Marta Coronel y su padre, Rolando, fueron secuestrados en mayo de 1977. Un grupo de hombres armados vestidos de civil irrumpió en la casa en la que vivían en San Miguel de Tucumán y se llevó a ambos. De Marta, se supo que murió en el campo de concentración que funcionaba en la jefatura Central de Policía. Las últimas noticias de su padre fueron las de su secuestro. Veintisiete años después, la Justicia provincial se encontró con una demanda por “prescripción adquisitiva” sobre la vivienda de la calle Chacabuco, en la que habitaban los Coronel. La persona que la ocupaba estaba interesada en obtener el título de propiedad. La sorpresa llegó cuando se supo que quien vivía en esa casa era un represor que sirvió a Antonio Domingo Bussi: Luis Armando De Cándido, quien durante la dictadura fue integrante del Servicio de Inteligencia Confidencial de la Policía de Tucumán.
El fiscal de Tucumán Emilio Eduardo Ferrer inició la investigación sobre la ocupación ilegal de la casa de la calle Chacabuco después de recibir una denuncia, en la que se también se señalaba la usurpación de otra propiedad ubicada en la calle Jujuy de la misma ciudad, que también era de la familia Coronel.
Sobre la casa de la calle Chacabuco existía en el registro inmobiliario una inscripción de un juicio de prescripción adquisitiva a nombre de Luis Armando De Cándido y de su esposa Ana Lía Marteau. Al parecer, los represores tucumanos no contaban –o no necesitaban contar– con los sofisticados recursos con los que sus colegas de la ESMA se apoderaban de los bienes de sus víctimas. En este caso no había títulos falsos o firmados a la fuerza. Por eso De Cándido estaba tratando de obtener uno legal, intentando hacer valer el tiempo que había vivido en el lugar.
La otra propiedad de los Coronel, ubicada en la calle Jujuy, está ocupada por Carlos Esteban De Cándido, hermano de Luis Armando, desde octubre de 1978. En esa vivienda –pero en otra unidad que pertenece al mismo inmueble– vive desde 1972 una señora llamada María Teresa Martín, quien en una oportunidad, formuló la denuncia de usurpación contra Carlos Esteban De Cándido. El expediente fue remitido a los tribunales de la provincia y luego se perdió.
A partir de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Ferrer reactivó la causa por la desaparición de los Coronel y reclamó el arresto de Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del III Cuerpo de Ejército; el dictador Antonio Domingo Bussi; Antonio Arrechea, ex jefe de la Policía de Tucumán; Roberto Heriberto Albornoz, ex subjefe de la Policía tucumana y los represores Norberto Ricardo Villegas y Luis Armando De Cándido, oficial asignado al SIC (Servicio de Información Confidencial) y usurpador de la propiedad de los desaparecidos.
El fiscal señaló además que el hermano del represor, Carlos Esteban De Cándido, que vive en la otra casa de los Coronel, también debía ser investigado porque resultaba “ser autor penalmente responsable de los delitos de usurpación de propiedad, que se trata del delito continuado”. Agregó que el hombre era asimismo encubridor de la desaparición del dueño de la casa ya que “no cabe duda que conocía el destino de Rolando Coronel y sin embargo, obró en consecuencia, ocupando el inmueble del que hoy se pide su restitución y del que estuvo beneficiado patrimonialmente todos estos años”.
El juez Jorge Parache hizo lugar a los planteos del fiscal y ordenó el arresto de los acusados. También dispuso la restitución de los inmuebles. Según relataron los medios tucumanos, el desalojo de la casa de la calle Chacabuco duró cinco horas y provocó revuelo entre los vecinos del barrio. Mientras la Gendarmería hacía el inventario y los peritos sacaban fotos, llegó a la vivienda Ana Lía Marteau, esposa del ex policía tucumano, quienfue subsecretaria general de la gobernación durante el último mandato de Bussi. La mujer enfrentó a los gritos a periodistas y a curiosos, pero no pudo evitar que su esposo saliera detenido en una camioneta de la Gendarmería.