Aunque salvó su jubilación al renunciar antes de que lo destituyeran, Julio Nazareno no puede esquivar la lupa de la Justicia Federal. En la causa por su posible enriquecimiento ilícito, el juez Sergio Torres pidió la semana pasada nuevos informes precisos: quiere corroborar si la finca que el ex integrante de la Corte explota en Catamarca evade impuestos, si hizo transferencias bancarias a cuentas en el exterior y para qué usó 104 pasajes de avión entre Buenos Aires y La Rioja que fueron facturados al tribunal. El magistrado sumó estas medidas de prueba a otras, más generales, que había solicitado en septiembre.
La investigación penal que intenta determinar cómo evolucionó el patrimonio de Nazareno desde que ingresó a la Corte en 1990, es una derivación de la que hizo la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados antes de que dejara el cargo en junio de 2003. La denuncia fue presentada por los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo. Señalaba que el ex juez cobraba unos 2200 pesos mensuales extras durante su mandato supremo como si siguiera viviendo en La Rioja y recibía pasajes aéreos de regalo para ir y volver. El plus por desarraigo sólo está previsto para los miembros del Poder Judicial que vivan a más de 70 kilómetros de su lugar de trabajo. El ex cortesano reside en Recoleta.
Hace cerca de tres meses, Torres comenzó a rastrear datos sobre propiedades, cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Nazareno, su esposa y sus cuatro hijos, como reveló Página/12. Para eso mandó oficios al Registro de la Propiedad Inmueble, al Banco Central y a varias empresas. También requirió a la administración general de la Corte las declaraciones juradas confidenciales del ex supremo, su legajo, sus recibos de ingresos diferenciados del sueldo y un detalle de los bienes que estaban secuestrados en causas judiciales y que usó como si fueran propios (como un Renault Laguna incautado en una causa por narcotráfico que usaba para ir al campo o jugar al golf).
Como suele suceder, varios de los organismos que deben suministrar la información a la Justicia demoran meses en contestar. Ni siquiera Diputados terminó de mandar el material solicitado. El juzgado de Torres recién comienza ahora a trazar un mapa del patrimonio del ex líder de la mayoría automática. De lo que hay hasta ahora en el expediente, se desprenden nuevos elementos de sospecha que llevaron al juez a despachar días atrás un nuevo listado de medidas de prueba:
- Le pidió a la AFIP todas las declaraciones juradas de la chacra con plantaciones de mandarinas y otras frutas que Nazareno tiene en Chumbicha, Catamarca, y que aún en sus tiempos de supremo visitaba con asiduidad.
- A los bancos Galicia y Ciudad solicitó resúmenes de los movimientos de dinero del ex magistrado y posibles transferencias a cuentas en entidades de otros países.
- Torres busca saber con exactitud los gastos que hicieron Nazareno y sus familiares con tres tarjetas de crédito y sus extensiones. Reclamó extractos de los desembolsos a Dinners Club, Visa y American Express. Son cifras claves para comparar con los ingresos del ex juez.
- A la empresa Servichek SA le requirió toda la documentación correspondiente a los tickets aéreos facturados a la Corte Suprema para uso de su ex presidente, para viajes a La Rioja o cualquier otro destino.
- Otros informes fueron pedidos al Registro Automotor y al de yates.
- El juez detectó otras once causas en trámite que podrían involucrar a Nazareno y pidió informes a sus pares para determinar de qué trata cada una. La causa a cargo de Torres es compleja y podría tener puntos de contacto con otras. No sólo analiza el posible enriquecimiento ilícito del riojano (de familia catamarqueña) sino otros delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato (fallar adrede contra derecho) y malversación de fondos. Algunas ramificaciones de la pesquisa apuntan a establecer si buscó beneficiar a ciertas personas o empresas a través de sus sentencias, desde Carlos Menem, Tato Romero Feris y Emir Yoma hasta el Grupo Macri o las telefónicas.
Nazareno se fue de la Corte sin haber revelado jamás públicamente su patrimonio. En 2000 logró consenso entre sus pares supremos para firmar una acordada que eximió a los jueces de la exigencia de declarar los bienes que la Ley de Etica Pública impuso a los demás funcionarios. Los magistrados sólo dejan constancia de sus posesiones en un sobre cerrado que queda en la propia Corte y que sólo muestra ante la sociedad el que quiere. Aunque el nuevo proceso de selección de jueces obliga a hacer una declaración patrimonial al concursar, el otro viejo régimen sigue vigente.