A diferencia de lo resuelto por la Cámara Federal de San Martín, que declaró inconstitucional la ley que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Justicia Federal de Córdoba sumó nuevas detenciones a represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército. La jueza federal Cristina Garzón de Lascano ordenó el arresto de quince personas, aunque algunas ya estaban detenidas por otras causas. Al enterarse de que eran buscados, dos acusados de fugaron: se trata del torturador Arnoldo José López y el ex mayor Ernesto Barreiro, promotor del levantamiento carapintada de Semana Santa.
El martes se presentaron ante la jueza los represores Luciano Benjamín Menéndez, Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Lardone. Los tres se negaron a declarar. Garzón de Lascano los imputó, junto a otras doce personas (militares y civiles), por el secuestro, tortura y muerte de Diego Hunziker, alias “Manuel” o “Wimpy”, un joven de 17 años desaparecido el 3 de septiembre de 1976.
La estrategia de Menéndez, que se negó a declarar como lo hizo cada vez que la Justicia lo citó, fue imitada por el Tigre Acosta y el personal de civil de inteligencia, Ricardo Lardone. El argumento utilizado por los represores es siempre el mismo: que debe ser un tribunal militar el encargado de enjuiciarlos y no la Justicia Federal.
A los ocho procesamientos que Garzón de Lascano dictó este año en la causa Brandalisis, ahora se suma la orden de 15 arrestos a los responsables del secuestro, tortura y muerte de Diego Hunziker, un joven de 17 años que asistía al Colegio Nacional de Montserrat, que fue llevado a un lugar de detención ilegal llamado “La Casa de Hidráulica”, donde fue torturado y luego conducido a La Perla, donde continuaron los tormentos.
Según la investigación de la fiscal Graciela López de Filoñuk, Hunziker fue asesinado entre el 21 y el 22 septiembre de 1976 en la zona de Ferreyra durante un simulacro de enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad, que en aquellos tiempos los militares bautizaron “operativos ventilador”. Uno de los imputados por la fiscal en esta causa es el Nabo Barreiro, promotor del levantamiento de Semana Santa en 1987 contra el gobierno de Alfonsín, que se encuentra prófugo. Otro es el general Juan Sasiaiñ, quien está arrestado en Buenos Aires, pero sus familiares habrían iniciado tratativas para que se lo declare insano. También fueron acusados en este expediente Hermes Rodríguez, Emilio Morard, Luis Quijano, Luis Manzanelli, José Herrera, Luis Diedrichs, Carlos Vega, Carlos Díaz y Héctor Raúl Romero.
Como es habitual cada vez que la Justicia Federal llama a declarar a represores, la presencia del “carnicero” –como le decían a Menéndez– desató la ira de las agrupaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, quienes llegaron al séptimo piso de los tribunales federales para gritarle “asesino” al hombre que está acusado de haber decidido la desaparición de 2 mil personas en Córdoba. Para acompañar estas actuaciones y contrarrestar lo dictaminado por la Cámara Federal de San Martín, diferentes agrupaciones sociales y políticas, nucleadas en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, convocaron a una marcha para mañana “para que la Justicia no sea cómplice del genocidio cometido por estos represores y se enjuicie inmediatamente a todos los responsables del terrorismo de Estado que padecimos los argentinos”.