Por L. V.

“Toda sociedad organizada debe garantizar a sus habitantes el derecho a la dignidad. En una situación como la que atraviesa Argentina, crear un ingreso ciudadano universal es imprescindible desde un punto de vista ético. Además, beneficiaría al conjunto: la experiencia muestra que los países que aseguraron a sus habitantes un ingreso por encima del umbral de la pobreza hicieron crecer sus economías”, dice Bernardo Kliksberg. Especialista en temas de pobreza, asesor del BID, las Naciones Unidas, Unicef, Unesco y OIT, Kliksberg rechaza las propuestas de achicar el gasto social y sostiene que, por el contrario, las naciones exitosas son las que hicieron grandes inversiones en salud y educación.
–¿Cómo está la Argentina en materia de desigualdad?
–Nuestra sociedad necesita de la destrucción de muchas falacias, una de las centrales es la que dice que hay pobreza y también hay desigualdad. En realidad, se trata de una relación causal: hay pobreza porque hay desigualdad. La desigualdad es central para entender lo que le ha pasado a un país que tiene potencialidades económicas excepcionales, fuentes de energía barata, que es el quinto productor de alimentos del mundo, que había alcanzado cierto nivel de industrialización temprana y donde sin embargo hay 44 por ciento de población pobre y un millón de jóvenes y niños excluidos del sistema. En las provincias del norte tenemos una desnutrición infantil del 20 por ciento; esto sólo se puede entender por la desigualdad, que ha sido la causa fundamental del crecimiento de la pobreza.
–¿Quiénes producen y sostienen hoy la desigualdad?
–La desigualdad no se cambia de un día para el otro, desgraciadamente. Generan desigualdad las políticas ortodoxas, que dicen que sólo el mercado va a resolver los problemas. Generan desigualdad políticas como las que se aplicaron en los ’90, que impiden que un pequeño industrial tome crédito al mismo tiempo que lo colocan frente a la competencia internacional y le reducen el mercado de consumidores. Por el contrario, el programa Hambre Cero de Lula es antidesigualdad. Lula dice que al final de su gobierno quiere que los brasileños lo evalúen por una cosa: si logró que todos los brasileños coman tres veces por día. Aquí, el programa de Daniel Filmus en Educación que distribuyó cinco millones de libros gratuitos es una política pro igualdad.
–Hay sectores de la Iglesia que plantean que los planes de empleo de 150 pesos son perjudiciales porque desalientan la cultura del trabajo. ¿Usted está de acuerdo?
–Creo que hay una falacia detrás de ese razonamiento, que opone el concepto de ayudar al de crear trabajo. A la gente hay que ayudarla ya, porque si no se muere. Y al mismo tiempo hay que implementar programas que capaciten, que activen posibilidades productivas y den microcréditos. La habilidad está en hacer las dos cosas al mismo tiempo.
–¿Qué opina de la propuesta de las organizaciones sociales de crear un ingreso universal?
–Pienso que toda sociedad organizada debe garantizar a sus habitantes el derecho a la dignidad. Europa occidental lo hace, hasta Portugal, que es el más pobre de su región. Toda Europa occidental tiene el ingreso mínimo garantizado y no se considera ningún favor, el concepto de ciudadanía ampliada implica eso: en el caso de que un ciudadano gane menos del umbral de la pobreza, la sociedad debe darle la diferencia hasta tanto logre salir adelante.
–¿Qué efectos ha tenido este mecanismo sobre la economía de esos países?
–Los enriqueció. En Noruega, Dinamarca, Holanda, que son los primeros en las tablas de desarrollo humano, con cero corrupción, progreso tecnológico, la clave del éxito es que todos son consumidores y productores. Nosotros tenemos el 44 por ciento de la población excluida, ellos usan el 100 por ciento de la capacidad productiva de toda lapoblación. En nuestra realidad el ingreso ciudadano es imprescindible éticamente. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha anunciado que está estudiándolo muy seriamente y ayer ha anunciado el plan indigencia cero, en el que estoy contribuyendo. Esa es la expresión de una sociedad que empieza a poner lo más importante en el lugar de lo más importante.
–Usted trabajó, en Porto Alegre, en el proyecto de ley de responsabilidad social de las políticas públicas. ¿En qué consiste exactamente?
