Las fiestas de fin de año llegaron con un regalo para los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. El riojano pudo volver a su tierra sin quedar detenido. De la Rúa, en cambio, fue procesado por la Justicia en una causa por malversación de caudales públicos, un delito excarcelable. También se le trabó un embargo de 220 mil pesos sobre sus bienes. La resolución fue firmada por los jueces Carlos Elbert y Gustavo Bruzzone, de la sala primera de la Cámara del Crimen. La novedad se produce en el marco de una investigación por la existencia de “ñoquis” en el viejo Concejo Deliberante durante el período 1994-1997. Según los camaristas, en la causa está probado que De la Rúa mientras fue jefe de Gobierno “tenía un jardinero, un valet, un escritor y una dama de compañía a costa del erario municipal”.
Evidentemente, los aires navideños no le traen buena fortuna al ex presidente de la Alianza. Ayer, los camaristas Elbert y Bruzzone revocaron un fallo previo –la resolución del juez de instrucción de primera instancia, Alberto Baños– que lo había sobreseído. En el caso se investiga la existencia de empleados truchos en el ex Concejo Deliberante. A De la Rúa se le imputa, entre otras cosas, haber mantenido en su quinta de Villa Rosa a un jardinero que cobraba como personal de planta del cuerpo. Se trata de José Benito Pazó, quien fue nombrado en la máxima categoría de la planta transitoria –un salario alto– pese a tener más de 70 años de edad, el tope exigido por ley.
La Cámara del Crimen delineó sus argumentos en un fallo de 45 carillas. El procesamiento no sólo incluyó a De la Rúa. El tribunal también procesó al famoso jardinero, Benito Pazó; al jefe del bloque de concejales de la UCR, Humberto Bonanata; al ex concejal Juan Trilla y a otros colaboradores del ex presidente. Ellos son el ex secretario administrativo del bloque radical en el Concejo Deliberante Braulio Feliú; su ex guardaespaldas Héctor Román; una asesora de De la Rúa, Alejandra Roig, y dos empleados administrativos que firmaban los recibos de sueldos de los presuntos ñoquis: Damián Faggiano y Luis Sánchez.
En la resolución, los camaristas aseguran que De la Rúa no podía desconocer la situación de los empleados truchos. “Por su posición política y la relación que lo unía a Bonanata no podía ignorar las condiciones de nombramiento y situación de los servidores”, opinaron a través del fallo. Así contradijeron los argumentos del juez Baños, quien había dicho que De la Rúa “no tuvo injerencia” en la contratación de ñoquis. El fallo, textualmente, asegura que el ex presidente “pudo haber utilizado su poder político para recomendar a Bonanata que designe a Pazó en el Concejo Deliberante y también para que ponga a Sánchez Ruival a su servicio”.
Con este fallo, los camaristas coincidieron con la apelación de un equipo de fiscales liderado por la fiscal Mónica Cuñarro. “Se ha probado la existencia de personas llamadas ñoquis que cobraban sueldos sin prestar servicios o incluso sin saber que funcionarios inescrupulosos cobraban esos sueldos valiéndose de sus identidades”, argumentaron Elbert y Bruzzone. “Era vox populi que los empleados eran amanuenses partidarios al servicio de las tareas políticas o privadas de sus líderes, en detrimento de la administración municipal. Se ha probado que algunos servidores prestaban servicios fuera del edificio del Concejo, al cual no asistían nunca o casi nunca, que se les certificaba falsamente recibos de sueldo o que directamente se les falsificaba la firma”, dice la resolución.
La sentencia difundida ayer reactualizó una causa que parecía perdida en la nebulosa. Aunque se trata de hechos que transcurrieron entre 1994 y 1997, la investigación avanzó muy lentamente. De hecho, en el caso varias veces se pidió que se convocara a De la Rúa a prestar declaración indagatoria. Recién en mayo de 2003 –cuando ya había dejado la Rosada– el ex presidente compareció en el Palacio de Justicia. En aquella audiencia, De la Rúa contestó todas las preguntas que le hicieron el juez y la fiscal. Luego presentó un escrito en el que negó haber cometido los delitos que se le atribuían. Seis meses después, el juez Baños lo sobreseía mientras procesaba a los demás imputados.
Pero la fortuna no duró demasiado. Y ayer, por culpa del viejo jardinero que le cortaba el pasto en la quinta, De la Rúa quedó procesado por malversación de caudales públicos.