El fiscal que investiga las caídas de los bancos de Raúl Juan Pedro Moneta, Paulo Stark, recibió como maná del cielo la comunicación en la que el Banco Central de Bahamas confirmaba que los titulares del Federal Bank (la fantasmagórica offshore por la que se triangularon miles de millones) son Moneta, su tío Benito Jaime Lucini y su primo Pablo Lucini. Esta es la primera vez desde que estalló el escándalo del lavado de dinero que ese paraíso fiscal remite constancias escritas de una vinculación que Moneta negó de modo sistemático. Stark había viajado a Bahamas en procura de esa documentación, pero las autoridades financieras de la isla denegaron la solicitud. A fines de octubre, la gerencia de Asuntos Judiciales del BCRA tuvo más suerte y logró vencer las reticencias. Casi al mismo tiempo, al juzgado federal de Norberto Oyarbide ingresaba una denuncia por amenazas formulada precisamente por el responsable del área de Judiciales del Central, Marcos Moiseeff. Moiseeff afirma que el acoso provino de El Guardián, el libelo editado por Moneta, y de su continuadora, Edición i. El gerente de jurídicos de la máxima autoridad monetaria del país sostiene que “cada vez que el suscripto quiso avanzar en aras de una decisión para asumir el rol de querellante (en las causas de los bancos Mendoza y República), fue objeto de presión periodística (por parte de las mencionadas publicaciones)”.
En diciembre de 2000 la subcomisión de investigación de lavado de dinero del Senado de los Estados Unidos produjo el primer informe relativo a las descomunales maniobras de lavado realizadas entre el Citibank, el Banco República y el Federal Bank. El senador demócrata Carl Levin y su equipo de asesores-investigadores habían descubierto, gracias a las tareas previas realizadas por el contador mendocino Luis Balaguer, que entre las tres entidades habían circulado cifras siderales de dinero negro, calculadas en cuatro mil millones de dólares. Sería la primera de las muchas veces que “Rulo” Moneta, actual dueño de Canal 9, negó que el Federal Bank le perteneciera. El Banco Mendoza había caído un año antes, parasitado por el Banco República y el Federal Bank, apenas una casilla postal de Bahamas.
En el mes de febrero de 2001 comenzaron en Washington las audiencias citadas por el subcomité y a las que concurrieron los ejecutivos de Citibank Argentina, con el entonces presidente Carlos Fedrigotti a la cabeza. Por esos días y ante las declaraciones de Moneta, la asesora de Levin, Linda Giustitus, se comunicó con el presidente del Banco Central de Bahamas. Balaguer se hallaba en las oficinas de Giustitus y fue testigo de la charla telefónica en la que Bahamas reveló a la asesora que lo que constaba en sus registros eran los nombres de Moneta y Lucini. Era un informe verbal aunque lo bastante claro para que Levin pudiera preguntar a los citibankers por qué razón Moneta lo negaba y éstos respondieran lo inverosímil: que lo ignoraban.
La causa por la caída de los bancos, después de una rebuscada resolución de la Corte, había salido de la jurisdicción del juez mendocino Luis Leiva para quedar radicada en el juzgado federal de Gustavo Literas. Poco después y luego de algunas decisiones inmejorables para Moneta, Literas abandonó el Poder Judicial y fue reemplazado en la instrucción del expediente por Rodolfo Canicoba Corral. Los fiscales Stark y Guillermo Montenegro (en la actualidad designado juez federal) pidieron al Banco Central de Bahamas la certificación de que el Federal Bank pertenecía al dueño de los caballos bailarines, promotor de la Opera Pampa y al parecer nuevo hombre poderoso de La Rural. Al enterarse, Moneta presentó un recurso de nulidad de lo actuado por los fiscales ante la Sala I de la Cámara Federal. Allí se desmayó el expediente por un largo período hasta que un buen día despertó con la noticia de que los camaristas denegaban el recurso y ordenaban profundizar la investigación en ese sentido, una suerte de parto de los montes pero parto al fin. Moneta tuvo de su lado también el remoloneo del Banco Central de Bahamas, que incluso convirtió en estéril un viaje de Stark. Sin embargo, Bahamas no pudo decirles que no a todos y la desidia se acabó frente a la insistencia del área de judiciales del Central. El 29 de octubre de 2004, la gerente del Departamento de Supervisión del Banco Central de Bahamas informó a Marcos Moiseeff que los accionistas del Federal Bank Limited son Benito Jaime Lucini con un millón y medio de acciones; Raúl Adolfo Moneta (padre del banquero menemista) con un millón seiscientas cincuenta mil; Raúl Juan Pedro Moneta con otro tanto, Pablo Juan Lucini (hijo de Benito Jaime y primo de Raúl Juan Pedro) con ciento cincuenta mil y Jorge Enrique Rivarola con cincuenta mil.

¿Hasta cuándo Catilina?

