Después de doce horas de negociaciones en el Ministerio de Trabajo, los telefónicos continuaban discutiendo anoche con los empresarios del sector un aumento de salarios. Reunidos en el piso 13 del edificio de la cartera laboral, con la presencia de Carlos Tomada, no se descartaba la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no ser así, el lunes habrá un nuevo paro de 48 horas y el conflicto va a nacionalizarse, ya que las dos centrales sindicales, la CGT y la CTA, llamaron a sus afiliados a marchar en apoyo al reclamo de la Federación de Obreros Telefónicos.
Ayer continuaron las tomas de los centros de transmisión de Telecom (Cabildo y Dorrego) y Telefónica (Corrientes y Maipú). Los trabajadores se mantuvieron en asamblea permanente durante las que ratificaron la realización de un acto para el lunes.
A consecuencia de las medidas de fuerza continuaron afectados los servicios de informaciones, atención al cliente, reparaciones y llamadas por operadora.
Las medidas de fuerza comenzaron hace una semana, en reclamo de un aumento del 25 por ciento en el salario básico. Ante el fracaso de las negociaciones, los paros parciales pasaron a una huelga total. El martes, los trabajadores tomaron los centros de control de Telefónica y Telecom y sacaron el conflicto a la calle, con un corte sobre Corrientes. En respuesta, las empresas dejaron trascender estaban dispuestas a dar un aumento del 2 o 3 por ciento. El argumento de las telefónicas es que desde la salida de la convertibilidad a hoy dieron mejoras que ascienden al 50 por ciento.
Los dirigentes gremiales plantean, sin embargo, que el aumento solicitado está dentro de las posibilidades de las compañías, que en los últimos años han obtenido fuertes ganancias. Por su parte, en el Gobierno manejaban la siguiente cifra: dentro de los costos operativos de las empresas, los salarios representan sólo el 11 por ciento. Del dato se desprende un aumento de consideración podría ser otorgado sin poner en riesgo el funcionamiento del sistema.
Gremialistas y representantes empresarios llegaron a las once de la mañana a Trabajo. Durante las negociaciones sólo se informó que el sindicato que encabeza Osvaldo Iadarola se comprometió con Tomada a mantener los servicios mientras estuviera abierta la discusión.
De cara a la opinión pública, las telefónicas centraron su discurso en censurar la ocupación de los edificios: dijeron que no pueden negociar “con la casa tomada” y advirtieron sobre el peligro de que la red de telecomunicaciones colapse. El vocero de Telefónica, Eduardo Mirabelli, advirtió que “el control (del centro de transmisión) lo tienen, eventualmente, personas que no son empleados de Telefónica”.
El secretario de Derechos Humanos de Foetra, Marcelo Tesoro, lo desmintió y sostuvo que las compañías tienen una actitud “de confrontación” para profundizar el conflicto y “presionar al Gobierno y a la población” con el fantasma del colapso.