“La situación es curiosa”, reflexionó Roberto Lavagna. Mientras la Argentina engendraba la peor catástrofe económica de su historia, su reputación internacional crecía sin cesar. “Eramos una cajita feliz de buenos negocios”, describió el ministro. Ahora que el país avanza, que empieza a bajar su deuda a costa de un sacrificio fiscal sin precedentes, “hay quienes se ofuscan y usan diversos métodos de presión”. El primer objetivo del Gobierno en la presentación del canje de deuda que hizo ayer en el Palacio de Hacienda fue demostrar que no necesariamente lo que determinados poderes e intereses pretenden imponer como “la verdad” lo es.
Lavagna utilizó el pasado para meterse de lleno en las peleas del futuro: qué nivel de aceptación de la oferta por parte de los acreedores será tomado como válido para considerar que la Argentina salió del default. “Para nosotros, con el 50 por ciento es suficiente”, provocó Lavagna, apelando una vez más al viejo recurso del negociador de jugar siempre al extremo. El FMI reclama por lo menos el 75.
El ministro de Economía salió a dar su discurso después de que su equipo técnico detalló ante un grupo de banqueros y empresarios las características centrales de la operación (ver aparte). Además de los invitados especiales, el mundillo financiero siguió la presentación desde la Bolsa de Comercio por pantalla gigante.
Lavagna leyó un discurso muy meditado, con mensajes a los distintos actores que participan de la reestructuración. Como al pasar, entre medio de los argumentos para defender la propuesta a los bonistas, el jefe de Hacienda filtró tres definiciones clave de estricta coyuntura. La más resonante, de impacto inmediato, fue la referida al nivel de aceptación. La segunda tuvo que ver con el FMI: “En las próximas semanas retomaremos las negociaciones” para llegar a un nuevo acuerdo, aunque bajo condiciones distintas a las actuales. La tercera fue otro gesto inesperado: amenazó con llevar a juicio a quienes ataquen al Estado argentino a través de esa misma vía.
Un concepto que repitieron Lavagna y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, es que “no habrá ningún otro canje” y que quienes desistan de adherir a la reestructuración permanecerán con sus bonos “indefinidamente en cesación de pagos”. Cuando el ministro llegó a este punto, sorprendió al auditorio: “Argentina tiene hoy una parte importante de su deuda en condiciones normales (el 43 por ciento). Si, sólo como un mero ejercicio intelectual, a ello se agrega una aceptación de la oferta de reestructuración del 50 por ciento, se habrá reestructurado más de las dos terceras partes de la deuda total”, explicó. “En el momento en que las dos terceras partes de la deuda total –siguió– estén en condiciones normales, el país puede considerar que ha terminado la penosa etapa del default.”
Sus palabras tuvieron varios destinatarios. En primer lugar, el FMI. El organismo se plantó en que sólo considerará que el país salió de la cesación de pagos con una aceptación del canje superior al 75 por ciento.
Ayer mismo, el representante italiano en el directorio del Fondo, Pier Carlo Padoan, insistió con ese reclamo. “Aunque no hay un número mágico, debería estar claro que si la tasa de participación de los acreedores es menor al 75 por ciento, no se puede decir que el problema de la deuda se haya resuelto”, advirtió. El Grupo de los Siete países más poderosos defiende esa misma posición. El Gobierno lo sabe y decidió empezar a darle pelea. Su forma de hacerlo es cuestionando esa visión, por más que todos los pronósticos coincidan en que alrededor del 70 por ciento de los acreedores ingresará al canje.
Lavagna también habló para los bonistas. Al decir que el Gobierno entiende que el default está virtualmente superado, ya que el 50 por ciento de adhesión a la reestructuración es casi un hecho, y al afirmar que no habrá otro canje, el ministro les está anticipando a los acreedores que, si no entran ahora, deberán padecer las consecuencias. El mensaje apuntó especialmente a los inversores minoristas, que son quienes se muestran más combativos.
Un tercer destinatario fueron los economistas ortodoxos y los voceros de la city que en sus apariciones públicas instalan la idea de que se necesita la aprobación de por lo menos el 70 por ciento de los acreedores. Finalmente, Lavagna buscó cuidar su propia espalda. Frente a sus adversarios en el Gobierno, que podrían llegar a cuestionarlo si el canje atrae al 50 por ciento de los bonistas, intentó dejar establecido que eso no sería un fracaso sino un éxito.

Otra vez el Fondo

Lavagna anunció que “en las próximas semanas” el Gobierno reanudará las negociaciones con el FMI. El plan es “retomar el acuerdo vigente, que por ahora está stand by”. El ministro aclaró que para que eso sea posible, el organismo deberá olvidarse de su pretensión de imponer condicionalidades al país. Es decir, el Gobierno no aceptará el mecanismo histórico de tener que cumplir con metas de reformas estructurales. “Hay que salir de visiones secuenciales en las que se hace reformas para ver si alguna vez se crece y pasar a una visión circular, en la que las reformas y el crecimiento vayan juntos.” No será fácil que desde Washington acepten la propuesta.
El ministro esquivó cualquier definición sobre el plan de “desendeudamiento” con el FMI presentado a principios de diciembre por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y defendido por Néstor Kirchner. Sin embargo, el titular de Hacienda se inclinó por volver a firmar un acuerdo. Pero tampoco aclaró si ese convenio consistiría en una refinanciación de todos los vencimientos o si reducirá una parte de la deuda.

A juicio

“No descartamos usar la vía judicial como querellantes en defensa de los intereses nacionales”, reveló Lavagna, y de ahí no se movió. No quiso especificar quiénes podrían ser demandados, ni en qué condiciones. Una especulación es que avanzaría contra los fondos buitre, aunque también pareció una advertencia a los pequeños inversores que no entren al canje y que busquen recuperar su dinero a través de los tribunales. En todo caso, el ministro dejó planteada la amenaza.

Sin precedentes

Frente a los organismos y los analistas internacionales que advierten que el “caso argentino” podría ser tomado como antecedente por otros países para dejar de pagar su deuda, Lavagna les recordó que la gravedad de la crisis previa desalienta ese camino. “El costo previo es tan alto que nadie en su sano juicio querría pasar por una experiencia parecida”, sentenció. “Una situación excepcional requiere de políticas excepcionales y no sienta precedente”, concluyó.