Se llama “Síndrome de burnout”, pero los médicos lo traducen como “estar quemado”. Hace cuatro años surgió un informe del servicio de psicopatología del Hospital Naval Pedro Mallo que reflejaba la existencia de “violencia institucional” contra los civiles que trabajan en esa institución de la Armada. Un grupo de médicos formó la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Naval (Prosana) y ahora denuncian que fueron perseguidos con amenazas, sanciones y traslados. Las autoridades del hospital lo niegan pero admiten que no pueden reconocer a la asociación, y mucho menos permitir que realicen reclamos gremiales porque ya existe un sindicato reconocido por el Ministerio de Trabajo. Además de esa cartera, ya interviene en el caso la Justicia laboral y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La institución que funciona frente a Parque Centenario, por la que pasó el ex almirante Emilio Massera y donde está internado el ex capitán Alfredo Astiz, atiende al personal de la Armada, pero también al público en general. Algunos de los profesionales que trabajan allí tienen más de 20 años de antigüedad.
Aquel informe mencionaba que los médicos están padeciendo “cansancio emocional”, que se refleja en casos de hipertensión, hipotiroidismo, gastritis y preinfartos. Las condiciones laborales adversas que habrían provocado estos trastornos tienen que ver con un incremento de la carga horaria de trabajo y la inequidad de las remuneraciones. Las dirigentes de Prosana relataron a Página/12 que a partir de la difusión del informe fueron llamadas una por una para “retarlas”. En aquel momento dirigía el hospital el capitán de navío Luis Manino, según quien las enfermedades que detectó el informe son “discutibles”. En diálogo con este diario, el militar explicó que Prosana pretende abordar problemáticas ajenas a lo profesional y no le corresponde porque para eso ya existe el Pecifa, que nuclea al personal civil de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, desde Prosana le responden que actualmente existe la libre afiliación y puede convivir más de un gremio en un mismo lugar de trabajo.
Las doctoras Adriana Rossi y Liliana Deus relataron que antes trabajaban 24 horas semanales, tal como lo establece la Ley Nacional de Sanidad, y ahora las obligan a que sean 30. A su favor, las autoridades del Naval sostienen que la sala I de la Cámara Federal falló a su favor sobre esta cuestión. Según ellos, el Estatuto del Personal Civil de las Fuerzas Armadas establece que las horas semanales deben ser 35. Actualmente, los profesionales cubren 30 y las cinco restantes deben hacer guardia pasiva. Los médicos invocan un decreto de 1945 que los militares consideran caduco.
A partir de las presiones que dicen haber recibido por aquel informe sobre la salud de los trabajadores del Naval, que según describen circuló en secreto, decidieron organizarse en Prosana, obtuvieron personería jurídica, se asociaron a la Federación Médica de la Capital Federal (Femeca), pero aún no tienen su propia personería gremial. El capitán Manino destacó que el Ministerio de Trabajo no las reconoce porque no tienen suficiente número de afiliados. Sin embargo, desde Prosana explicaron que Femeca inició un litigio para que la Armada las reconozca, con la mediación del ministerio.
“Las vamos a echar a todas, locas, subversivas”, fueron las amenazas que dicen haber recibido ante cualquier iniciativa. Como la del paro que realizaron el 26 de agosto por “la extensión horaria y las remuneraciones distorsionadas”. Este último reclamo tiene que ver con un suplemento salarial prometido a partir de los contratos firmados con las prepagas. Pero las autoridades dicen que se trata de un adicional sólo por tareas riesgosas y de cobro eventual, no permanente. “Les dijimos que no podemos vulnerar las leyes y tuvimos que rectificar esa irregularidad que venía de antes”, explicó Manino.
Prosana denunció persecución gremial porque el día del paro dicen haber sido filmado y amenazado con recortarle el sueldo. Incluso varios militares se instalaron en las puertas y no dejaron entrar a una integrante de la asociación. “No tenía que trabajar ese día, sólo había venido por el paro. Además, sólo sacamos una foto por si había algún reclamo, y las filmaciones son las de nuestras cámaras de seguridad”, explicó el ex director del hospital. Manino niega que haya existido persecución y amenazas. En cambio, admite que hubo sanciones “pero no por hacer un movimiento gremial sino por no atender a los pacientes”. El marino indicó que les dieron mejoras y equipamiento pero aclaró cuál es la filosofía: “Primero el paciente, después el personal”.
El ex director del Naval reconoció también que la presidenta y la tesorera de la asociación fueron trasladadas al Edificio Libertad (por lo cual hay dos causas en marcha), pero argumentó que es algo usual y permitido. Según él, allí hacía falta una psicóloga y psiquiatra para atender a los veteranos de guerra. Otra trasladada fue la doctora Deus, pero aún no entiende para qué necesitan en esa sede de la Armada a una psicopedagoga, tal su especialidad.