La clásica discusión acerca del padre de la criatura tiene su remake con la llegada de Juan José Alvarez al gobierno de la ciudad. La gente de Aníbal Ibarra asegura que éste fue quien, a sugerencia de Jorge Telerman, tuvo la idea que luego compartió (en pos de aval) con el presidente Néstor Kirchner. Pero el duhaldismo, empezando por el ex presidente y siguiendo por Hilda González, se obstina en propugnar que suya fue la iniciativa. En la Casa Rosada no se abunda en detalles aunque sí en improperios por las declaraciones de Duhalde y de Chiche. Varios amigos comunes de Kirchner y Duhalde sintieron zumbar sus oídos este domingo cuando los diarios reflejaron este genético debate. Al Presidente, aseguran muy cerca suyo, no le gustó ni ahí el modo en que se manejó el mandamás del PJ bonaerense.
La discusión acerca del padre de la criatura no es bizantina, sino que procura inferir cuál será el rol político futuro de Juanjo Alvarez. La mayoría del gobierno nacional (con la bastante solitaria excepción del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández) y la casi unanimidad de los dirigentes peronistas comparten una lectura común. A su ver, Alvarez es un “interventor” en el debilitado gobierno porteño. Desde luego, en la Jefatura de Gobierno piensan distinto aunque saben que esa discusión no es teórica y se irá saldando a medida que se vea “cómo juega Juanjo”.
Por ahora, Juanjo juega fuerte. Tuvo una amplia presencia mediática desde que asumió, tanto que en la Casa Rosada también hubo algún cuestionamiento a tanta exposición. Otro granito de arena en pos de un perfil propio, diferenciado de Ibarra, fue el encuentro con Hugo Moyano quien aportó a la polémica ensalzando al nuevo funcionario de Ibarra y despotricando contra éste (ver nota aparte).
Más allá de las palabras, Alvarez viene realizando un amplio despliegue de actividad con pedidos de renuncias, cierres de locales no habilitados (incluido un patio de juegos de McDonald’s). Y mantiene firme un casus belli que va a dar que hablar y mucho: el pedido de traspaso de la policía y los bomberos al gobierno porteño. La Capital tiene la razón de su lado, la ley Cafiero es una rémora que ata de pies y manos al Ejecutivo porteño. Pero tener razón no basta en política. El cambio sigue sin gustarle nada a la propia Federal, a los gobernadores provinciales y al “sentido común” de todo el peronismo. Cuesta imaginar, en un año electoral, que una norma de esa naturaleza (cuya conflictividad, con ser menor, es similar a la imposible ley de coparticipación) pueda ser aprobada sin pedidos de libras de carne del presupuesto nacional.
Poniendo paños fríos al planteo porteño, el ministro del Interior Aníbal Fernández juzgó viable el traspaso para el año 2007, siendo que Alvarez viene propugnando que se apruebe en cuestión de meses.
Una solución de compromiso que empieza a manejarse (hasta ahora sin mayores precisiones) es el desmembramiento de la Federal. Quizá sea una forma de salir del paso, aunque cabe suponer que a las cúpulas de los uniformados tampoco ha de placerles que se tupacamarice la fuerza.
El futuro político de Alvarez, en definitiva, no dependerá del análisis de ADN ulterior a su natalicio sino de cómo lleve adelante el desafío de su gestión. Que incluye el brete (para nada el único, pero que tiene su entidad) de gerenciar la revocación de la Ley Cafiero, es decir de promover un cambio contracorriente de una ya antigua decisión del peronismo.