Al fin el Fondo Monetario Internacional se dio por enterado. Su vocero Thomas Dawson dijo que el organismo estaba dispuesto a hablar con la Argentina respecto de la cancelación de las deudas por 13.455 millones de dólares que el Estado Nacional debe pagarle de aquí a 2008. Añadió que otros catorce países ya lo habían hecho, pero que nadie del gobierno argentino se había puesto en contacto con el Fondo para plantearlo. Sin embargo, el proyecto circula en los despachos oficiales desde hace por lo menos cuatro meses, como saben los lectores de esta página (“El mal Rato/Kirchner y Lavagna quieren jugar a Fondo”, 8 de agosto de 2004) y sus detalles se han ido conociendo desde entonces a través de notas periodísticas en distintos medios y por declaraciones de los más altos funcionarios del gobierno.
El último en enterarse
La semana pasada fue el propio presidente quien mencionó la intención de desendeudar y desintervenir la economía y su esposa y el jefe del gabinete de ministros expusieron sobre la cuestión ante los jefes de gobierno y de Estado de España. Néstor Kirchner se proponía repetir esa operación con los gobiernos de Alemania y Francia, durante las visitas que realizará en febrero del año próximo. Lo más probable es que no deje de hacerlo debido a la declaración de Dawson, porque la decisión política es que el Fondo sea el último en enterarse, como cualquier marido o esposa engañados.
El propósito de este llamativo rodeo es instalar la idea y explicar su mecánica y objetivos a los accionistas (que son los gobiernos de los países más poderosos del mundo) antes que a los gerentes, de modo que conozcan de primera mano la racionalidad de la propuesta, sin temor a manipulaciones como las que surgen en el diálogo con la línea del Fondo. No es casual que el libro de cabecera de algunos funcionarios decisivos sea en estos días Enemigos, la entrevista electrónica del periodista Ernesto Tenembaum al despedido encargado del Hemisferio Occidental en el Fondo, Claudio Loser, dos argentinos atípicos. Loser dice en un mail que 11.000 kilómetros de distancia distorsionan todo y que cuando llegan al país los técnicos del FMI se encierran en el hotel Sheraton, por lo cual tampoco así conocen la realidad del país sobre cuya economía opinan (suponiendo, como hace Loser, que ello les importara).
Si la propuesta llegara en forma directa al Fondo, su staff podría descalificarla ante los accionistas, es el razonamiento. No es seguro que tuvieran interés en hacerlo, ya que el FMI ha definido entre sus objetivos reducir su exposición con los tres países que encabezan su ranking de deudores y que han excedido la cuota de préstamos: Brasil, Turquía y la Argentina. Pero tampoco es posible descartar de plano que pudieran intentarlo, dado que los argumentos para la desvinculación ponen en duda la propia razón de ser del FMI, considerado por el actual gobierno argentino como uno de los principales responsables del desastre que se vio en colores en todo el mundo a partir del 19 de diciembre de 2001, hacen hoy tres años. Aunque en la Casa Rosada nadie lo diga, es posible que haya otra razón para preferir la diplomacia directa con los altos niveles gubernativos a la discusión con la burocracia financiera: los protagonistas en este caso son el presidente, la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de gabinete Alberto Fernández y no el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Suburbios
Por cierto no es preciso vivir en un suburbio residencial de Washington como Arlington o Alexandria para entender lo que uno desea y no lo que el interlocutor ha dicho. De ello dan cuenta la ristra de opiniones y comentarios emitidos por políticos, economistas y medios de comunicación a favor o en contra del rescate anticipado del total de esa deuda, propósito que el Gobierno nunca expresó. En realidad las hipótesis que se analizaron fueron y siguen siendo dos: cumplir con el cronograma de pagos negociado hace un año y medio pero no solicitar el reembolso posterior de las sumas obladas, o negociar un programa de desvinculación que distribuya ese mismo peso en un lapso mayor y que comprenda alguna quita. En el primer caso, los pagos próximos al FMI, detallados por año, son los siguientes, en millones de dólares:

2005 5245
2006 4258
2007 3523
2008 429

El informe que Martín Redrado elevó al Poder Ejecutivo enumera el origen de los recursos disponibles para cubrir los compromisos de 2005:
1. 1.500 millones de pesos de la Cuenta Unificada del Tesoro (CUT), que centraliza ingresos y pagos de la Tesorería y organismos de la Administración Nacional; 1.500 millones de pesos del Fondo Unico de Cuentas Oficiales (FUCO), donde va la recaudación de la AFIP y la ANSeS; 2.400 millones de pesos de adelantos transitorios autorizados por el artículo 20 de la Carta Orgánica del Central; 2.000 millones de pesos de los fondos fiduciarios no destinados a inversión en infraestructura, y 1.000 millones de dólares que hay de saldo en la cuenta de la Tesorería en el Banco Nación. Ello alcanzaría para completar el programa de financiamiento hasta el primer trimestre y el servicio de intereses de la deuda reestructurada.
2. La reanudación de desembolsos del BID y el Banco Mundial a partir de abril, permitiría llegar a mayo sin problemas financieros.
3. Esa holgura se extendería hasta agosto si los bancos e inversores institucionales refinanciaran a su vencimiento el 60 por ciento de los BODEN y de los préstamos garantizados.
