Con el respaldo de los dos tercios del cuerpo, el Senado aprobó ayer reformas al proyecto de acceso a la información que contaba con la media sanción de Diputados. La norma buscaba la reglamentación de un derecho contemplado en la Constitución Nacional reformada en 1994. De esta manera la iniciativa volverá a la Cámara baja. Para insistir con el dictamen original los diputados necesitarán el respaldo de los dos tercios de sus miembros.
Treinta y ocho senadores votaron afirmativamente. Lo rechazaron diecinueve. Las críticas principales pusieron el acento en que los peticionantes deberán explicar los motivos por los que reclaman la información. También porque deben reclamar la información a través de un formulario que hace las veces de una declaración jurada. Además, se cuestionó que las entidades privadas hayan sido incluidas entre los entes obligados a brindar información. “Nunca tuve dudas sobre de quién es el derecho de acceder a la información. No es para ninguna coorporación. Debemos decidir si estamos dispuestos a democratizar en serio las relaciones de este país”, señaló la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner al intentar defenderse de las críticas a la iniciativa.
El proyecto de acceso a la información había sido aprobado en Diputados con un amplio consenso. En el Senado, su tratamiento recayó en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la representante de Santa Cruz. Por la comisión pasaron desde ONG como Poder Ciudadano, el CELS, Fopea, la disuelta Asociación Periodistas y la Unión de Trabajadores de Prensa, entre otras. Las organizaciones no gubernamentales cuestionaron la demora que tuvo el tratamiento de la iniciativa en la misma medida que los cambios introducidos por los senadores.
Al defender el dictamen de mayoría y el punto en el que se le pide a quien reclame información pública que explicite los motivos por los cuales los solicita, Fernández de Kirchner recordó una nota de Poder Ciudadano en la que le reclamaba información sobre el patrimonio de los políticos y que en ella se decía que tenía como objetivo fines estadísticos. “Creo que la nota estaba firmada por este señor que renunció por cobrar una jubilación de privilegio”, dijo como al pasar, refiriéndose al renunciado titular de esa ONG, Mario Rejtman Farah. También subrayó que no son pocas las firmas comerciales que tienen su razón de ser en la venta de información pública. A la hora de responder las críticas, dijo que la petición formal garantizaba el ejercicio del derecho. Fundamentó la inclusión de las firmas privadas como entes pasivos para dar información, criticó a los medios que hacen grandes editoriales reclamando la libertad de prensa, cuando en verdad gozan de una libertad de empresa. “Se han terminado muchas de las grandezas de este país, no sólo la grandeza de la clase política, también la de los medios. Hay otro poder mucho más profundo, no sólo existe el poder que se gana en las urnas”, dijo. También reclamó a la “clase política a no seguir siendo apéndice del poder económico”.

Malas reformas

Desde la oposición, la mayoría de las reformas introducidas impiden el derecho republicano de la “difusión de los actos de gobierno”. La mayoría de las objeciones estuvieron centradas en la obligación de definir el motivo por el que se pide la información.
“Para consagrar este derecho hay que votar la media sanción”, puntualizó el radical jujeño Gerardo Morales. Al cierre Mario Losada, pidió “aprobar la media sanción de Diputados, ya”. También hubo críticas desde la propia bancada oficialista. La salteña Sonia Escudero cuestionó los términos del artículo primero, en el que se define como motivo de la ley a la información pública que fuera “de interés general”. Puso el acento en la vaguedad del término.
El radicalismo señaló que la iniciativa podría perder vigencia en Diputados en febrero del año que viene. Algo que fue desmentido por Cristina Kirchner, quien recordó que la Cámara baja tiene todo el año que viene para tratarlo. Esto pone a los diputados del oficialismo en un verdadero dilema. Insistir con su propuesta o seguir los pasos de Cristina Kirchner, tal como hicieron los senadores.