El agitado juzgado de la doctora María Angélica Crotto recibió las presentaciones de varios familiares, que poco a poco van plasmando su bronca y dolor en acusaciones concretas contra los responsables del incendio en República Cromañón. Luis Valentín Santana perdió a su hijo Luis, un periodista de Crónica TV, y ayer pidió ser querellante en la causa. Lo hizo a través de la Asociación Civil Defensa Ciudadana, y además de acusar al empresario Omar Chabán por homicidio múltiple, también imputó al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y a los renunciados Juan Carlos López y Fabiana Fiszbin por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. También se presentó como querellante José Iglesias, padre de otra de las víctimas, quien formó la agrupación “Que no se repita” con 40 familias para realizar “el estricto seguimiento de la causa penal y un relevamiento de quienes sufren las secuelas” del incendio. Por otra parte, el grupo Callejeros aseguró que fue “ajeno a la organización” del recital que terminó en tragedia, el 30 de diciembre.
Así lo manifestó Aldo Blardone, un especialista en Derecho Comercial que fiscaliza las contrataciones de Callejeros. El letrado agregó que “nunca firmaron un contrato con (el empresario Omar) Chabán porque él no firmaba papeles, aunque cumplía con el pago”. Y aunque no quiso hablar de la causa, admitió que la banda será representada por un abogado penalista.
Así como una amiga de Chabán intentó deslindar la responsabilidad por la tragedia sugiriendo que había que buscar a quien realizó la seguridad para los músicos, un allegado a la banda afirmó a Página/12 que la seguridad que contrataron ellos “no era para controlar la puerta del boliche, sino para cuidar a los músicos y a los equipos”. La fuente explicó que las bandas contratan su propia seguridad y buscan gente “que no cague a palos a los pibes” y aseguró que “la jueza está buscando al jefe de seguridad del local, un tal Raúl”. Agregó que “la puerta de emergencia estaba soldada desde hace siete meses” y que “no había ningún candado”.
En los próximos días, la jueza Crotto y el fiscal Juan Manuel Sansone deberán decidir si acceden al pedido del representante de Santana, Fabián Bergenfeld, sobre la acusación contra los funcionarios del gobierno porteño. “Hay elementos trascendentales en el dictamen de la Auditoría General de la Ciudad sobre la total falta de control respecto de locales bailables, institutos geriátricos y hoteles”, expresó Bergenfeld a Página/12. Según relató, los inspectores eran rotados en forma permanente y esto imposibilitaba el control, a lo que se suma “la falta de idoneidad de las personas encargadas de las respectivas áreas, como López y Fiszbin, que no tenían ningún título que los habilitara para semejante tarea”. Bergenfeld, un abogado que trabaja con los ahorristas nucleados por Nito Artaza y formó la Asociación Civil Defensa Ciudadana, agregó que tomaron conocimiento de intimaciones hechas por particulares al Gobierno de la Ciudad por reiteradas violaciones a las normas de los locales nocturnos que habrían sido desatendidas por las autoridades.
En cuanto a Chabán, pide que se lo impute por “homicidio culposo múltiple con dolo eventual”. El abogado de Santana pidió a la jueza que estudie la situación de los propietarios del inmueble, si desarrollaban alguna actividad ilegal, y a los socios de Chabán. “Más allá del cierre de puertas, el nivel de degradación y desatención de las normas de seguridad por parte del gobierno porteño son tan extremos y groseros que no van a poder evadir su responsabilidad”, completó el letrado.
Chabán lleva siete días detenido en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. “Está en un subsuelo, en una celda solo, muy bien atendido, se lo trata sin privilegios, como un preso más, pero con respeto”, describió su abogado defensor Pedro D’Attoli. Ayer el empresario fue visitado por un empleado. “Lo que me terminó diciendo Omar es que esto parece un atentado”, dijo Raúl Villarreal, quien aseguró haber trabajado con el empresario por 20 años. D’Attoli aseguró que su cliente “no es inimputable” y que “está orientado en tiempo y lugar”, aunque en las últimas horas recibió “sostenimiento psiquiátrico” por su estado anímico. El letrado agregó que Chabán declarará apenas se levante el secreto de sumario y pueda tener acceso a la causa, y que en ese momento se “hará cargo” de su responsabilidad en la tragedia.
Por su parte, la jueza Crotto pretende interrogar al técnico Salvatore Albano –cuyo testimonio fue publicado por Página/12–, quien manifestó a los medios haber realizado el presupuesto para un sistema de seguridad “ignífugo” y de “aislación acústica” que costaba 17 mil pesos, aunque nunca lo instaló ya que no lo volvieron a llamar. Otra línea de investigación consiste en la búsqueda de quien arrojó la bengala, que fue encargada a la División Homicidios de la Policía Federal.