4. El resto del año se cubriría con un préstamo de 3.300 millones de pesos de los bancos oficiales, financiado con el excedente de liquidez que generan los depósitos públicos, lo cual no requeriría tocar las reservas sino relajar la normativa que regula la exposición a activos del sector público. Este financiamiento previsto para cubrir los vencimientos de los próximos 12 meses es una situación inédita, dice el BCRA.
El Poder Ejecutivo prefiere usar algo de las reservas, porque así liberaría parte de ese superávit para inversión pública. También quiere explorar la hipótesis del programa de cancelación, que lo libere en forma permanente de las auditorías trimestrales del Fondo y que le permita una reducción efectiva de deuda. La carga de estos 13.455 millones de dólares podría distribuirse de otro modo, a más largo plazo y en cuotas iguales cada treinta días. Según los números gruesos que hizo Kirchner y cuya viabilidad aún debe pasar por el filtro profesional de Lavagna, en este momento podrían destinarse a este fin hasta 350 millones de dólares mensuales, sin la imposición de un nuevo ajuste.
La exposición que Fernández realizó en términos genéricos ante Juan Carlos de Borbón y su asesor económico Bernardino León y con mayor detalle frente al jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señala que la deuda se redujo en 5.500 millones sin que disminuyeran las reservas (por el contrario, crecieron más de mil millones de dólares por las compras constantes del Banco Central) ni se alterara el programa monetario. Esto tiene un supuesto antipático: dado el nivel deprimido de los ingresos populares, la inyección de liquidez con que el Banco Central compra esos dólares acumula reservas y mantiene alto el tipo de cambio pero no se traduce en niveles de inflación preocupantes. Con una flotación del dólar entre 2,97 y 3,05 (bastante más arriba de lo que reclama el Fondo y un poco más abajo de lo que preferiría el gobierno) la inflación no pasaría del 6 por ciento.
Para qué
Salvo error u omisión, estos cálculos (que son los que maneja el gobierno nacional) indican que tanto la reprogramación como el cumplimiento del programa en vigencia son posibles, dada la excepcional situación fiscal, que se repetiría el año próximo, con un crecimiento del Producto (y en consecuencia, de la recaudación) un 50 por ciento mayor que lo presupuestado.
Hay un par de preguntas ineludibles que, desde intereses opuestos, convergen. Una es para qué serviría esa nueva originalidad argentina, que consolidaría la imagen de país impredecible, bien lejos de la apetecida normalidad del slogan oficial. Otra, que se ha formulado en tono sarcástico, es desde cuándo pagar puede considerarse popular o progresista.
La respuesta debería mostrar ventajas nítidas. Según la óptica oficial implicaría una disponibilidad de recursos para inversión y mejora de las condiciones sociales de un punto y medio adicional del Producto Bruto Interno, es decir unos 4500 millones de pesos. Esto surge de la diferencia entre los 3 puntos de superávit que acepta la Argentina (con los cuales se alcanza a pagar los compromisos con el Fondo y con los acreedores de la deuda que nunca estuvo en moratoria), y los 4,5 puntos porcentuales que reclama el Fondo. Una objeción a este razonamiento es que el superávit real de este año supera en forma muy holgada esas cifras y casi duplica lo acordado con el Fondo, de modo que igual existen recursos. Otro es que ese desahogo debilita la capacidad de condicionamiento del Fondo. La respuesta es que sus exigencias crecen con la deuda y con los resultados fiscales y que de ser escuchadas producirían desequilibrios insoportables. En la crisis de 2002, el FMI sugirió desencadenar una nueva hiperinflación para licuar pasivos bancarios, lo cual hace recomendable que los historiadores económicos busquen esa mano oculta en las salidas cavallistas a las crisis de la década del ’80.
Ahora, además de insistir en el reclamo de aumentos en los precios de los servicios públicos privatizados, presenta dos exigencias contradictorios, que ninguna política económica aguantaría: un aumento del superávit para pagar más deuda y una simultánea ley de coparticipación federal, que desencadenaría una pugna distributiva entre las provincias. Ante el canje de bonos de la deuda en mora, para el cual se firmaron el viernes los contratos pendientes, el Fondo exige un “alto nivel de admisibilidad” y se reserva la definición de cuál es ese nivel. En caso de resultarle insatisfactorio, podrá plantear un nuevo aumento del superávit, un ajuste del gasto o un descuento en los rembolsos pactados. El gobierno sabe, de todos modos, que recién se liberará de las auditorías cuando haya pagado el último dólar.
A pesar de los comunicados laudatorios de Rodríguez Zapatero al esfuerzo de la Argentina y al compromiso de acompañarlos, en la reunión de trabajo posterior a las que se hicieron públicas, el jefe de la oficina económica del gobierno español, Miguel Sebastián Gascón, planteó que era necesario estudiar de qué modo podrían concertarse los plazos para la cancelación y las revisiones del Fondo que, aun en otras condiciones, continuarán. Es de desear que en algún momento también el ministro de Economía argentino participe de estas discusiones. Al fin de cuentas, fue Roberto Lavagna quien planteó en 2002 la política de reducción de deuda.