La certeza de que el juicio político a Juan José Galeano se está volviendo chicle, alteró esta semana los nervios de más de un funcionario de Gobierno. Hace rato que tienen entre ceja y ceja al Consejo de la Magistratura, el cuerpo que elige y acusa a jueces, pero “la falta de resultados” –definen algunos–, las demoras, los intereses sectoriales cruzados y los conflictos de poder recurrentes con la Corte Suprema, los llevaron a una decisión: quieren reformarlo el año que viene. Analizan achicarlo o cambiar sus mecanismos de representación para garantizar la dedicación full time de sus miembros. El otro organismo en la mira es el jurado de enjuiciamiento, que sustancia los procesos de remoción, y donde este año fue detectada una veintena de ñoquis. La intención es disolverlo y convertirlo en transitorio.
Tanto el Consejo como el jurado fueron creados para cumplir con la reforma constitucional de 1994, aunque comenzaron a funcionar cinco años después. El cuerpo de consejeros es el encargado de elegir a los jueces por concurso, analiza su conducta, puede sancionarlos, suspenderlos y promover su juicio político ante el jurado. También administra el dinero del Poder Judicial. Tiene veinte miembros. El jury lleva adelante el enjuiciamiento de los magistrados y puede destituirlos. Lo componen nueve vocales. Ambos organismos están integrados por diputados, senadores, jueces, abogados y académicos. El Consejo tiene, además, un representante del Poder Ejecutivo.

Jaque al Consejo

Las demoras en el proceso contra Galeano, el cuestionado juez del caso AMIA, hicieron detonar la bronca en el Ministerio de Justicia. El Consejo le dio al juez varias prórrogas para que hiciera su descargo, luego declaró casi cuarenta horas y, aunque la Comisión de Acusación tiene un dictamen cocinado, las ausencias a la última reunión impidieron cualquier avance. “Es absurdo, no son capaces de juntarse y, cuando lo hacen, alguno pone piedras en el camino pidiendo postergaciones u otras medidas dilatorias”, rezonga un alto funcionario ministerial. Con cierta amargura, reconoce que los expertos en poner trabas son los cuatro legisladores peronistas –Jorge Casanovas, Lelia Chaya, Jorge Yoma y Miguel Pichetto–, a quienes suelen agregarse Ricardo Gómez Diez (Recrear) y también los cuatro jueces. “Hacen su propio juego en el Consejo”, se lamenta.
En la cartera de Justicia ven con preocupación “las reiteradas inasistencias” de consejeros (traducidas en falta de quórum), la burocracia interna, la extensión de los concursos (pueden durar más de un año), la escasa aplicación de sanciones a magistrados, así como de juicios políticos aprobados y la defensa de intereses corporativos o sectoriales. Según informó Página/12, durante este año nueve dictámenes acusatorios fueron avalados en comisión, pero sólo uno –contra el juez Rodolfo Herrera– fue enviado al jury por el plenario. En los seis años de labor del Consejo, la Comisión de Disciplina recibió 1200 denuncias, pero sólo aplicó entre una y dos sanciones por año. La pulseada siempre viva entre el Consejo y la Corte Suprema, que en las últimas semanas se basó en cuál de los dos puede aumentar los sueldos judiciales, también inquieta en ámbitos oficiales. ¿Cuál es el plan? “Cambiar como sea el Consejo, impulsando modificaciones legales”, anticipan cerca del ministro Horacio Rosatti. El objetivo, señalan, es lograrlo en la primera mitad de 2005. Para eso el Ejecutivo enviaría proyectos al Congreso.
- El achicamiento del cuerpo es una de las opciones en estudio, aunque encuentra resistencias. Ya cuando la planteó el ex ministro Gustavo Beliz, reflotando una idea de Jorge Vanossi de reducirlo de 20 a 12 miembros, el mensaje desde las fuerzas políticas fue unánime: protestaron porque el recorte dejaría afuera del Consejo a las minorías y los partidosmayoritarios verían menguada su representación. “Nos cansamos de decir que es inviable”, advirtió un senador con buen diálogo con la Casa Rosada. Ante las dificultades, Rosatti mira con simpatía otras alternativas que ponen el acento en cambiar los mecanismos de representación. Entre ellas figura un esquema propuesto por Joaquín Da Rocha –hombre del Ejecutivo en la Magistratura– que, para garantizar la dedicación exclusiva de los consejeros, sugiere que los diputados y senadores tengan un delegado o, si decidieran ejercer ellos mismos este cargo, pidan licencia en el Congreso. Para los jueces, sugiere que sean subrogados en sus juzgados mientras dure su mandato.
- Otra idea que circula busca eliminar al representante de la Corte Suprema en el Consejo, que es a la vez presidente de ambos. Actualmente ese lugar lo ocupa Enrique Petracchi. “Esto es un problema cuando hay conflictos institucionales”, dicen en Justicia. “Además, en los hechos, el juez de la Corte casi nunca aparece en las reuniones del Consejo”, agregan.
- Para agilizar la selección de jueces, una fórmula que gana adeptos propone que los concursos se hagan por anticipado, sin tener que esperar a que se produzcan las vacantes. De esa manera siempre habría candidatos “disponibles” para asumir.
- La metamorfosis soñada por varios funcionarios pretende lograr precisiones que aclaren los ámbitos de competencia de la Corte y del Consejo, sobre todo en materia administrativa y presupuestaria. En otro orden, busca precisar un régimen disciplinario al que deberán ajustarse los miembros del Consejo, ya que la normativa vigente no puntualiza cómo se ejerce ese control y quién sanciona a los consejeros.

Jurado volátil

Uno de los escandaletes más grandes de este año en el Poder Judicial tuvo como protagonista al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Fue cuando una denuncia del abogado Beinusz Szmukler –miembro del Consejo– puso en evidencia que con nueve miembros y medio centenar de empleados ese órgano resuelve sólo 1,33 juicio político por año. Después, el presidente del jury, que es el juez de la Corte Augusto Belluscio, comprobó con sólo visitar las oficinas que la gente ni siquiera iba a trabajar y abrió una investigación que tuvo una fuerte oposición interna. Finalmente, el máximo tribunal decidió intervenir y ordenó reducción de personal del jurado casi a la mitad, reasignándolo a otras áreas.
En medio de la batalla hubo un intento fallido de un grupo de senadores kirchneristas de resolver, a través de una ley, el problema de fondo: trataron de deshacer el jury y convertirlo en una institución de carácter transitorio. El Gobierno asegura que reimpulsará esa iniciativa. Para eso se analizan dos variantes: una opción es que sus miembros sean designados una vez al año, pero se reunirían sólo cuando tengan un caso por resolver; la otra apunta a sortear un nuevo plantel para cada juicio político. En cualquier caso, la actividad sería ad honorem.
Como es esperable, ninguno de estos planes es muy bienvenido ni en el Jurado ni en el Consejo. Los intereses afectados son múltiples: los políticos se juegan espacios de poder, los abogados ganan regios sueldos (que pueden superar los 10 mil pesos) y los jueces cuentan con un preciado reducto se resistencia corporativa. Todo eso puede tambalear. Desde el Congreso, donde deberán votarse las leyes que logren las modificaciones en cuestión, aún los más oficialistas ya advierten: “El Gobierno va a tener que trabajar duro para consensuar semejantes reformas”.