La Cámara Federal de La Plata resolvió apartar del juzgado de Julio César Miralles a dos secretarios sumariados por serias sospechas que los involucran en una organización de funcionarios judiciales y abogados especializados en saltar el corralito a cambio de un porcentaje. El tribunal dispuso la suspensión por 30 días de Ernesto Benito Zaro, después de rechazarle la renuncia. A María Eugenia Aristizábal se negó a renovarle el contrato y la mandó a su puesto original en un juzgado de Bahía Blanca.
El juzgado de Miralles está bajo la lupa de la cámara platense, donde uno de sus integrantes –Julio Frondizi– instruye una investigación que se originó con la denuncia de un grupo de abogados que advirtieron que allí funcionaba una suerte de “juzgado paralelo” dedicado a beneficiar a ciertos estudios en el trámite de amparos contra el corralito. Incluso la Corte Suprema manifestó recientemente su “viva preocupación” por “el estado en que se encuentran sectores del fuero federal de La Plata”.
Las resoluciones de la Cámara enumeran irregularidades atribuidas a Zaro y Aristizábal, como “el favoritismo hacia ciertos profesionales”, “la obstrucción” de otras causas, numerosos “traspapelados” y cientos de comunicaciones telefónicas siempre con los mismos estudios.