Tras casi un año de investigaciones, el juez federal Federico Faggionatto Márquez confirmó ayer que durante la última dictadura militar funcionó un circuito clandestino de detención en la zona de Zárate, Campana y Escobar. El escrito del magistrado será presentado hoy por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, dado que esta dependencia actuó como querellante en la causa que se inició en enero y que terminó por establecer la existencia de centros de represión que no figuraban en el informe realizado por la Conadep ni habían sido incorporados en ninguna causa judicial precedente.
La investigación se inició en enero tras una denuncia anónima recibida por la secretaría que preside Remo Carlotto, según la cual en el predio donde había funcionado el Tiro Federal de Campana fueron arrojados cuerpos de desaparecidos. Inmediatamente comenzaron allí las excavaciones, pero sólo se encontraron restos de animales.
Sin embargo, también se realizaron inspecciones oculares en las que varios de los sobrevivientes reconocieron el lugar. Con esos datos, la Justicia terminó por ratificar que funcionó un centro clandestino de detención en el complejo que había sido ocupado por el Ejército el 25 de marzo de 1976, tan sólo un día después del golpe militar, y que operó bajo las órdenes del Comando de Institutos Militares cuyo comandante fue el represor Santiago Omar Riveros.
Bajo el apoyo de la Secretaría bonaerense de Derechos Humanos y a través de los testimonios que se lograron recoger en el Juicio por la Verdad que investiga los delitos cometidos por la dictadura militar en la provincia de Buenos Aires, se fueron descubriendo el resto de los campos de represión.
También se realizaron varios recorridos en los que ex detenidosdesaparecidos identificaron con detalle minucioso cada uno de los lugares que conformaron la red clandestina al norte de la provincia de Buenos Aires. Incluso Faggionatto creó en el juzgado federal de Campana una Secretaría de Derechos Humanos y Delitos Complejos destinada a seguir el caso más de cerca.
Finalmente, luego de más de once meses de investigación, el juez concluyó que sumados al ex Tiro Federal operaron otros 8 centros clandestinos que conformaron la llamada “área 400”: la Base Naval, la Prefectura y el Instituto de Formación Naval de Zárate, la ex Fábrica Militar de Tolueno Sintético, el Buque ARA Murature y las comisarías de Zárate, Escobar y Campana.
En su pronunciamiento Faggionatto establece que “se ha probado hasta el momento que en el ámbito territorial del juzgado de Campana (Baradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar y Zárate) existió un circuito clandestino de represión, tortura y detención en el período comprendido entre marzo de 1976 a diciembre de 1983, que estaría encabezado por miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad”.
El dictamen del juez, que ratifica la existencia de centros que hasta el momento, no fueron investigados en ninguna causa judicial y por los cuales aún no hay ningún responsable imputado, será presentado hoy en la Casa de Gobierno provincial con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Remo Carlotto, la subsecretaria, Sara Derotier, y el grupo de sobrevivientes que colaboró en la causa.