El gobierno porteño le pedirá al gobierno nacional que incorpore en las sesiones extraordinarias del Parlamento la derogación del artículo siete de la llamada Ley Cafiero, que imposibilita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponer de una fuerza propia de seguridad armada. También solicitará la conformación de una “comisión interjurisdiccional”, que integraría junto al Ministerio de Interior y legisladores, para comenzar a discutir el traspaso de parte de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad. Una solicitud que Juan José Alvarez ratificó con la aseveración del “fuerte compromiso del Presidente (Néstor Kirchner) para concretar el traspaso”, que comenzaría con la Superintendencia de Bomberos. En tanto aceleran la instrucción de los primeros 250 hombres de la Guardia Urbana que a partir de marzo se ocuparán del ordenamiento del tránsito y tareas preventivas en plazas, parques y las zonas turísticas de la ciudad.
“Sin la derogación de la Ley Cafiero cualquier discusión por el traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad es estéril”, aseguró a Página/12 el jefe de Gabinete del gobierno de la ciudad, Raúl Fernández. El funcionario porteño también confirmó que le pedirán al gobierno nacional que incorpore a los temas que el Ejecutivo enviará al Parlamento para las sesiones extraordinarias, que comenzarían en febrero, la eliminación del artículo siete de dicha ley, cuyo tratamiento ya tiene la aprobación de tres comisiones de la Cámara de Diputados.
El traspaso de parte de la Policía Federal o la creación de una fuerza de seguridad propia es una de las preocupaciones centrales del gobierno de Aníbal Ibarra tras la catástrofe del boliche República Cromañón. Fernández había anticipado que “le vamos a plantear al gobierno federal la creación de una comisión interjurisdiccional que ya comience con el análisis del traspaso de la policía”. Una comisión cuyo “primer paso –según Raúl Fernández– debe plantear el traspaso de la Superintendencia de Bomberos, porque no se contrapone con la ley Cafiero y porque es un organismo que está relacionado con las habilitaciones en la ciudad”.
En el mismo sentido también se pronunció el secretario de Seguridad de la Ciudad, Juan José Alvarez. El flamante funcionario aseguró ver “un fuerte compromiso personal del presidente de la Nación (Néstor Kirchner, para el traspaso de la policía), he hablado con el ministro de Interior (Aníbal Fernández) y con el jefe de Gabinete (Alberto Fernández) y hay una fuerte decisión de hacerlo”. Sin embargo, Alvarez planteó que la ciudad “todavía tiene que hacer un trabajo para recibirla”, sin referirse específicamente a ellos, para luego afirmar que “no hay ninguna ciudad de estas características (como las de Buenos Aires) que pueda funcionar con un gobierno que no tenga su policía y su servicio de bomberos”.
Por su lado, el jefe de Gabinete porteño también dijo a este diario que el debate por el traspaso policial “será bastante extenso por toda la complejidad del tema”. Que abarca, para Fernández, “desde la cuestión técnica y legal hasta la situación de la nueva policía, como de quién dependerá su formación y aspectos previsionales”. Cuestiones que se tendrán que tomar en cuenta para fomentar la posibilidades concretas a los policías que quieran pasarse a la ciudad.
Hasta una semana antes de la catástrofe de Cromañón, varios diputados nacionales porteños, el gobierno de la ciudad y el de la Nación venían trabajando en un proyecto de ley que derogaba el artículo 7 de la llamada ley Cafiero, como un primer paso del traspaso de la Policía Federal a la ciudad autónoma.
El 23 de diciembre pasado, los diputados Cristian Ritondo (PJ), Silvana Guidici (UCR) y Claudio Lozano (FP) estuvieron reunidos con el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, su jefe de Gabinete, Raúl Fernández, y el renunciado Juan Carlos López para analizar los pasos que aún le quedaban sortear a la iniciativa parlamentaria y comenzar a analizar los proyectos que iban desde el traspaso liso y llano de parte de la Policía Federal hasta la creación de una fuerza de seguridad nueva.
Los tres legisladores trabajaron en consensuar los distintos proyectos parlamentarios. Concentraron la tarea en la derogación del artículo siete de la denominada Ley (Antonio) Cafiero, que no le permite a la ciudad de Buenos Aires tener una policía propia o al menos una fuerza de seguridad armada. La iniciativa ya había logrado la aprobación de las comisiones de Seguridad Interior, Asuntos Municipales y Legislación Penal. Aún debía ser tratado por Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda para que tuviera tratamiento en el recinto.
El propio ministro de Interior y su secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, ya conocían y alentaban el proyecto. Pero las dificultades con algunos legisladores del interior habían planteado cuestionamientos relacionados con el tema presupuestario, donde las provincias siempre se sienten relegadas frente a la “poderosa” Ciudad de Buenos Aires.
Mientras comienza el debate por el traspaso de la Federal, el gobierno porteño acelera los tiempos de la instrucción de los primeros 250 agentes que a partir de marzo conformarán la Guardia Urbana, que igual que la experiencia realizada en varias ciudades europeas, realizará tareas de control y no será armada. Entre ellas, el ordenamiento del tránsito y la prevención de la seguridad en plazas y paseos públicos, además de las zonas turísticas como el Centro de la ciudad, San Telmo y La Boca. A ellos se sumarán los 160 empleados que formaban parte del Cuerpo de Emergencia en la Vía Pública (Cevip) y llegarían a 700 a fin de año.