Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron la indagatoria de 36 piqueteros que participaron de la toma de la comisaría 24 de La Boca, tras el asesinato del militante de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) Martín Cisneros. La solicitud abarca a todos los que, antes de retirarse de la seccional, firmaron un acta para dejar asentado que no se llevaban nada de la comisaría. Si bien en el pedido de indagatoria no hay una imputación de delitos, los fiscales atribuirían a los piqueteros las mismas figuras penales que al titular de la FTV, Luis D’Elía, quien está acusado de coacción agravada, lesiones, privación ilegal de la libertad, robo, daños y resistencia a la autoridad, entre otros cargos.
En el requerimiento, los fiscales reiteraron una solicitud para que también sea interrogado el dirigente de la FTV de La Boca Lito Borello, una medida que el juez tiene a estudio pero todavía no ordenó.
La toma de la comisaría ocurrió en la noche del 25 al 26 de junio, cuando luego de la muerte de Cisneros unas 40 personas ocuparon la seccional para que la policía detuviera al principal sospechoso del crimen, Juan Carlos Duarte. La reacción estuvo alimentada por varios factores: días antes del homicidio la organización de desocupados había denunciado a Duarte por amenazas, pese a lo cual la comisaría no intervino con medidas de seguridad. Por el contrario, la noche en que ocurrió el homicidio, señalaron testigos, el único efectivo que estaba a metros del lugar se subió a un patrullero y se fue. La ocupación de la seccional estuvo precedida así de acusaciones de que la policía habría garantizado una zona liberada. Después se sabría que Duarte, hoy detenido y procesado, tenía dos pedidos de captura pendientes que la seccional no concretó.
Junto con los pedidos de indagatoria, Comparatore y Evers solicitaron al juez federal Jorge Urso que sean interrogados el ex jefe de la Policía Federal Eduardo Prados, el ex subjefe Néstor Vallecas, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Francisco Meritello y el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Rafael Follonier, quienes según los fiscales estuvieron presentes durante la ocupación de la seccional. Finalmente reclamaron en su dictamen que se amplíe el testimonio de la jueza de instrucción María Angélica Crotto, que luego del episodio señaló que había dado la orden de desalojar la comisaría y fue desobedecida.
El requerimiento de los fiscales debe ser analizado ahora por el juez Urso, quien decidirá si le hace lugar o no. Todo indica que sí lo hará. La semana pasada, el magistrado solicitó la detención de D’Elía, cuyo desafuero está siendo analizado en la Cámara de Diputados bonaerense.
En la Federación de Tierra y Vivienda ayer no habían tomado vista de las novedades judiciales. Consultado por Página/12, Lito Borello señaló que el acta en base a la cual se hicieron los pedidos de indagatoria tiene los nombres de todos los que estuvieron adentro de la seccional, ya que fue realizada al término de la toma “para establecer que ninguna de las personas que estuvimos en la comisaría nos llevábamos nada”. El referente consideró que la causa judicial “es parte de una campaña del juez Urso que intenta golpear a las organizaciones” y está enmarcada en la disputa abierta entre los jueces federales y el gobierno nacional.
Urso imputó en el expediente al ex secretario de Seguridad Norberto Quantín y su segundo José María Campagnoli, por presunta desobediencia a la orden de desalojo que impartió Crotto. Con respecto a estos dos funcionarios (en la actualidad ambos han retomado sus antiguos cargos de fiscales), el magistrado formuló un pedido de juicio político con el objetivo de desaforarlos y llevarlos también a indagatoria. Los acusados han señalado por su parte que, de cumplir con la orden de desalojo, podrían haberse producido muertes. “Aquí se perdió el eje de qué fue lo que motivó este suceso: un homicidio, aparentemente por encargo, en unazona donde el matador se decía que vendía drogas para la policía”, consideró Campagnoli.
El rumbo de la investigación fue repudiado por las organizaciones sociales que comparten con la FTV el frente kirchnerista Mesa para un Nuevo Proyecto Nacional, cuyos integrantes impulsarán el juicio político contra Urso. Otros sectores piqueteros, como el que conduce Raúl Castells, plantearon su solidaridad con los integrantes de la FTV. En el mismo sentido se pronunciaron la Corriente Clasista y Combativa y el MTD Aníbal Verón, para quienes el caso se inscribe en la criminalización de la protesta social.