseguró que “hemos recusado al juez porque prejuzgó y porque es evidente que ha perdido la imparcialidad”. Otaño Moreno dijo que el juez busca provocar “efecto en la opinión pública” con el pedido de desafuero del líder de la FTV.
El propio D’Elía criticó a Urso y aseguró que “es un juez de la servilleta de Corach, a quien mi defensa ya recusó”. “Si la Justicia y la policía hubiesen hecho lo que debían –señaló– ahora Cisneros estaría con vida, ni un millón de vidrios rotos pueden pagar la vida del Oso.”
El dirigente piquetero responsabilizó además al comisario Cayetano Greco –quien estaba al frente de la comisaría la noche de la toma– de haber estado “en connivencia” con el asesino del militante de la FTV. “Juan Carlos Duarte tenía cuatro causas pendientes y cuando denunciamos las amenazas a Cisneros, ni la policía ni la Justicia movieron un dedo”, dijo.
En ese sentido, D’Elía rechazó sus imputaciones en la causa –en la que está acusado por once delitos, desde lesiones hasta resistencia a la autoridad e incitación a la violencia– y aseguró que la ocupación fue “una reacción legítima de la comunidad, que se movilizó y exigió el juicio y castigo al asesino del director del comedor Los Pibes”. El diputado provincial explicó que se trató de una situación similar a la que se desató “entre los vecinos de El Jagüel cuando se produjo el asesinato de Diego Peralta”.
D’Elía había asegurado que renunciaría a sus fueros para no obstruir el avance del expediente, pero ahora será la Legislatura provincial la que debe decidir si hace lugar al pedido presentado por Urso.
El presidente de la comisión parlamentaria de ese cuerpo, el diputado bonaerense Carlos Bonicato, aseguró que “en la sesión del miércoles, se va a evaluar si es procedente o no el requerimiento del juez”. “Se tiene que tomar con mucha seriedad esta cuestión porque no podemos vivir de acuerdo a los vaivenes de la presión pública de los acontecimientos”, señaló Bonicato.Lo cierto es que las expectativas de que este pedido logre pasar por la Cámara baja no son muchas. Allí hay cerca de 50 legisladores con pedidos pendientes por acusaciones por hechos de corrupción y el caso podría sentar un precedente. “Sería abrir las puertas del infierno”, advirtió el propio D’Elía.