Los represores detenidos en la causa del Primer Cuerpo de Ejército ya no podrán gozar de sus habituales escapadas al Círculo Militar. El juez federal Daniel Rafecas resolvió que las únicas salidas autorizadas de los militares que están bajo el régimen de arresto domiciliario sean las que se realizan al Hospital Militar. Página/12 informó hace diez días sobre las frecuentes visitas de los procesados por crímenes de lesa humanidad al Círculo Militar de Olivos, así como a otros clubes recreativos. “Estamos satisfechos con esta decisión pero creemos que es un primer paso. También esperamos que todos los detenidos de menos de setenta años que están en unidades militares sean llevados a unidades penitenciarias”, señaló Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Las salidas al Círculo Militar se realizaban porque los médicos forenses argumentaron que los represores que están presos en sus casas, todos de más de 70 años, necesitaban hacer “actividad física”. Una mirada a la planilla de salidas, firmada por el coronel auditor Ricardo Gilberto Ferrario, del Departamento de Asuntos Humanitarios del Ejército, indicaba que durante los primeros 19 días de noviembre doce militares sumaron un total de 32 escapadas de sus domicilios. Algunas fueron para concurrir al hospital o a consultorios médicos privados. La mayoría para hacer “actividades físicas”.
El coronel retirado Ataliva Félix Fernando Devoto, ex jefe del área de la Capital Federal, se ausentó con permiso de su hogar durante ese lapso en cuatro oportunidades. Una de ellas fue para ir al Círculo Militar del Palacio Retiro, frente a la Plaza San Martín. Las otras tres para ir a la sede de Olivos del Círculo Militar. El coronel retirado Fabio Carlos Iriart fue a este último lugar cuatro veces en los primeros veinte días de noviembre. Y esos son solo dos ejemplos.
Rafecas –que se hizo cargo de la causa hace dos meses– pidió a los médicos del cuerpo forense que expusieran las razones de las salidas por escrito y los citó personalmente al juzgado para que ratificaran sus opiniones. Ayer resolvió que, de acuerdo con la opinión de los doctores, mantendrá la posibilidad de que los represores hagan gimnasia fuera de sus hogares pero que sólo la autorizará si se hace en el Hospital Militar. Así, los militares presos por violaciones a los derechos humanos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército ya no podrán usufructuar de la pileta olímpica, las nueve canchas de tenis, la cancha de básquet, las dos de paddle o la pista de patinaje, entre otros servicios que estaban disponibles en la sede de Olivos del Círculo Militar. Tampoco podrán ir a los elegantes salones de la sede de Retiro.
La decisión del magistrado fue bien recibida por los organismos de derechos humanos que se habían quejado de los privilegios de los represores. Sin embargo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros querellantes, esperan que se tenga en cuenta otro reclamo: que los militares de menos de 70 años que actualmente están presos en unidades de las Fuerzas Armadas sean llevados a cárceles comunes. El pedido fue hecho tanto ante Rafecas (en rigor a su antecesor en la causa, Rodolfo Canicoba Corral) como ante su colega Sergio Torres, que está a cargo del expediente sobre la ESMA.
Estos organismos y siete abogados enviaron también una carta al Presidente en la que hicieron el mismo pedido. En ese escrito señalaron que en “diversas ocasiones tanto el Ejército Argentino como la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional informaron a los jueces de ejecución y al Procurador Penitenciario de la Nación que no cuentan con lugares adecuados para alojar a imputados en causas criminales (los informes se produjeron en causas comunes), ya que carecen de los medios necesarios para llevar a cabo imprescindibles y mínimas medidas de seguridad, no cuentan con personal idónea para ejercer la custodia ni para controlar el ingreso de visitas, ni el de alimentos u otros objetos”. Si bien son minoría, hay algunos represores con status de presos comunes. Juan Antonio Del Cerro (alias “Colores”) está en el Hospital Penitenciario de Devoto y el juez Jorge Ballestero rechazó un pedido para llevarlo a un sanatorio extramuros. Su compañero, Julio Simón (“El truco Julián”) está en la cárcel de Marcos Paz junto con Carlos Guillermo Suárez Mason, quien está “castigado” por haber salido sin permiso de su domicilio. En La Plata, el juez Arnaldo Corazza envió al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz a una cárcel común y señaló que “va más allá de lo tolerable” que ese represor “purgue una condena dentro de la comodidad de un hogar”.