“Todos certificamos la rápida recuperación de la crisis política. No ocurre lo mismo con el funcionamiento de las instituciones, que sigue siendo deficitario.” Las palabras de Horacio Verbitsky inauguraron la celebración del 25º aniversario de la organización que preside, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que además presentó ayer su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país. La sala del teatro ND Ateneo quedó colmada con la presencia de más de 500 personas, que atentamente durante dos horas escucharon una mesa debate que, entre otras figuras destacadas, contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Inequidad social, criminalización de la protesta y la crisis que atraviesa el sistema penal argentino fueron los ejes de la jornada.
“Vivimos en un país cada vez más desigual”, condenó Sofía Tiscornia, antropóloga de la UBA y ex directora del Proyecto Violencia Familiar del CELS. Pese a que tanto en el informe como en el encuentro de ayer se reivindicaron las medidas oficiales adoptadas en materia de derechos humanos y el “impulso de las políticas de memoria y justicia”, todos los participantes parecieron coincidir en su crítica a la agudización de la crisis social marcada por –como consignó el informe– “la incompetencia del aparato institucional para arbitrar y gestionar los conflictos de una sociedad desigual”.
Justamente con el objetivo de promover el debate y el análisis de las respuestas institucionales frente a la realidad social y política, el CELS publicó, como lo viene haciendo desde hace diez años, su informe anual con las investigaciones que lleva a cabo en distintas áreas.
El documento de este año se centró puntualmente en las políticas oficiales frente a la protesta social y las políticas de seguridad. También abarcó los problemas que atraviesa el sistema penal argentino, tema que concentró el mayor interés en la jornada de ayer.
Al respecto, la postura de Zaffaroni fue determinante: “Estamos ante un autoritarismo penal cool”. Para el magistrado la acentuación de las políticas globalizadoras contribuyó a una regresión en materia legislativa penal expresada en “penas absurdas y desproporcionadas y la derogación de medidas históricamente consagradas”. En un intento por ilustrar claramente sus palabras, Zaffaroni citó el caso del sistema penal argentino, donde actualmente hay “un 20 por ciento de presos condenados, mientras que todo el resto está en prisión preventiva”.
La cuestión en torno de la función de las fuerzas de seguridad también estuvo presente en la mesa, donde además de Tiscornia y Zaffaroni participaron José Abelli, titular del Movimiento de Empresas Recuperadas, y Laura Golbert, socióloga de la OIT. En relación al tema, el documento del CELS cuestionó las políticas de “acción preventiva” adoptadas por el Gobierno, con una marcada acentuación de los operativos policiales de prevención.
La mención sobre el discurso de Juan Carlos Blumberg, y aquella recordada frase “los derechos humanos son para los delincuentes”, no pudo escapar del encuentro. Fue allí cuando Tiscornia hizo referencia a la decisión adoptada por el ingeniero de “echar de su movimiento al movimiento de los derechos humanos”. La mención generó el aplauso del público y la antropóloga exclamó: “Fue una declaración de principios, de cómo actúa la ideología de la seguridad”.

Informe: Carolina Keve.