Una intuición sagaz alumbró el armado del fuero federal de la Capital Federal. La abrumadora hegemonía del menemismo, su pasmosa impunidad, podían no durar para siempre. Abogados amén de políticos, de extracción social algo distinta a la mayoría de sus compañeros de gestión, más atentos a las formas, más cuitados de su nombre, Carlos Corach y Hugo Anzorreguy entendieron que las espaldas de su presidente y de sus compañeros de gestión (que por entonces parecían colosales, capaces de soportar cualquier peso) debían ser resguardadas.
Juan José Galeano era conocido de Hugo Anzorreguy. Claudio Bonadío se honraba con la amistad de Carlos Corach. Ambos llegaron a jueces federales sin otro blasón que la vinculación con sus padrinos, sin currículum, sin trayectoria que los avalara. Así debía ser. Cuanto más endeble fuera su prestigio, cuanto más “prestada” su investidura, más funcionales resultarían al esquema de impunidad que urdieron Corach y Anzorreguy, abogados ambos, con buena trama de relaciones en la familia judicial y vigas de estructura del gobierno de Carlos Menem.
Galeano y Bonadío (quienes dominan la crónica hoy) no fueron excepciones. Varios magistrados carentes de pergaminos y de saber integran el fuero federal de la Capital. Acaso, reconocen en Tribunales, sólo Norberto Oyarbide (quien zafó escandalosamente de un juicio político, que quizás aseguró su sobrevida) escriba regularmente sentencias de aceptable nivel jurídico.
La porosidad de los federales al poder político fue absoluta, su desprestigio creció sin mengua correlativa de su poder concreto, que recién ahora empieza a mellarse, pero que sigue siendo inmenso.
Sea que lo hicieran para blanquearse, sea que conservaran un último prurito legal y moral, varios dictaron fallos ejemplares en materia de derechos humanos. “Son cosas distintas –le explicó a este diario, aun en tiempos de Menem, un pícaro juez de esta grey–, los presuntos asuntos de corrupción de esta época son cuestiones políticas, en último extremo cuestiones de plata y como tales deben tratarse. Lo que pasó durante la dictadura es otro nivel, es de verdad.” Esa línea para él tan clara, entre la plata y el crimen, se hizo gris o negra en varios casos, la AMIA, Río Tercero, tantos suicidios demasiado oportunos acaecidos acá y allá.
El actual gobierno, en su inicial embestida en pos de la transparencia acometió contra la propia cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema, comenzando un proceso de regeneración que debe seguir con el fuero federal. Galeano y Bonadío son en ese trajín los primeros de la lista. Todo indica que no serán los únicos.
Quienes están en capilla son Jorge Urso y Rodolfo Canicoba Corral, cuyos patrimonios vienen siendo colocados bajo siete lupas y, aseguran en oficinas del Gobierno, no resistirían el escrutinio de una sola.
- Sus Señorías: Galeano llegó a Comodoro Py sin haber cumplido 40 años, sin piné, sin historia, por el solo mérito de haber sido secretario en un juicio en el que al estudio Anzorreguy le fue bomba... y se topó con el atentado terrorista más grande de la historia argentina. Le quedaba grande por todos lados y por añadidura se consagró a cumplir el mandato que lo catapultó a la magistratura. Había que ocultar, había que encubrir y (ya que estamos) había que amañar alguna versión que distrajera a la opinión pública en general, a la colectividad judía, a los periodistas.
El fallo del Tribunal Oral sobre el atentado a la AMIA lo puso en descubierto, lo ubicó en preembarque al juicio político y la destitución. Ahora, una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) enfila contra su colega Bonadío por algo así como una operación paralela, haber entorpecido las investigaciones contra Galeano y contra su padrino político, Corach.
La OA, en las páginas finales de un dictamen muy completo y durísimo (ver nota central), le atribuye “acreditada parcialidad” en pro de Corach, “desviado accionar” e “intervención obstaculizadora”. Bonadío debía investigar, entre otros, a Corach. Tal como a Galeano, se le imputa haber privilegiado el pacto político originario a sus deberes.
El Consejo de la Magistratura deberá decidir, conforme a las reglas legales, y reconociéndoles a Galeano y Bonadío lo que la Justicia Federal rehusó a las víctimas del atentado a la AMIA: un juicio serio, ponderado, acaso justo.
- Quién le iba a decir, comodoro: Luis Py era catalán, nació en 1819 e integró desde joven la Armada Argentina. Cooperó con Julio Argentino Roca en la autonominada conquista del desierto. A los 60 años fue ascendido a comodoro y premiado con una medalla de oro por sus servicios. Falleció en 1884. La iconografía urbana porteña, tan castrense ella, lo homenajeó con una avenida grande, sí que ubicada a trasmano. Comodoro Py fue por largo tiempo una rúa ignota, un esporádico desafío para taxistas novatos o para cartógrafos avezados. El desguace del Estado propició que edificios imponentes, como el sito en Comodoro Py, otrora dedicados a reparticiones o empresas públicas, pasaran a albergar tribunales federales. No era un mal lugar. No queda tan lejos del centro, para quien tiene movilidad propia. Cuenta con una playa de estacionamiento vasta, apta para albergar autos y motos ABC1. Si usted duda de la idea central de esta nota lector, vaya algún día laborable a esa playa de estacionamiento, al sector destinado a los magistrados, mire el parque automotor y después nos cuenta.
Pero volvamos al comodoro Py. Corsi y ricorsi de la historia, ese marino, en este caso sin comerla ni beberla, quedará ligado para siempre a un edificio que albergó durante demasiados años algo bien diferente de la Justicia y aún de la administración de justicia.
Corsi y ricorsi de la historia, el edificio de la Avenida Comodoro Py, ex monumento de un Estado que pretendía ser poderoso y benefactor, devino símbolo de la decadencia republicana.
Se cuenta que una servilleta describió la ingeniería de un tramado destinado a pervivir al gobierno que lo urdió. Pero su hechura no es de papel, sino bien sólida. Tanto que harán falta muchos años de convicción, de investigación y de trabajo para desmontarla.