Una sociedad de Islas Vírgenes, una off shore uruguaya, una sociedad que funcionó a pérdida durante cuatro años, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y la hipótesis de lavado de dinero son parte de un informe reservado de la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) sobre la trama de sociedades vinculadas a Omar Chabán. Tal como informó este diario en su edición del sábado, el empresario de República Cromañón parece un fantasma: su nombre no está en ninguno de los registros de la IGJ. Sin embargo, la Justicia insiste: intenta desentrañar la “telaraña de sociedades” para dar con otros responsables civiles y penales de la masacre. El Ministerio de Justicia ayer dio la orden para que la IGJ ponga en marcha, a su vez, todos los mecanismos de búsqueda de información necesarios. “Es una decisión política”, indicaron las fuentes consultadas.
La historia de las empresas que están detrás de Omar Chabán comenzó a rastrearse después del incendio de República Cromañón. Entre los primeros elementos, la Justicia encontró tres sociedades vinculadas al boliche operado por Chabán.
Según el archivo del Registro de la Propiedad, la historia del local se remonta al año 1994. El 18 de octubre, un tal Juan Mario Lerner lo compró por 2.200.000 dólares, como apoderado de National Uranums Corp, una sociedad asentada en Islas Vírgenes. En esa ocasión, el escribano Guillermo Benedit certificó la transferencia, según los datos del Registro.
Cuatro años más tarde, el 4 de febrero de 1998, el edificio se vendió pero sólo por 700 mil dólares. La propiedad fue adquirida por Ana Celia Rothfeld y pagó 620 mil dólares por el inmueble de Bartolomé Mitre 3038/78 y 88 mil por una lindera en Jean Jaures 51.
Ana Rothfeld no actuaba en nombre propio sino como representante de otra off shore que ahora investiga la Justicia: Nueva Zarelux SA, constituida el 4 de junio de 1997, con domicilio legal en la calle Juan Carlos Gómez 1348 4º piso, de Montevideo, conforme a las escrituras 346 y 348 del escribano Sergio Dubove, titular del Registro 393. Este escribano fue destituido por el Colegio Público de Escribanos y su nombre aparece en el informe sobre lavado de dinero elaborado por la comisión que presidió Elisa Carrió. También está mencionado en el “testamento” que escribió Mauricio Perel, el empresario muerto en dudosas circunstancias en Pinamar, en 2001.
Ayer, un abogado dio a conocer públicamente buena parte de estos datos. Néstor Deppeler tuvo acceso al informe reservado de la IGJ. Fue adjunto de Derecho Comercial I de la UBA, es profesor de posgrado en la Universidad Notarial y segundo en la cátedra de Derecho Civil y Comercial de UB, cuyo titular, Ricardo Nissen, preside la Inspección General de Justicia. Cuando encontró los detalles de la operación de compra y venta del inmueble de Cromañón, advirtió la posibilidad de una presunta operación de lavado de dinero. “Las off shore son habitualmente usadas para eso, porque los países de origen les dan protección a los accionistas, no sólo obtienen ventajas legales sino diplomáticas”, indicó, ante una consulta de este diario.
Poco antes de la trasferencia del local, el 24 de octubre de 1997, Nueva Zarelux resolvió inscribirse en la Argentina bajo los términos del artículo 118 de la ley 19.550, con facultades para conformar o participar en una UTE y con domicilio legal en Bartolomé Mitre 3050. Su objeto social –para cumplirlo en el exterior– “es la actividad financiera y de inversión”, además de la actividad inmobiliaria y agropecuaria. Su capital social era de 1.000.000 dólares. Ana Rothfeld y Sandra Gabriela Rothfeld figuran como apoderadas y representantes de los uruguayos en el país.
Con la misma sede social de Nueva Zarelux SA, figuran las otras dos sociedades nacionales investigadas por la Justicia: Central Park Hotel SRL cuyos propietarios –tal como mencionó este diario– serían un jubilado y una ama de casa, y Lagarto SA, ambas nucleadas formalmente a Nueva Zareluxa través de un acta notarial archivada en la IGJ. “Aún no se sabe si funcionaban como UTE o sólo como propietarios y locadores. Lo que se sabe es que la confusión es muy clara”, explica Deppeler.
Las “confusiones” alcanzan incluso a Lagarto SA. De los datos contables en poder de la IGJ se desprende que desde 1998 hasta 2002 Lagarto funcionó a pérdida, excepto en 1999. Perdió 99.570 pesos en 1998; 29.166 en 2000, 52.038 en 2001 y 24.540 en 2002. A pesar de eso, la sociedad, con un capital inicial de 12.000 pesos pagó alquileres 18.000 pesos en 1998; 27 mil en 1999, 2000 y 2001. Y 38.188 pesos en 2003. Un contador firmó la presentación de todos los balances hasta el año 2001, pero “desde esa fecha se negó a firmarlos”, indica el informe.
“Debería haber estado disuelta después del primer ejercicio por la ley 194, de sociedades comerciales”, dijo Deppeler. Según el abogado, Lagarto debería haber dejado de funcionar “aunque tuvo aportes irrevocables para integrar el capital y capitalizarla”. Lo sugestivo es que en los archivos de la IGJ “no surgen los nombres de quienes fueron los aportantes”.
“Los interrogantes que plantea la constitución y el funcionamiento de la sociedad Lagarto SA son demasiados, a punto tal que hacen presumir la posibilidad de que dicha sociedad sea una simple fachada que encubre la actividad del verdadero sujeto controlante”, indicó Diario Judicial, en su edición digital. Fuentes judiciales consultadas por ese medio trazaron finalmente una hipótesis sobre la relación comercial de Chabán con este entramado: se habría hecho “una triangulación entre la sociedad que alquilaba la propiedad de Bartolomé Mitre (Lagarto SA), el dueño y el empresario detenido”. Si es así, Lagarto le habría dado la habilitación a Chabán a cambio del alquiler “debido a una deuda con el propietario”.