El fiscal Carlos Cearras debe haber pensado que la suerte lo señalaba: en un brevísimo lapso había recibido el pedido del abogado Ricardo Monner Sans para que investigara a los 71 diputados que firmaron la solicitud de juicio político al camarista Alfredo Barbarosch por su actuación en una causa que involucraba a Moneta y la denuncia de amenazas que Moiseeff presentaba por los reiterados e insidiosos ataques recibidos por parte de El Guardián y Edición i. La primera pertenece a Moneta, según demostró en reiteradas oportunidades este diario, y la segunda expresa los intereses de Moneta, difunde los gustos de Moneta, ataca a los enemigos de Moneta, remueve los obstáculos que se interponen en el camino de Moneta y dice tener como editor responsable a Edgar Mainhard, igual que ocurriera con los primeros números de El Guardián. “Si ladra, tiene cola y cuatro patas es perro”, reflexionó un funcionario del Ministerio de Justicia refiriéndose a la escuchimizada publicación.
En la denuncia, el letrado de Moiseeff, Abelardo Giménez Bonet, integrante del staff de abogados del BCRA, recuerda que el asedio a su patrocinado comenzó en septiembre de 2003 con un artículo de El Guardián en el que se afirmaba que “La nueva conducción que encabeza el gerente principal de Asuntos Judiciales Marcos Moiseeff, con la ayuda de los subgerentes Abelardo Giménez Bonet, Luis Marcos y Osvaldo Barrena, está en la mira del directorio por las crecientes denuncias que los involucran en nombramientos de ‘ñoquis’, designación de amigos y familiares en puestos clave y utilización del cargo para alcanzar posiciones de prestigio académicas que les sirvan de trampolín a cargos mayores”. El escrito establece que ni Moiseeff ni los otros funcionarios del área propusieron a ningún allegado y tampoco “estaban en condiciones de hacerlo”. De todas maneras, los cinco profesionales se autodenunciaron ante la Oficina Anticorrupción que abrió así el expediente 2693.

Agarrate Catalina

La denuncia recuerda que la calumniosa campaña continuó el 25 de agosto de 2004, cuando Edición i publicó el artículo titulado “El misterioso millonario del Banco Central: Asuntos Judiciales bajo la lupa” y donde se aseguraba que la fortuna del gerente Moiseeff alcanzaba los “ocho dígitos”. Coincidiendo con ese artículo, afiches y volantes con la cara de Moiseeff fueron distribuidos alrededor del BCRA y en todo el microcentro porteño. Por fin, relata que el 19 de noviembre recibió la última edición de Edición i sin haberla pedido ni haberse suscripto a ella. Moiseeff aclara que la revista no le fue regalada a ningún otro funcionario del Banco Central y deja entrever que este hecho puede interpretarse como un mensaje mafioso.
El gerente del BCRA refiere que, de acuerdo a lo que sostiene la prensa, El Guardián y Edición i se encuentran ligadas a Raúl Moneta y que él, en su condición de responsable de Judiciales, ha intervenido en numerosas ocasiones en temas concernientes a entidades o ex entidades financieras, “entre ellas, casualmente, el expediente interno del Banco Central Nº 314/121/01, donde la actuación del ex Banco República y su vinculación con el Federal Bank Limited era objeto de análisis desde el punto de vista penal e incluso se había llegado a recabar información del exterior”. En la ratificación de la denuncia, Moiseeff reitera que “es mi obligación manifestar que poco antes de haber recibido gratuitamente la publicación agregada como anexo V (Edición i) se obtuvo merced a mis esfuerzos una importante información del exterior vinculada al Federal Bank, que fue aportada a la fiscalía Nº 11. Esto último aumenta mi estado de intranquilidad que ya fuera manifestado en la denuncia. Finalmente hago notar que poner afiches y distribuir volantes calificándome de millonario en momentos en que son frecuentes los secuestros y decir en la nota de Edición i que tengo una fortuna de ocho dígitos es una actitud sumamente agresiva hacia mí, pero, lo que más me importa, hacia mi familia, que se ve expuesta por la única razón de querer obrar como un funcionario eficiente y honesto”.
Ni Moiseeff ni su letrado Giménez Bonet lo cuentan en su presentación y quizás el fiscal Cearras no lo sepa, pero este diario sí recuerda que en octubre del año pasado adelantó que, a través de Asuntos Judiciales y en razón de los daños patrimoniales sufridos, el Central había resuelto presentarse como querellante en la causa que investiga la caída de los bancos de Moneta. Pero reveló también que esa decisión había despertado la cólera irrefrenable de un grupo de directores, capitaneados por el vicepresidente Ricardo Branda, hombre del CEMA y ex menemista acérrimo. Ante la mirada incrédula de Martín Lanfranco, asesor del entonces presidente Alfonso Prat Gay, del síndico titular Marcelo Griffi, del síndico suplente Guillermo Lamberti y del director Alejandro Magliano, Branda invitó a Moiseeff a salir a la calle “para cagarlo a trompadas”. El ofrecimiento no había sido sino el corolario de una conversación sembrada de violencias y durante la que Branda le había insinuado a Moiseeff que “el cementerio está lleno de héroes”. El gerente Moiseeff se limitó a contestar: “También está lleno de compadritos”.