Hace un año y dos meses la Oficina Anticorrupción (OA) se quedó sin director de investigaciones y desde ese entonces nadie más volvió a ocupar el puesto. Esto significa que una de las áreas pilares del organismo está a la deriva y si cada tanto detecta fraudes u otros delitos en el ámbito público es por la buena voluntad de algunos de sus integrantes. Néstor Kirchner acaba de recibir un fuerte reclamo sobre el tema: la agrupación Memoria Activa exige un nombramiento urgente porque advierte que es la única repartición gubernamental habilitada para impulsar las causas penales sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA y los funcionarios involucrados. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, le propuso un candidato al Presidente hace más de tres meses pero no tuvo respuesta.
Desde que fue creada la Oficina Anticorrupción al asumir el gobierno de la Alianza y hasta noviembre de 2003, Manuel Garrido fue su director de investigaciones. En ese lapso florecieron unas cuantas pesquisas que derivaron en denuncias penales, la mayoría sobre el menemismo. Dos de ellas terminaron llevando a la cárcel a Víctor Alderete y a María Julia Alsogaray. Garrido dejó el cargo después de ganar el concurso para conducir la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Nadie lo reemplazó. “Actualmente no hay política, ni criterio ni organización para investigar. No pasa nada, se perdió toda la mística del comienzo”, rezonga un funcionario de la cartera de Justicia, del que depende la OA.
La falta de dinamismo es un rasgo común entre los organismos de control del Estado, una tendencia que el Gobierno mostró intención de revertir esta semana al multar a las empresas de agua y luz a través de los entes reguladores. Aun así, varias reparticiones que fiscalizan a la administración nacional están al mando de personas de confianza de la Casa Rosada. Por ejemplo, el síndico general, Claudio Moroni, tiene un vínculo histórico con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, mientras que su segunda es Alessandra Minicelli, esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido. Hasta fines de 2004 la OA tuvo dos jefes provenientes del Poder Judicial. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, el nuevo titular, es un reconocido jurista que viene de integrar la actual gestión como viceministro de Gustavo Beliz.
Pese a la falta de un director de investigaciones, en cuanto llegó a la OA Fleitas priorizó cambios en la otra área medular: la dirección de Transparencia, encargada de recibir y analizar las declaraciones juradas de los funcionarios, que por entonces sí tenía director, Nicolás Raigorosky. Lo quiso reemplazar por un hombre de su confianza, Osvaldo Pitreau, con quien dicta clases sobre “régimen patrimonial del matrimonio” en la UBA. No fue el mejor debut para Fleitas: la semana pasada tuvo que despedir a su colaborador (aunque aún no tenía nombramiento formal) porque se supo que había librado 63 cheques sin fondos y que tres bancos lo habían declarado deudor incobrable. Como a Raigorosky nunca le aceptaron la renuncia, él sigue ahora en el puesto.
Para el área investigadora existe desde mucho antes de la asunción de Fleitas un candidato con nombre y apellido. Es Alejandro Rúa, quien está al frente de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y formó parte de la OA en sus inicios. Rúa llegó a presentarle un plan de trabajo a Rosatti en el que planteaba un esquema para eliminar la burocracia interna y dar agilidad a las pesquisas sobre corrupción. También alentaba que el organismo asumiera el papel de impulsor (como querellante), en representación del Estado, de las causas sobre las maniobras y anomalías en la instrucción del caso AMIA que se abrieron después del fallo del Tribunal Oral 3 y que involucran a ex funcionarios de los tres poderes.
Rosatti decidió postular a Rúa hace algo más de tres meses. Lo hizo en un proyecto de decreto que quedó varado en la Jefatura de Gabinete y que requiere la firma de Kirchner. Las dilaciones dieron lugar a la aparición de otros nombres para el cargo. Uno que circuló con fuerza es el actualdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, Gustavo Pérez Colman, quien trabajó con Rosatti en la Procuración del Tesoro. Cerca del ministro niegan que haya más candidatos en estudio aparte de Rúa.
En una carta dirigida al Presidente el 6 de enero, los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa pidieron “la pronta resolución de esas cuestiones pendientes, las que resultan necesarias para dar alguna respuesta a las demandas de justicia por el caso”. “Los expedientes sobre las irregularidades en la causa AMIA quedaron en manos del juez (Claudio) Bonadío y eso equivale a que estén congeladas. Es necesario que el Estado actúe ante la Justicia y puede hacerlo a través de la dirección de investigaciones de la OA. Para nosotros sería una forma de ser querellantes”, señaló Adriana Reisfeld, presidenta de la entidad.
Memoria Activa apoya la designación de Rúa y en la carta al Presidente “lamenta” que el trámite esté “demorado”. El texto también alerta sobre el inminente informe del veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenció el juicio oral sobre el atentado “que sin duda será tan cuestionador de las responsabilidades del Estado argentino como lo fue el fallo”. “Si en una semana seguimos sin recibir respuesta –advirtió Reisfeld– reforzaremos nuestro reclamo.”