Desde sus albores, la protesta del movimiento de desocupados se caracterizó por llevar un reclamo laboral al espacio territorial. Por añadidura, a un espacio territorial que suele no ser el que habitan los piqueteros. Los primeros cortes en Cutral-Có y Mosconi se trasladaron a rutas nacionales a fin de ganar visibilidad, impacto, cobertura mediática no local. El desarrollo ulterior del movimiento de desocupados fue generando otro desplazamiento geográfico, cotidiano. Ciudadanos del Gran Buenos Aires se movían a los accesos a la Capital o a las calles porteñas para patentizar su presencia, otra vez estar en los medios, interpelar de cuerpo presente a las autoridades. Juegan de visitantes, en territorio no propio, circunstancia que es producto de la necesidad y de la marca de fuego de no tener un lugar de trabajo en el que arraigarse.
A ese extrañamiento geográfico debe añadirse otro, referido a las reivindicaciones. Los desocupados bregan por tener trabajo, ése es el móvil central de su lucha. Pero si la lucha es por el trabajo (tal como señaló más de una vez la socióloga Maristella Svampa), su movilización diaria apunta a la obtención de planes sociales. Esa distancia entre lo que se busca y lo que se pide en el día a día –inevitable por ser hija de condiciones objetivas– no es la única ni la principal causa de los prejuicios y hasta el desdén social que a menudo suscitan las movidas piqueteras, pero sin duda suma su grano de arena a las malas ondas de tanta clase media.
Los conflictos laborales que vienen dominando la escena en el último trimestre del año tienen otras características. Por lo pronto, los activan trabajadores “visibles”, prestadores de servicios necesarios para el resto de la población en el día a día. Las luchas se afincan en los lugares de trabajo y van en pos exactamente de aquello que se quiere conseguir, esencialmente aumentos salariales y en menor medida mejora en las condiciones de trabajo.
Las huelgas de trabajadores de servicios públicos o del Estado impactan en la cotidianidad de sus conciudadanos, tanto o más que los cortes de calles o puentes. Pero la tensión entre los usuarios con los huelguistas da la impresión de ser menor porque los “damnificados” tienen más proclividad a aceptar comunidad de intereses con los huelguistas que a hacerlo con los piqueteros.
Esas variables justifican una premonición que es ya un lugar común. El conflicto laboral crecerá en número, en combatitividad y en la obtención de negociaciones favorables. Un contexto de recuperación económica favorece esa tendencia. El Gobierno hasta ahora viene dejando que el conflicto (al que no teme, sino que más bien desea) se despliegue. En el caso de los telefónicos fue patente que apuntaló la postura de los trabajadores, por el modo en que actuó el Ministerio de Trabajo, por las declaraciones públicas de no neutralidad del Presidente, ¿por haber conseguido que el gobierno español convenciera a la empresa de su bandera? En el conflicto de los subtes es manifiesto que evita declarar la ilegalidad de la huelga, algo que no sellaría el conflicto pero lo empiojaría contra los trabajadores.
El Gobierno se desenvuelve con soltura cuando los trabajadores reclaman recuperar posiciones frente a las súper ganancias de empresas privadas foráneas. Pero renegará lo suyo cuando se las tenga que ver con estatales largamente relegados que reclamen ser tenidos en cuenta a la hora de repartir un superávit fenomenal.
Algunos laburantes, los desocupados, están “condenados” a la movilización continua incluso en sus tiempos de debilidad. Otros, con trabajo formal y capacidad de hacerse sentir, han elegido este momento, más propicio que casi todos los últimos años. La disparidad de fuerzas al interior de la clase trabajadora es otro signo de la desigualdad que azota la Argentina. Los trabajadores formales tienen más poder de fuego que los desocupados, también que quienes changuean o cobran en negro. Distintas ramas de actividad también están en muy variadas condiciones económicas, de ocupación, de crecimiento.
Mientras germinan los conflictos, el Gobierno macera la decisión de un incremento a los privados. Carlos Tomada ha dicho que sería preferible que los incrementos se lograran merced a la negociación colectiva pero que si ésta falla, el Ejecutivo podría ordenar un aumento general por decreto. La enorme diversidad de poder dentro de los trabajadores induce a augurar que el aumento por decreto llegará. Quizá no para Navidad pero bien posiblemente antes del final de un verano que, por variados motivos, pinta para ser caliente.