Las señales que llegan de Italia sobre el comportamiento que tendrán los bonistas peninsulares ya no son el cerrado “no” sostenido por los lobbistas profesionales. Existen indicios de que un importante porcentaje de los alrededor de 400 mil tenedores estarían dispuestos a aceptar la oferta argentina. Esta semana la reestructuración de la deuda será tratada en el Parlamento italiano. La Comisión de Finanzas recibirá hoy al lobbista Nicola Stock y mañana será el turno del ministro de Economía, Domenico Siniscalco. En tanto, los parlamentarios de distintas corrientes continuaron reclamando al gobierno de Silvio Berlusconi diversas iniciativas para proteger a los bonistas. En Italia, más que en cualquier otra plaza, el default argentino se convirtió en un verdadero problema político, no sólo por la cantidad de damnificados, en su mayoría pequeños ahorristas, sino también por la escandalosa colocación de papeles de deuda argentina que la banca local transfirió a sus clientes en el año y medio anterior diciembre de 2001.
El abogado italiano Enzo Farulla, quien dice representar al 5 por ciento de los tenedores de papeles argentinos de su país, sostuvo ayer que sus representados “aceptarán todos el bono par”. La preferencia por este papel respondería a que “lo pueden dejar en herencia a sus hijos”. Por eso agregó que “este lunes haré las presentaciones” para hacer efectivo el canje. El Bono Par es el único de los nuevos títulos que no tendrá quita nominal, aunque al momento de su emisión se calcula que su valor de mercado será de alrededor del 35 por ciento. Su vencimiento es en diciembre de 2038 y las amortizaciones de capital, pagaderas en 19 cuotas semestrales, comenzarán a partir del 30 de septiembre de 2029.
Farulla criticó los problemas técnicos que a su juicio tendría el canje. “La gente quiere aceptar, pero no sé si tendrá la capacidad técnica para hacerlo, porque el plazo es corto y creo que se debería extender la fecha de cierre. Es complejo el trámite para recuperar los bonos que están en el banco y luego presentar la aceptación de la oferta”, se quejó.
El abogado también se diferenció de su colega Nicola Stock, el copresidente del GCAB, el Comité Global de Acreedores de la Argentina. Para Farulla, la actividad de Stock “es un tema político, sabemos que detrás de él está el gobierno italiano”. “Yo no tengo nada que ver con la política”, agregó. En rigor, el entramado que sostiene a Stock es más complejo, ya que no se trata sólo del gobierno derechista de Silvio Berlusconi sino de su alianza con el poder financiero de su país.
Existen algunas razones concretas para creer que la banca italiana quiere que las miradas de los acreedores no se dirijan contra ella. En el año y medio anterior al default les traspasó a sus clientes 12.000 millones de dólares de deuda argentina que tenían en sus carteras, esto es, alrededor del 80 por ciento de los cerca de 15.000 millones de deuda en poder de acreedores italianos.
Stock dará hoy ante el Parlamento su visión sobre la reestructuración. Con tono de amenaza, el presidente del cuerpo, Giorgio La Malfa, sostuvo que tras el informe de Stock “se podrá también hacer llegar una sugerencia al gobierno italiano sobre la actitud a asumir en sede bilateral y en las sedes multilaterales respecto de la Argentina tras la propuesta gravísima de penalización de los ahorristas”.
Desde la oposición, el diputado por el Partido Democrático de Izquierda, Giorgio Benvenuto, criticó la “incapacidad” del gobierno de Berlusconi y pidió a los bancos que compensen a los ahorristas damnificados. En tanto, el centrista Mario Lettieri lamentó la “grave indiferencia” del Ejecutivo hacia los bonistas, “penalizados por la inadecuada cultura financiera y los consejos recibidos por los bancos”.
Mañana se presentará ante la Cámara el ministro de Economía, Domenico Siniscalco, de quien se espera que presente alguna solución para los pequeños ahorristas que vaya más allá de la oferta argentina. Con el mismo objetivo, dieciséis asociaciones de consumidores acordaron para el lunes convocar a una concentración en Roma frente a la sede de la Cámara de Diputados.