Cuarenta piqueteros de Santa Cruz están siendo buscados casa por casa por la policía de la provincia, tras una orden de la jueza Graciela Ruata de Leone, que subroga a una jueza penal de Pico Truncado. Los desocupados habían participado de la toma a la planta petrolera de la ciudad de Las Heras de la empresa Oil ONS, contratista de Repsol YPF, que se realizó el miércoles y terminó con una violenta represión y 25 detenidos. Los delitos que se les imputan a los detenidos no son excarcelables.
Además de los 40 piqueteros perseguidos, otros diez siguen presos desde el miércoles en la comisaría de Las Heras. Uno de los prófugos aseguró ayer, en un reportaje publicado por el diario local Tiempo Sur, que se entregarán a la Justicia “cuando consigan un abogado que los represente y tengan garantías”. El líder del MIJD, Raúl Castells, quien se encuentra en Santa Cruz, denunció que los policías que hicieron el desalojo “molieron a palos” a los piqueteros y, como consecuencia de ello, “hicieron abortar a la mujer de uno de los voceros de los desocupados”.