–El proyecto dice que el estado de Río Grande va a tener que presentar un presupuesto con metas de responsabilidad social, comprometiéndose anualmente en equis puntos de reducción de la mortalidad infantil, de la mortalidad materna, de la deserción escolar, de las tasas de desempleo juvenil, etcétera. Se va a establecer un sistema para medirlo y una auditoría de la sociedad civil. A fin de año, el Estado va a tener que presentar un balance social. Esa ley sería la primera en América latina y no es extraño que ocurra en Porto Alegre, que es la ciudad que ha brindado al mundo el presupuesto municipal participativo, hoy difundido en 80 ciudades, y ha sido sede del Foro Social Mundial.
–¿Qué puertas abrió el presupuesto participativo?
–Porto Alegre es una ciudad de un millón 300 mil habitantes que en 1989 tenía una pobreza pronunciada y todos los problemas de una gran ciudad. Al implementar el presupuesto participativo se construyó un sistema para que la gente efectivamente pudiera participar. Por grupos de manzana, los vecinos se reúnen periódicamente. Se los consulta sobre las prioridades de inversión: si una parte de los fondos debe ir a escuelas, a agua potable o a otro tipo de inversión. A la vez se reúne la ciudad para discutir por áreas temáticas y finalmente se hace un consenso con los técnicos del municipio. Son más de 100 mil personas que están participando sobre un millón 300 mil, que deciden y controlan el presupuesto. El resultado es que todos los organismos internacionales consideran a la ciudad una de las mejores administradas del mundo. Hubo un redireccionamiento total del gasto público municipal: antes se daba una concentración fuerte en parques de las zonas de la clase alta y media alta, en vigilancia policial de esas zonas, en ornamento. Ahora todo es agua potable, escolaridad, salud pública. Hay un 100 por ciento de tendido de agua, aumentó la tasa de escolaridad, se redujo la pobreza.
–La democratización cambió la tendencia.
–La ciudad pasó a estar administrada sobre la base de las prioridades reales de la gente. La Cepal termina de producir junto con el PNUD y el ITEA del Brasil un estudio que mide comparativamente el impacto sobre la pobreza del crecimiento versus el impacto de reducir la desigualdad. La visión tradicional ha sido que si crecemos vamos a eliminar la pobreza. Es la teoría del derrame, que todo el mundo ya sabe que no existe. Pero ahora sabemos todavía más: el estudio de la Cepal dice que una reducción de la desigualdad tendría mucho más impacto sobre la pobreza que una tasa de crecimiento. Y lo pone en cifras: Brasil es uno de los países más desiguales de todo el planeta; si mantiene la tasa de crecimiento de los ‘90, que fue de un 3 por ciento, y no reduce la desigualdad, para bajar dos puntos la pobreza tardaría 48 años. Este es un dato clave, porque la desigualdad termina todas las posibilidades de una sociedad de crecer productivamente. Por otra parte, no se trata sólo del coeficiente Gini, que mide la distribución del ingreso. Eso es muy importante, pero hay otras desigualdades como el acceso al crédito, a la producción, la tierra y la tecnología, en el acceso a internet, en el acceso a la salud, incluso en algo tan básico como la posibilidad de formar una familia.
–¿Cómo ve al sector privado? En la Argentina hubo frecuentes reclamos a las empresas por trabajo genuino, que nunca tuvieron respuesta.
–En los países desarrollados la sociedad civil ha desarrollado un movimiento potente con premios y castigos a las empresas según su responsabilidad social. Les piden cinco cosas: que tengan trato limpio con los consumidores, es decir buenos productos, transparencia, preciosrazonables. En segundo lugar, que sean buenos empleadores. Tercero, que cuiden el medio ambiente. Cuarto, que participen activamente en los problemas sociales de la ciudad donde estén, no sólo dando plata sino poniendo a disposición tecnologías gerenciales. Quinto, que tenga el mismo comportamiento ético en los países centrales que en los países en desarrollo. De hecho, se han realizado boicots por estos motivos. El más conocido es el que se hizo contra Nike por usar mano de obra infantil en Africa. Después de eso, la empresa tuvo que hacer una reestructuración, llevó a cabo una revolución organizacional, se implicó en todo tipo de iniciativas humanitarias. Tuvo que hacer una autocrítica interna muy fuerte.